¿Qué nos preparan nuestros representantes para fin de año?

[BPN-09/08/17] Por lo menos en tres oportunidades la comunidad consorcial fue sorprendida por proyectos de leyes o leyes aprobadas durante los recambios legislativos que beneficiaban a uno u otro sector. El primer intento lo protagonizaron Diego Santilli (Juntos por Buenos Aires) y Jorge Enríquez (PRO) en 2007 con un proyecto para crear un Colegio Público de Administradores y cuyo debate se prolongó hasta la última sesión legislativa de ese año. El segundo fue una iniciativa de autoría de Oscar Zago (PRO) que consiguió la aprobación de la ley del curso del SERACARH ^[1]. El tercero y último fue una iniciativa de Fernando Muñoz (FpV) quién consiguió imponer una ley que transfería el control del Registro Público de Administradores (RPA) a una nueva entidad, cuyo consejo directivo estaba compuesto por una mayoría de representantes afines al SUTERH ^[2].

Este año 30 legisladores porteños cumplen su mandato de cuatro años. ¿Qué le deparará a la comunidad la última sesión del año antes del recambio legislativo? ¿Qué iniciativas se pergeñan para ese día?

En junio de 2016, durante el debate legislativo que aprobó la Agencia de Bienes Sociedad del Estado, el legislador Gustavo Vera (Bien Común) explicó que los legisladores salientes quedan en "el desierto" –o sea sin trabajo- y que muchos, en su afán de lograr ese puesto que les permita seguir manteniendo su nivel de vida, votan las leyes que hagan falta. "Le explico a los vecinos qué es 'el desierto': acá ganamos 70 mil pesos y en 'el desierto' se vive como viven ustedes, que ganan 10, 12 o 15 mil pesos promedio, trabajando catorce horas".

Más adelante, durante ese mismo debate, amplió: "Les prepongo una tarea práctica: ¿cuántos legisladores con mandato cumplido hoy ocupan cargos en las oficinas más extrañas –secretaría de acá y de allá– mantienen un poder adquisitivo privilegiado similar al que tenemos los legisladores? Lamentablemente, cuando algunos planteamos que cobráramos lo mismo que un director de escuela o de un hospital, perdimos 47 a 4 en este mismo recinto".

Durante el 2007 no sólo se cambió la mitad del cuerpo legislativo, sino que se llevaron a cabo las elecciones en primera y segunda vuelta para Jefe de Gobierno porteño: en primera vuelta ganó la formula Mauricio Macri / Gabriela Michetti con el 45,62% de los votos, seguido por Daniel Filmus /Carlos Heller (FpV) que sólo consiguió el 23,77%. En la segunda vuelta el primero se impuso con un 60,96% sobre el segundo que sólo consiguió el 39,04%.

Con estos resultados ya consolidados, Santilli y Enríquez rescataron un proyecto de colegiatura para los administradores que el primero había presentado en 2006 -hacía casi dos años- y, junto con las cinco entidades de administradores, comenzaron a impulsar su tratamiento en la Legislatura porteña. La respuesta fue contundente: los titulares de la Fundación Liga del Consorcista, Reafirmación por los Derechos del Consorcista (ReDeCo), la Unión de Consorcistas de la República Argentina (UCRA), la Federación de Asociaciones de Consorcios, Copropietarios y Consorcistas (FEDECO), la Comisión Argentina de Consorcios, Consorcistas y Copropietarios (CACCyC), la Asociación Consorcistas de la Ciudad de Buenos Aires (ACCABA), la Red de Consorcistas Damnificados (RCD) y el Dr. Eduardo Awad manifestaron enérgicamente su oposición [BPN Nº 332 del 31/10/07: "Rechazo unánime al colegio de administradores"].

El 31 de julio de 2011, la fórmula Mauricio Macri / María Eugenia Vidal (PRO) había ganado a Daniel Filmus / Carlos Tomada (FpV) con un 64,25% contra un 35,75%.

En 2013 se produjo el recambio legislativo y el 28 de noviembre de ese año, la Legislatura porteña aprobó un proyecto de ley del legislador Oscar Zago (PRO) que, desde entonces, obliga a los administradores de propiedad horizontal a "exhortar" al personal de cada uno de los consorcios que administra a concurrir anualmente a una capacitación sobre "higiene, seguridad y medidas de prevención contra incendios".

Según su texto dicha capacitación "deberá ser dictada por una institución especializada, conformada por representantes de todos los sectores de la actividad reconocidos por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, a efectos de asegurar la plena representación de la totalidad de los intereses involucrados en la labor prestada en los edificios de propiedad horizontal". Hasta ahora sólo el SERACARH -cuyo órgano directivo está compuesto por representantes del SUTERH y las tres entidades que firman los convenios colectivos de trabajo- está en condiciones de cumplir estos requisitos.

Este año dicho curso le cuesta a los consorcios 1.450 pesos por trabajador. Según el Ministerio de Trabajo de la Nación, durante el primer semestre de 2016 la propiedad horizontal proporcionó 51.128 puestos de trabajo. Si cada uno de esos trabajadores debe realizar el curso, los consorcios porteños gastarán este año más de 74 millones de pesos. Esa cifra asciende a casi 5 millones de la moneda estadounidense.

Zago, el 9 de diciembre del año que presentó esa ley, fue nombrado defensor adjunto de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El titular de esa entidad es Alejandro Amor, exlegislador del Frente para la Victoria.

El 19 de julio de 2015 se impuso el binomio Horacio Rodríguez Larreta / Diego Santilli sobre el conformado por Martín Lousteau / Fernando Sánchez por un margen muy ajustado: el primero obtuvo el 51,64% de los votos mientras que el segundo un 48,36%.

Antes de que se renueve medio cuerpo legislativo, el 20 de noviembre de 2015, el legislador porteño Fernando Muñoz presentó un proyecto de ley para transferirle el control del RPA porteño a una entidad colegiada que bautizó con el nombre de Consejo de la Propiedad Horizontal (CPHCABA). Según la iniciativa, este Consejo estaba integrado en un 63,64% por tres representantes del SUTERH, tres representantes de las tres entidades de administradores que firman los Convenios Colectivos de Trabajo (CCT) ^[3] y uno del Sindicato de Empleados de Administradoras de la República Argentina (SEARA) los que suman 7 miembros. El 36,36% restante -4 miembros- lo integraba un representante de las asociaciones de consorcistas, otro de las asociaciones de consumidores, otro de la Defensoría del Pueblo local y el último del Gobierno porteño.

Más allá de los porcentajes de todas las entidades nombradas, la de mayor peso político y económico, como para imponer condiciones a las demás, era la del gremio de los encargados.

Luego de una encarnizada batalla de la comunidad consorcial para derogar y –en algunos casos modificar- esa ley, finalmente se abolió por unanimidad el 7 de julio del año pasado a iniciativa del Ejecutivo porteño.

Muñoz, como Zago, también obtuvo un cargo en la Defensoría del Pueblo de la CABA: el 14 de febrero fue puesto a cargo de una oficina para inquilinos que se creó dentro de la entidad y en la que se mantiene hasta el día de hoy