Se estaría evaluando un proyecto similar a Consorcio Participativo

[BPN-15/10/25] Durante la última semana de septiembre, trascendió un documento según el cual el Instituto de Propiedad Horizontal del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF) estaría estudiando un anteproyecto de dictamen técnico/jurídico. Este anteproyecto abarcaría a todos los consorcios de propietarios, aunque no se especifica si solo a los de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) o a nivel nacional.

Según el material al que tuvo acceso la redacción de Pequeñas Noticias, el objetivo de este anteproyecto es analizar y proponer la implementación de un modelo integral de digitalización en el ámbito de la propiedad horizontal. Argumentan que se haría con el fin es dotar de validez jurídica plena a las interacciones entre administradores, propietarios y proveedores.

Del análisis del documento, se trataría de una aplicación o programa informático que concentraría las comunicaciones entre estos actores y al que la Justicia podría recurrir en ciertos casos. Sin embargo, el texto no aclara bajo qué circunstancias se justificaría ese acceso, quiénes tendrían esa potestad ni el procedimiento para acceder.

Más adelante, el documento lo expresa en otros términos:

La expresión "ecosistema consorcial digital" parece ser un eufemismo para referirse a un programa informático que concentraría información privada de los consorcios. Como ya se dijo, si bien la información estaría disponible para la Justicia, se desconocen los términos y las condiciones de ese acceso.

El proyecto insiste en la idea de que los consorcios deben concentrar sus datos privados, comerciales y laborales en un sistema, aunque tampoco se detalla quién lo gestionaría ni dónde se almacenarían esos datos.

El documento argumenta la necesidad de la digitalización:

A continuación, el texto avanza en su idea con lo que parece ser una formulación cautelosa y gradual, y argumenta:

Nuevamente, no se especifica quién gestionará ese "ecosistema digital", dónde se almacenarán los datos, ni quién financiará un programa que concentraría todas las comunicaciones y documentación de —solo en CABA— unos 120 mil consorcios.

Las funciones que se enumeran para el programa son:

Recién en la página 3 el documento explicita claramente que se trata de un sistema informático:

A continuación, también se transparenta que se trata de un proyecto de gran envergadura (ya sea privado o estatal) porque los servicios que brindará incluyen prestaciones que por su volumen solo pueden ser provistas por grandes organizaciones:

La redacción de Pequeñas Noticias evaluó que una de las posibilidades es que la idea primigenia del proyecto pudiera haber surgido de una empresa informática ya instalada, un grupo político o uno gremial. Esto surgió porque en el caso del proyecto Consorcio Participativo en 2017/18, hubo acusaciones reiteradas de que alguno o una combinación de estos tres grupos había estado detrás de la iniciativa.

El proyecto avanza significativamente sobre la concentración de datos personalísimos mediante herramientas:

Los pasos iniciales sugeridos para avanzar con la iniciativa fueron:

En 2017 el oficialismo porteño impulsó una intensa campaña para la sanción de la Aplicación Oficial Consorcio Participativo hasta que finalmente en 2018 la impuso como parte de la Ley 5.983 [1].

Esta plataforma obligatoria –aún no reglamentada– busca concentrar la totalidad de los datos privados, comerciales y laborales de consorcios, propietarios e inquilinos. Esta invasión a la privacidad y la concentración de datos sensibles de los vecinos en manos del Estado motivó diversas causas judiciales y numerosos rechazos que persisten hasta hoy, tanto de entidades de consorcistas como de administradores.

El autor de esta iniciativa fue Facundo Carrillo, secretario de Atención y Gestión Ciudadana, y fue presentada en la Legislatura por Horacio Rodríguez Larreta.

En su momento, la mayor parte de las entidades de consorcistas se manifestaron, en mayor o menor medida, en contra de que el Gobierno porteño concentre todos los datos privados de los consorcios, consorcistas, inquilinos y encargados necesarios para la correcta liquidación de expensas, objetivo principal de la plataforma web.

Al rechazo se sumaron también los consejos consultivos y/o las comisiones de consorcios de las comunas 3, 6, 12 y 14. En el mismo tenor se expresaron las objeciones planteadas por las entidades de administradores y los miembros de CASIPH (Cámara Argentina de Sistemas Informáticos para la Propiedad Horizontal). Asimismo, el Dr. Eduardo Awad, quien fuera presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, se expidió en repetidas ocasiones en forma negativa sobre el apartado de "Consorcio participativo" tanto en el programa en que participa en Radio Mitre como en otros medios.

Solo tres entidades de consorcistas apoyaron sin reservas la iniciativa: APH (Asociación Civil de Propietarios de Inmuebles de Renta y Horizontal), conocida por ser la última entidad en incorporarse a la mesa paritaria del sector; la Liga del Consorcista, y un abogado que se presentaba como coordinador de ReDeCo (Red de Consorcistas Damnificados)

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