De eso no se habla

[BPN-02/10/13] El Dr. Rafael del Olmo Garrudo, presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Sevilla y secretario del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España, develó que en su país -al día de hoy- hay que ocultar que un colegio de administradores nace para defender los intereses profesionales y que hay que resaltar los beneficios para el ciudadano: los procesos sancionatorios ante denuncias, profesionales con permanente capacitación y una garantía profesional mediante seguros.

Este cambio de enfoque se debe a que el Estado español –ante la crisis que está viviendo- presentó un proyecto para eliminar "las trabas a la competencia e intentar que existan el menor número posible de profesiones colegiadas", afirmó Olmo Garrudo. Según explicó, el eje de la disputa está centrado en el interés del ciudadano y no en la defensa de los intereses del colegiado ya que "el momento político no es para alimentarlo en este sentido".

En España se está debatiendo públicamente un proyecto de ley -presentado el pasado 2 de agosto pero que todavía no ingresó al Parlamento- que propone derogar la colegiación obligatoria en la mayoría de las profesiones y restringirla a las relacionadas con la medicina y la abogacía.

Olmo Garrudo realizó estas declaraciones durante la segunda jornada del Primer Congreso Latinoamericano de Administradores de Propiedad Horizontal que organizó la CAPHyAI los días 19 y 20 de septiembre <ver nota>. El tema que desarrolló fue "Experiencia de la colegiación de administradores de fincas de España" y sus compañeros de panel fueron el Adm. Daniel Tocco, presidente de la CAPHyAI, y el Dr. Jorge Martín Irigoyen, asesor legal de esa entidad.

Ante la presentación del proyecto que propone reducir la cantidad de profesiones colegiadas en España, incluida la de administración de consorcios, Olmo Garrudo manifestó estar especialmente implicado en la lucha contra esa iniciativa: "estamos hablando con los políticos, diciéndoles que esto es verdaderamente un problema tanto para el ciudadano como para el consumidor -por supuesto que para nosotros también-. Pero intentamos consensuarlo, de que esto es una pérdida de garantías, una pérdida de derechos para el ciudadano. Verán, nosotros no podemos seguir diciendo –y evidentemente lo es- que un colegio nace para la defensa de los intereses profesionales, [que] sirva hoy en día nada más que para eso. Eso casi hay que ocultarlo allí en España. Nosotros entendemos que contratar a un profesional colegiado tiene valores añadidos y tenemos que ser capaces de sabérselo transmitir a nuestros políticos, a nuestros legisladores y a nuestros clientes también".

Y agregó: "por supuesto que nos interesa mucho defender el interés del compañero, la estructura colegial per sé, que el Colegio sea una organización que defienda a sus integrantes y en la que el asociado se encuentra verdaderamente retribuido por el servicio que el Colegio le presta. Pero, ya digo, el momento político no es para alimentar en este sentido".

Olmo Garrudo reveló que en España los colegios profesionales tienen prohibido imponer o sugerir honorarios mínimos ya que "se considera una práctica restrictiva de la competencia", y comentó: "desde 1999 los honorarios profesionales están absolutamente liberalizados. Empezamos hablando de honorarios mínimos, es decir obligábamos al compañero a no cobrar por debajo de determinada cantidad. Pasamos por imposición de la ley a honorarios orientativos -que no sabíamos exactamente lo que era-. Y finalmente ha desaparecido cualquier referencia a honorarios en nuestra legislación".

También se refirió a la situación en Argentina sobre los honorarios profesionales de los administradores: "a raíz de mis conversaciones con los compañeros argentinos en estos días [...] vi en el boletín de Pequeñas Noticias [...] un video donde se veía la preocupación de unos consorcistas por el hecho de que los administradores pudieran establecer un cierto monopolio en la determinación de sus honorarios o imponerlos. [...] Olvídense, desde el punto de vista español, que el colegio imponga algo en este sentido. Ese temor [en España] los consumidores y usuarios pueden perderlo".

El presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Sevilla detalló las tres ventajas que –a su entender- tienen los consorcios al contratar a un administrador colegiado.

Primero explicó que "el consumidor sabe que puede contar con la mediación del colegio o inclusive con los procesos sancionadores -como corporación de derecho público que dicta sus resoluciones-, en aras del interés de los consumidores. Si no hay un Colegio el único medio de control son los tribunales. No existe esa capacidad de mediación que ofrece el Colegio. [...] Nosotros intentamos que estos problemas se resuelvan por medio de esas comisiones. Esto es algo que también a ustedes puede servirles para poner en marcha una colegiación".

Segundo consideró que "el profesional que contratan los propietarios cuenta con determinados seguros de responsabilidad profesional, cuyas garantías, capital asegurado y compañía aseguradora puede ser certificado por el colegio correspondiente y constatado por el propio cliente. En nuestro colegio -y casi todos los de España- libramos un certificado a cada colegiado de la póliza de seguro de responsabilidad civil o profesional que el Colegio le brinda [...] Es una garantía que el ciudadano tiene y sabe que puede preguntarle al colegio profesional si ese administrador de fincas tiene esa forma de garantizar su actividad. En los otros casos no existe ningún organismo que pueda certificar que un señor que se dedica a la administración de fincas tenga un seguro de responsabilidad civil".