Sobre "Alicia Giménez enfrentó a Scauzillo en la Legislatura" por la Sra. Susana Pérez García

He leído atentamente este artículo y me asombra la reacción de la funcionaria a cargo del RPA en sus respuestas ante el reclamo de que se cumpla con las leyes. Los copropietarios que nos preocupamos por conocerlas y que nos amparan, sabemos que no han sido derogadas.

Por otra parte, como denunciante con experiencia de varios años, me sorprende enterarme que ahora hay que dirigirse a las comunas con personal que no está totalmente capacitado. O sea, se ha agregado más burocracia a trámites interminables. Es obvio, al leer sobre la intervención de algunos copropietarios que reclamaron por las demoras y falta de respuestas, que lo que menciona la Sra. Paula Scauzillo se basa más en una expresión de deseo que en una realidad.

Una característica de los integrantes de consorcios es que sienten un profundo rechazo en efectuar denuncias por dos razones: 1) se niegan a utilizar su tiempo en gestiones de este tipo porque saben que comenzar con el trámite, es ya de por sí, complicado, porque tendrán que dedicar mucho más tiempo del que disponen y 2) existe en la idiosincracia de los habitantes de consorcios una indiferencia patética basada quizás y más que nada, en el escepticismo y lamentablemente, en el desconocimiento de las leyes que rigen los consorcios.

No se respondió con ningún argumento válido y comprensible para justificar que no se respeten las leyes mencionadas en esa jornada, lo cual me deja atónita. Fundamentalmente, porque permitían controlar la desobediencia legal (que me consta en muchos casos fehacientemente demostrables) en la que incurren un buen número de administradores y en muchos casos, con el aval de consejos que por desconocimiento o conveniencia, lo permiten.

Recuerdo que mi primera denuncia la realicé en un lugar increíblemente ilógico, dado que se encontraban en el mismo pequeño pasillo denunciados y denunciantes. Cuando finalmente se logró habilitar instalaciones más adecuadas para separar los trámites que realizaban los unos y los otros, me entero ahora que no debo ir más a ese lugar en el cual, no me cabe duda, se debe haber invertido un buen presupuesto. Es incomprensible para mí, como simple ciudadana, que se efectúen cambios que complican aún más la vida de las personas que utilizan tiempo, que es tiempo de vida, cuando intentan lograr respuestas a reclamos lógicos y justos. Si no lo fueran, quienes reciben los expedientes seguramente los rechazarían por no responder a las exigencias legales con respecto a la documentación que pruebe que el administrador ha transgredido la misma ley que ahora no se respeta en su totalidad. Por lo tanto, debo suponer que la funcionaria está avalando esta transgresión a las leyes que nos ampararon un tiempo.

Como copropietaria, me resulta incomprensible esta situación porque me pregunto desde qué ángulo se analizan los problemas potenciales que podrán surgir y que están surgiendo ante cambios tan poco funcionales. Somos precisamente los copropietarios los que sufrimos las consecuencias 

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