Año tras año se generan intentos del gobierno de la ciudad para controlar los consorcios a medida que crece el valor de este sector de la economía.

Ahora promueve el proyecto de consorcio participativo. El GCBA quiere que los consorcios lleven sus expensas y acumulen toda la información consorcial en una plataforma a crearse dentro del propio gobierno.

Uno de los "beneficios" ofrecidos es la gratuidad y así bajar las expensas, renunciando a la libertad de decidir por sí o por no, acumulando la información, hasta ahora privada, y sin exponer el costo real de esta iniciativa estatal a pagar, no por expensas, sino por impuestos, no solo por los consorcistas, sino por todos los contribuyentes de la ciudad.

Nos ofrecen quitar gastos que el GCBA antes nos impuso, lo que demuestra su irracionalidad.

Como consorcista, me fui cansando desde que en 2002, con la creación del ya desprestigiado

Registro Público de Administradores, se comenzó a improvisar con la propiedad horizontal a nuestro costo, sin resultados acordes. La prueba es este nuevo proyecto obligatorio, que solucionaría todo lo que falló hasta hoy. La vivienda del presente y del futuro en el país, la PH, requiere más racionalidad en su regulación.