Debate a fondo en Derecho de Piso

[BPN-28/02/11] El pasado 25 de febrero cuatro socios de la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias (CAPHyAI) expresaron sus discrepancias en torno a la firma del próximo Convenio Colectivo del sector y la participación de la entidad en las negociaciones salariales. Sin embargo, los cuatro coincidieron en que la Ley 3.254 (Ley Abrevaya) está directamente relacionada con el incremento de las expensas.

Daniel Tocco, presidente de la entidad que nuclea a los administradores, explicó que –de firmarse el CCT – se incrementará el sueldo de los encargados en forma escalonada: se incorporarán los $300 no remunerativos (otorgados en enero y febrero) al sueldo básico como remunerativos durante marzo y abril, se otorgará un 7% de aumento para mayo, un 7% para agosto y un 7,5% para octubre. Por otra parte, defendió la participación de la CAPHyAI en paritarias al declarar que "somos la entidad que neutraliza las cosas que van pasando", ya que "cada vez que no firmamos, nos encontramos con alguna sorpresa".

A su vez, el administrador Enrique Gallino declaró que si bien la entidad debería participar "en las condiciones actuales hacemos el papel de tontos y tendríamos que retirarnos". Manifestó además que "debería reverse el tema de la antigüedad del encargado".

Adrián Hilarza y Marta Rondó, por su parte, manifestaron su disconformidad ante la firma del próximo CCT y declararon que CAPHyAI debería retirarse de paritarias.

Con respecto a la Ley 3.254, los administradores coincidieron en señalar que las recientes disposiciones que emanan de esa ley encarecen las expensas. Declararon además que la norma fue producto del "desconocimiento". Es de recordar que la Ley 3.254 modificó la Ley 941 que –en su momento- creó un Registro Público de Administradores en el ámbito de la CABA.

Tales declaraciones fueron realizadas el pasado 25 de febrero durante el programa radial Derecho de Piso, conducido por Claudio García de Rivas, que se transmite todos los viernes a las 19 horas por AM 1010 Onda Latina.

Daniel Tocco declaró que si bien el total de aumentos concertados con el gremio de los encargados arroja –en su opinión- un porcentaje de incremento del 32% aproximadamente, los montos "están bastante distantes de lo que el gremio [por FATERyH] pidió".

Sin embargo, Marta Rondó declaró que el incremento rondará el 36% y que ese es el porcentaje que se debe informar a la sociedad. La administradora adhirió a la preocupación de Gallino con respecto "al tema de la antigüedad", ya que "en algunos casos casi alcanza al sueldo básico". "Los sueldos se están disparando mucho y la gente está muy preocupada", expresó.

Por su parte, Enrique Gallino agregó que [la antigüedad] es un tema que "debería tratar de ser revertido debido a la incidencia que tiene en el salario". Puntualizó además que los propietarios "imputan la responsabilidad [de los incrementos salariales] a las entidades de administradores y a la libertad que tiene el sindicato para incrementarse los valores" y "creo que en definitiva tienen razón". Al respecto, aseguró que "falta una patronal que enfrente al sindicato" ya que "muchas veces no escucha a la Cámara".

Daniel Tocco explicó que FATERyH "escucha hasta donde a ellos les conviene aunque tratan de conseguir la aprobación de la CAPHyAI". Tocco defendió su postura de permanecer en paritarias al declarar que al hacerlo "vamos aclarando dentro de los CCT cosas que fuimos poniendo y de esa forma minimizamos el impacto que tendrían".

A lo largo del programa Derecho Piso, Daniel Tocco fundamentó su postura en relación a permanecer en las discusiones salariales al asegurar que "cada vez que no firmamos un CCT, nos encontramos con una sorpresa". Explicó que "el hecho de la Cámara se retire, no quiere decir que va a entrar alguien más en forma automática". "Si nos vamos, lo cual sería cómodo, seguirán estando las otras dos instituciones", declaró haciendo referencia a las dos entidades que participan en paritarias: la Asociación Inmobiliaria Edificios de Renta y Horizontal (AIERH) y la Unión Administradores de Inmuebles (UADI).

A su turno, el administrador Adrián Hilarza declaró que "es un problema entre el Ministerio de Trabajo, el gremio y los consorcistas. Éstos tienen que ponerse los pantalones largos […] y conformar asociaciones que trabajen en el tema" pero "sin dejarnos de lado a nosotros como si fuésemos parias".

Hilarza expresó además que "si las otras dos instituciones [por AIERH y UADI] quieren quedarse, CAPHyAI tiene que encargarse de difundirlo y mostrar que está dando un paso histórico". De esta forma, de acuerdo a Hilarza, "se dejaría expuesto a quiénes están defendiendo otros intereses que no son los de administrar consorcios".

Si bien los administradores disintieron con respecto a la participación en paritarias, coincidieron al señalar que la Ley 3.254 está relacionada con las nuevas disposiciones que, a su vez, encarecen las expensas. Al respecto, Hilarza declaró que "muchos hablan de las bondades que puede tener la Ley 3.254 pero la realidad se va manifestando en los números". El administrador expresó que "apenas estamos pudiendo cumplir con la Ley 257 [de fachadas y balcones] y ahora se suma todo lo demás". A modo de ejemplo, explicó que "con respecto al tema del gas, poner al día un edificio de 50 años sale 45 mil pesos aproximadamente".

Si bien Hilarza estuvo a favor de los controles en cuanto a la seguridad de los edificios, aseguró que "habría que haber armado un plan de trabajo a cinco o diez años y cumplirlo en forma paulatina".

El administrador se refirió además a las cinco entidades de propietarios que, mediante un comunicado público, expresaron que la Ley 3.254 no encarecía las expensas. Hilarza calificó de "infantiles" los dichos y declaró que "a nosotros [por los administradores] no nos invitan y, si bien el reclamo de los propietarios puede ser genuino, si no se pluraliza probablemente vaya a ser equivocado".

Con respecto al rol del Estado en la propiedad horizontal, Hilarza declaró que "un tema privado pasó a ser de interés público, con lo cual el Estado es el que tendría que asumir el costo de la seguridad e higiene en un consorcio porque esto es una pseudo privatización". Agregó además que "nunca escuché a un solo político que haya salido a hablar acerca de este tema".