Programa alquiler joven

[BPN-22/05/14] A mediados de marzo, el legislador porteño Hernán Arce (Partido Socialista) presentó un proyecto de ley para crear el Programa Alquiler Joven, que se propone facilitar el acceso a inquilinos de entre 18 y 30 años otorgándoles tres nuevos beneficios: "Garantía joven", "Crédito para cubrir gastos iniciales" y "Subsidio parcial del alquiler". La iniciativa prevé que los destinatarios que hayan cumplido con sus compromisos con el programa obtendrán una precalificación para acceder a un crédito hipotecario de vivienda.

En caso de ser aprobado, para participar del programa los interesados deberán tener la edad estipulada, iniciar un contrato de locación o ser locatario de una vivienda, residir en ella habitualmente, no ser propietarios de ningún inmueble y acreditar durante los 4 meses previos a la firma del contrato de locación ingresos para hacer frente al pago del alquiler mensual.

Cabe destacar que dichos beneficios otorgados por el programa "no son incompatibles entre sí" pero sus adjudicatarios "no podrán participar simultáneamente como beneficiarias de otros planes de vivienda que otorgue el Gobierno de la ciudad".

El proyecto, que está subdividido en 5 capítulos, consta de 16 artículos, de los cuales uno es de forma. Si bien no hay datos exactos de su fecha de ingreso por mesa de entradas de la Legislatura porteña se pudo confirmar que lo hizo durante la primera quincena de marzo bajo el número 476-D-2014 y que será estudiado por las comisiones de "Vivienda y de Presupuesto", "Hacienda", "Administración Financiera y Política Tributaria".

La iniciativa prevé que un joven tenga la posibilidad de acceder a una garantía bancaria otorgada a través del Banco de la Ciudad de Buenos Aires (BCRA) que se establecerá por 24 meses y sus condiciones serán estipuladas por la entidad en un anexo del contrato de locación. Asimismo, la comisión del banco no podrá superar la suma equivalente a un mes y medio del valor del alquiler mensual acordado.

El beneficio será otorgado para alquilar inmuebles que cumplan la siguiente categorización:

A- De 0 a 60 m² cubiertos: la comisión no podrá exceder el 80% del valor del alquiler.

B- De 61 a 90 m² cubiertos: la comisión no podrá exceder el 100% del valor del alquiler.

C- De 91 a 120 m² cubiertos: la comisión no podrá exceder el 150% del valor del alquiler.

En el caso de prorrogar o renovar el contrato, si las partes desean continuar y el locatario cumplió con todas las obligaciones, el BCRA extenderá la garantía bancaria hasta un plazo máximo equivalente al del contrato original.

Éste será otorgado por el BCRA y deberá ser "suficiente" para solventar la celebración del contrato de locación. El monto será una suma equivalente al cuádruple del valor del alquiler mensual acordado, a tasa de interés preferencial y reembolsable en 24 cuotas.

El subsidio le permitirá al inquilino solventar la diferencia entre el valor del alquiler mensual y el 33% de la suma de los ingresos locatarios. Dicho monto será otorgado por el Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por el plazo de 24 meses renovable por un período igual.

Para ingresar a este componente los destinatarios deberán contar con ingresos mensuales iguales o inferiores al salario mínimo, vital y móvil. Según el proyecto "se priorizará la incorporación de personas jóvenes con hijos a cargo, expulsadas de sus hogares familiares, en situación de precarización laboral o pertenecientes a grupos discriminados, como así también en los casos donde la madre es jefa de hogar".

En el caso de matrimonios o concubinatos se computará como único ingreso locatario el resultante de la suma de los ingresos de ambos.

Asimismo, los destinatarios que hayan cumplido con los compromisos contractuales obtendrán una precalificación para acceder a un crédito hipotecario de vivienda y recibirán un certificado de confianza otorgado -según el caso- por el BCRA o el Ministerio de Desarrollo Social.

Según Arce "la Ciudad Autónoma de Buenos Aires atraviesa una importante crisis habitacional. En este sentido, los jóvenes que no cuentan con un trabajo registrado, con la garantía de un bien inmueble, o con el dinero suficiente para costear los gastos del alquiler, se ven obligados a vivir en alojamientos no adecuados como pensiones -por su carácter eminentemente temporal- o en el peor de los casos, asentamientos precarios."

"Esto, sumado a la valorización inmobiliaria en un contexto de alta inflación y caída de empleo; hacen que resulte imposible en la práctica acceder a una vivienda que permita el desarrollo humano y social de los jóvenes, excluyéndolos aun más", explicó el legislador y agregó: "por ello este proyecto al incluirlos específicamente representa una innovación sustancial con respecto a otras políticas públicas".