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Servicios informáticos para consorcios...


Adm. Matias Ruiz, presidente de AIPH.

Adm. Matias Ruiz, presidente de AIPH.

Aplicación Oficial Consorcio Participativo

AIPH comenzó a juntar firmas contra la iniciativa de Rodríguez Larreta

[BPN-10/10/17] El pasado 18 de septiembre, AIPH (Administradores Independientes de Propiedad Horizontal) inició una campaña en Change.org contra el programa Consorcio Participativo. Expresaron no estar de acuerdo en que el Estado "se meta" en la intimidad y la privacidad de la vida comercial y laboral de los consorcios. Se preguntaron: "¿quién estará haciendo el gran negocio por detrás?" y especularon que no tienen dudas de que "son los mismos de siempre que pretenden manejar absolutamente la propiedad horizontal [...] como la vergonzosa y derogada Ley 5464 (Ley Muñoz [1]) y otros tantos intentos fallidos como el Curso del SERACARH (Ley Zago [2]) que pasó de ser una simple resolución a una ley amparada por el poder político de siempre".

Por otra parte, AIPH aclaró que –contra lo que afirmó el Gobierno porteño- el programa Consorcio Participativo encarecerá las expensas porque el personal que haga falta para atender los canales de atención de los administradores lo terminará pagando el consorcio que es el consumidor final del servicio.

Por último subrayó: "Por si fuera poco, colisiona con el Código Civil y Comercial de la Nación".

La petición está dirigida contra los funcionarios porteños: Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno; Diego Santilli, vicejefe de Gobierno; Vilma Bouza, directora general de Defensa y Protección del Consumidor y el Registro Público de Administradores (RPA).

AIPH acompañó la petición con los vínculos a tres notas informativas que a su entender están relacionadas:

Una gacetilla del RPA porteño que se distribuyó el 18 de septiembre –que curiosamente estaba fechada como del 24 de noviembre de 2016- en la que se anuncia el lanzamiento del programa Consorcio Participativo.

Una nota periodística del 19 de septiembre, de Marcelo Rielo, titulada "El Gobierno porteño gastará más de $17 millones en un sistema de datos para espiar contribuyentes" publicada por Nueva Ciudad. Este medio informó: "A través de la AGIP y mediante una millonaria suma, el Ejecutivo de Horacio Rodríguez Larreta ordenó la adquisición de ‘una solución de Analítica de Datos para Datos Estructurados y Big Data’ con la cual, con la excusa de ‘identificar las conversaciones que indican la intención de cometer fraude’, van a espiar hasta Twitter".

Y otra nota periodística del mismo tenor del 20 de septiembre, de autoría de Nicolás Sanz titulada "El Gobierno Quiere Espiarnos" que fue publicada por Tribuna de periodistas.

Al día de la redacción de esta nota -6 de octubre- ya había cosechado 223 adhesiones <vínculo> Envíe desde aqui su comentario sobre esta notaVolver al indice

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[1] El 20 de noviembre de 2015, Fernando Muñoz (Frente para la Victoria) ingresó a la Legislatura porteña un proyecto de ley -bajo el número de expediente 2455-D-2015- para transferirle el control del RPA de la CABA a un Consejo de la Propiedad Horizontal. Trece días después, el 3 de diciembre, la Legislatura aprobó sobre tablas y sin debate parlamentario esa ley que hoy lleva el número 5.464. La conducción del nuevo Consejo está compuesta por 11 miembros de los cuales una importante mayoría son del SUTERH, de las entidades de administradores que firman los Convenios Colectivos de Trabajo y de un nuevo sindicato que agrupa empleados de administraciones de consorcios (SEARA). Poco tiempo después Muñoz fue nombrado por la Defensoría del Pueblo porteño Defensor de los Inquilinos. Finalmente, luego de siete meses, esa ley fue derogada.

[2] Oscar Zago, hacia el fin de su mandato como legislador del PRO, se hizo conocido en la comunidad consorcial por ser el autor -once días antes de su nombramiento como Defensor Adjunto del Pueblo porteño- de un proyecto de ley que obliga a los administradores de propiedad horizontal a "exhortar" al personal de cada uno de los consorcios que administra a concurrir anualmente a una capacitación "sobre higiene, seguridad y medidas de prevención contra incendios" y a los consorcistas a pagar ese costo vía expensas. Si bien su proyecto no establece explícitamente la entidad que debe dictarlo, los requisitos exigidos para impartirlo apuntan como único posible al SERACARH, un servicio conformado por FATERyH -representando a los trabajadores- y por tres entidades de administradores –en nombre de los empleadores- que participan de los Convenios Colectivos de Trabajo: AIERH, UADI y CAPHyAI.

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