[BPN-05/01/12]
El 23 de diciembre, la jueza de primera instancia en los Contencioso
Tributario Andrea Danas prohibió al Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires la demolición o reforma de cualquier edificio construido
antes de 1941. De esta manera, quedaron protegidos 140 mil inmuebles, casi
el 20% del total de edificios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
El fallo surgió
como consecuencia de la presentación que realizó la Dra. María Carmen
Usandivaras, representante de Basta de Demoler, una organización
civil que presentó el pedido de amparo junto a Proteger Barracas, Salvemos
Floresta, Fundación Ciudad, SOS Caballito y Proto
Comuna Caballito.
Las ONG
consideraron urgente la promoción de la medida debido a la prescripción
del Régimen Especial de Promoción Patrimonial, instituido por la
Ley Nº 3.056. Este régimen protegía a los edificios construidos antes del
año 1941 al impedir que sean demolidos por una simple presentación ante el
Gobierno de la Ciudad. Por el contrario, se debe realizar un trámite
que implica la revisión de los expedientes por parte del Consejo Asesor
en Asuntos Patrimoniales, el cual puede autorizar su destrucción o
girar la carpeta a la Legislatura de la CABA, institución que se
encarga de su catalogación definitiva.
En caso de cesar
el régimen de promoción patrimonial, se retornaría al sistema anterior,
por el cual la antigüedad y el valor histórico o arquitectónico no
tenían peso alguno. "El patrimonio arquitectónico de la ciudad
desaparecería como el agua entre los dedos" aseguró Gustavo
Desplats, representante de la organización Proto Comuna Caballito.
Además, opinó que sin el registro, el futuro de los edificios antiguos se
encontraba en las manos de "de un especulador sin dolor ni conciencia,
mesquino solo a su afán de lucro".
En una primera
instancia, el legislador Martín Hourest (GEN) presentó un
proyecto para renovar el sistema y así extenderlo a un plazo mayor que el
de un año. Sin embargo, según Desplats, el plan no prosperó porque
"los diputados Alvaro González (PRO), Cristian
Ritondo (PRO) y Bruno Screnci Silva (PRO) se
levantaron luego de la firma de algunos expedientes" en la reunión de
la comisión de Planeamiento Urbano que debía tratar el tema.
"El PRO
muestra una vez más su cercanía a las corporaciones de la construcción e
inmobiliarias", explicó Desplats.
El 13 de
diciembre pasado la diputada María José Lubertino (EPPV)
presentó un proyecto para catalogar los 140 mil edificios pendientes. El
ingreso de este proyecto permitió a la jueza Danas congelar los pedidos de
demolición o reforma de edificios anteriores a 1941 hasta que la
Legislatura se expida sobre el tema
