1.200 millones de pesos por año

[BPN-15/07/13] Marcelo Ruiz, presidente de la Asociación Civil de Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal (AIPH), denunció que las obligaciones que el Gobierno de la Ciudad le impone a los consorcios representan cerca de 1.200 millones de pesos anuales que "salieron del bolsillo de cada ciudadano porteño que por diversas razones vive bajo el régimen de propiedad horizontal".

En la tercera editorial que el Adm. Ruiz firma como la máxima autoridad de AIPH, éste objetó puntualmente la tasa anual de 250 pesos que deberá pagarle cada consorcio al GCBA por cada uno de los ascensores que posea y denunció que "el Gobierno con sus 130 mil empleados carece de capacidad de hacer un registro ordenado de aquellos ascensores existentes en la CABA, basados en sus propios recursos y registros, como ser: habilitaciones, registros de conservación, anexos, avisos de obra, etc".

Es de recordar que el GCBA impuso esta tasa con el objetivo de realizar un censo online y financiar los controles necesarios para asegurar que los ascensores porteños están correctamente mantenidos por una empresa especializada [BPN Nº 497 del 26/06/13: "25 millones de pesos anuales para controlar los ascensores"].

El boletín de AIPH es una publicación institucional, mensual y la edición número 145 aludida se distribuyó entre los socios por correo electrónico el 28 de junio pasado.

En su escrito, el Adm. Ruiz realizó un repaso de algunas de las obligaciones que se les impusieron a los consorcios en los últimos años y que, según sus cálculos, le cuesta a los consorcios cerca de 1.200 millones de pesos anuales (más precisamente, 1.117 millones de pesos).

La enumeración de obligaciones que realizó Ruiz para alcanzar esa cifra fue la siguiente:

- Limpieza de tanques: "no le alcanzó al Gobierno con exigir las limpiezas semestrales, sino que se superpusieron distintas áreas con exigencias y costos que encarecieron innecesariamente ‘la obligación’. Medidas que, haciendo cuentas en el aire, implicarían aportes de más de 300 millones de pesos anuales a favor de sólo una parte de los involucrados: los proveedores y el Gobierno".

- Control de la red de instalaciones fijas contra incendios: "ahora esta obligación es anual, con un costo promedio de $15.000, en el caso de aquellos edificios más pequeños que posean dichas instalaciones; todo lo cual implicaría más de 500 millones de pesos por año".

- Seguridad edilicia: "primero comenzó siendo semestral, luego pasó a ser anual, y ahora es obligatoria si se cumple cada 2 años [sic]. Un profesional cobra por inspeccionar el edificio de acuerdo a su tamaño, y en promedio esta obligación implica un aporte de más de 120 millones de pesos por año".

- Las máscaras antihumo: "amén de ser un absurdo engendro patrocinado por el SUTERH, y luego de varios diligenciamientos judiciales, la disposición fue derogada. Sin embargo, durante su aplicación de carácter obligatorio permitió una recaudación que superó los 17 millones de pesos".

- Seguro de caución por daño ambiental: "hoy está suspendido por una medida cautelar [pero] implicó una recaudación de 50 millones de pesos anuales".