Estimado Sr. Director:

Quisiera compartir un par de reflexiones sobre Consorcio Participativo y el supuesto control que realizará sobre los administradores, sin embargo abusando de su paciencia debo hacer una pequeña introducción para que se entienda el concepto de mi argumentación. Como no soy ni contador ni abogado ni ingeniero le pido disculpas de antemano si mi lenguaje es sencillo y popular y algunas palabras no son las exactas que los distinguidos profesionales suelen usar. Espero que a pesar de eso la idea central se pueda entender.

En mi opinión hay dos temas centrales que hay que controlar en un administrador: los formales y los sobreprecios.

Los formales no son tan complicados, generalmente con ver la documentación respaldatoria de cada liquidación alcanza. Simplemente se trata de controlar si para cada gasto existe un comprobante que lo respalde, controlar si se depositaron los aportes y contribuciones del personal en relación de dependencia y -en caso de que existieran juicios- interiorizarse de su estado. En caso de duda se puede contratar un profesional para que realice una auditoría. Para eso no hace falta desarrollar un programa especial como sería "Consorcio Participativo". La obligación de subir a la web la documentación de cada liquidación ya existe y si se consigue que el Registro Público de Administradores cumpla con la importante función que la Legislatura le encomendó, en forma rápida y eficiente, ese problema se podría resolver.

El problema es con los sobreprecios en las compras. Este es un viejo conocido de la administración pública porque cuando se descubren casos de corrupción en el Estado –ya sea nacional o local- en su mayoría están asociados a sobreprecios en las contrataciones que éste hace y a las maniobras financieras destinadas a ocultar o blanquear esos fondos. Ese es el reproche que –a nivel nacional- esta gestión le hace a la anterior y, muy probablemente, la próxima le hará a ésta. La Ciudad de Buenos Aires no es una excepción y no es un mito urbano que ser proveedor del Estado –en la gran mayoría de los casos- es un pasaporte a la riqueza y el poder que ésta puede comprar. Allí donde se ve un funcionario abrazado con un proveedor del Estado la sospecha corroe las mejores intenciones. Espero que esa sospecha nunca alcance a los funcionarios que contratarán a la empresa que está detrás del desarrollo del "Aplicación Oficial Consorcio Participativo".

Le pido perdón por la digresión y vuelvo al tema. En propiedad horizontal es vox populi que los sobreprecios van del 15% -en el caso de los más honestos- hasta el 50% de los gastos de algunos seguros, mantenimiento, reparaciones y obras. Por ahora, quedan exentos los sueldos, aportes, contribuciones y servicios públicos. Le quiero aclarar Sr. Director que hay muchos administradores que no son así, son honestos y trabajan muy duro para brindar un buen servicios pero que lamentablemente no son tantos y están bastante amargados viendo el descontrol en que viven sus ‘colegas’. En los gastos chicos los sobreprecios pueden llegar al 100%.

Consorcio Participativo se presenta como una herramienta para transparentar la gestión del administrador pero ¿cómo piensa solucionar este problema?. El tema de los precios es muy subjetivo: se puede conseguir –por poner un ejemplo- lavandina a la mitad de precio de una de marca que vende un minimercado pero puede ser que su calidad sea tan baja que no convenga. Se puede pintar el frente de un consorcio a un precio excepcional o a un valor exorbitante con un chanta de cuarta o un gran profesional. ¿Cómo puede hacer Consorcio Participativo para saber si la relación precio/calidad es la correcta? Mirando en Mercado Libre rápidamente uno puede apreciar que las diferencia de precios entre vendedores de un mismo producto –marca y modelo- puede ser del 100%.

Si el Estado local hace listas de precios orientativas probablemente consulte a las cámaras del sector y éstas –Dios no lo quiera- aprovecharán para subir la vara en una virtual ‘cartelización’ que está prohibida para el sector privado. O sea que al final las expensas subirían de la mano de las listas de precios sugeridas. Hasta tal punto estas listas son problemáticas que la Ley 941 tuvo que agregar un artículo para subrayar que "los honorarios del administrador son acordados entre el administrador y la asamblea de propietarios, sin ninguna otra entidad o cámara que los regule...".

Otro mito es que el precio mayor va acompañado de una mejor calidad. Hay servicios muy baratos y muy buenos y otros muy caros y malos. Puede haber un proveedor cuya estrategia de precios para sus productos es vender mucho y barato y otro, apuntando a otro mercado, vende caro a pocos clientes y tal vez el producto en su esencia sea el mismo.

¿Cómo Consorcio Participativo va a controlar las innumerables variables que componen el precio y la calidad de un servicio o un producto para detectar si tiene o no un componente de sobreprecio? Yo en lo personal valoro mucho el trato del proveedor y estoy dispuesto a pagar un poco más si éste es amable y servicial. Para mí es muy importante si a la hora de comprar me dedica unos minutos y me asesora sobre la mejor opción para mi necesidad. Considero que así, a la larga, ahorro tiempo y dinero. ¿Consorcio Participativo tendrá en cuenta esta variable?

Es un problema demasiado grande para un programa informático del Estado. Tal vez sería un excelente desafío para alguna corporación gigante en el país del norte pero no para el Gobierno local de un país ‘en vía de desarrollo’ que ya tomó una deuda considerable y deberá llevar adelante este proyecto con el dinero de los impuestos de los porteños.

La única solución sería que el Estado invirtiera una fracción del dinero que tiene previsto gastar en ese programa y armara una campaña de educación y esclarecimiento para que los propietarios se involucren cada vez más en la vida de sus edificios.

Este problema cada vez va a ser más grave. La tierra en las ciudades se acaba y cada vez habrá más consorcios. Se debería introducir como materia en los colegios primarios y secundarios. El plan de estudios debería abarcar desde las reglas de convivencia más simples hasta los complejos aspectos jurídicos, contables y sociales que comprometen la vida de los habitantes de los edificios. A modo de ejemplo, hoy es tristísimo ver a tantos legisladores y funcionarios –algunos de ellos abogados- que desconocen los principios básicos de la propiedad horizontal.

Los propietarios debemos entender que este es un tema serio que afecta literalmente a nuestro bolsillo: somos socios de las partes comunes de nuestro edificio y si no cuidamos nuestro patrimonio nos exponemos a que se lo robe el Estado, un gremio, una corporación comercial o una combinación de todos ellos.