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[BPN-08/10/08] El jefe de inspectores de Defensa y Protección al Consumidor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Eduardo Ramos, adelantó que en poco tiempo inspectores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires comenzarán a realizar inspecciones en edificios de propiedad horizontal para evaluar el cumplimiento de la Ley 941 que creó un Registro Público de Administradores (RPA). "En el corto plazo, se realizarán inspecciones en los edificios. En principio, no va a ser una actividad punitiva. La Dirección no sale en busca de penar a nadie, el objetivo es que el registro tenga una actividad real y que produzca tranquilidad tanto en el vecino como en el administrador", subrayó.

Así lo manifestó el 22 de septiembre en el marco del primer seminario que organizó la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias (CAPHyAI) y en el que disertó junto al coordinador administrativo del RPA, Dr. Oscar Michelotti, sobre la Ley 941: "Alcances y obligaciones ineludibles - Registro de administradores y declaración jurada anual".

Por su parte, el coordinador del RPA aclaró por qué las inspecciones todavía no empezaron: la Procuración de la ciudad "ya emitió un dictamen pero ahora está por hacer otro para que tengamos la facultad de aplicar la ordenanza 40.463 que es la que regula el control de los matafuegos y de la Ley 941".

Durante el encuentro, Ramos explicó que los inspectores se presentarán en los consorcios con una credencial y solicitarán el ingreso al edificio para verificar si en los espacios comunes se está cumpliendo con la Ley 941.

"Una vez que el inspector realice la evaluación, elaborará un informe que se elevará al superior inmediato y éste se comunicará con el área de administración de consorcio (RPA) que es la que tiene la competencia real para hacer el control de los edificios", resaltó.

En caso de incumplimiento, sostuvo que las autoridades del registro serán las encargadas de decidir cuál es el plazo que se les da para ponerse al día o si reviste característica para aplicarles una sanción o un apercibimiento.

Actualmente, Defensa del Consumidor cuenta con un cuerpo de 63 inspectores que tienen como función controlar, en principio, tres leyes nacionales como son la Ley 24.240 (de Defensa del Consumidor), la Ley 22.802 (de Lealtad Comercial) y la Ley 19.511 (de metodología legal). En este sentido, advirtieron que para los controles en los consorcios (Ley 941) se crearía un cuerpo de inspectores especializado.

Ramos consideró que uno de los inconvenientes es que los consorcistas no están acostumbrados a recibir inspectores en los edificios. "Vamos a tener que apelar primero a la buena voluntad de ustedes (haciendo referencia a los administradores) y después a un mecanismo que nos permita sentar presencia en los consorcios", señaló.

Explicó que antes de realizar la inspección, los inspectores dejarán una cédula con una notificación para tratar de fijar fecha y hora en la que se hará el control. "Lo cierto es que no tiene por qué ser una inspección sorpresiva como en un comercio. El fijar fecha y hora no implica que se pueda eludir la norma", destacó.

Por otra parte, aclaró que el Gobierno de la Ciudad trata de "garantizarle al vecino que tenga los servicios en condiciones. Además, le está garantizando al administrador -que en el caso de un siniestro- tenga respaldo jurídico para poder delimitar sus responsabilidades".

Se capacitarán abogados para administrar consorcios

[BPN-08/10/08] El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal creó un Instituto de Derecho de Propiedad Horizontal. En una entrevista exclusiva concedida a Pequeñas Noticias, el Dr. Eduardo Awad, director de ese instituto y vocal suplente de la comisión directiva del colegio, informó que uno de los objetivos será capacitar a los abogados para que puedan ejercer la administración de consorcios.

Aclaró que el colegio no pretende que la actividad que realizan los administradores sea de incumbencia exclusiva de los abogados, sino que "los abogados aprendan a administrar consorcios y que ellos también puedan ejercer esa actividad".

"Esto no es un coto de caza en el sentido de que los abogados pretendan tomar todas las administraciones de consorcios o quieran excluir a los administradores que están trabajando. Lo que pretendo es que se incluya a los abogados en el tema, con el aditamento de que el abogado está sujeto a un control disciplinario precisamente del tribunal de disciplina del colegio", reflexionó.

El Dr. Awad subrayó que el instituto tiene como finalidad impulsar la investigación, las tareas académicas y la docencia. "A partir de mi nombramiento como director le presenté al presidente del colegio, el Dr. Jorge Rizzo, la propuesta de capacitar a los abogados que tengan ganas de aprender, si bien muchos ya lo saben, la idea es que profundicen en el aprendizaje y en el conocimiento de la administración", destacó.

Según él, una de las ventajas para el consorcio es que los abogados están sujetos al tribunal de disciplina del colegio: "los administradores no tienen un tribunal que los esté controlando o que los pueda sancionar".

Consideró que a todo consorcista le gustaría que el administrador que elija esté controlado o pueda ser sancionado debidamente por un tribunal que entienda específicamente la tarea que está realizando.

Al mismo tiempo, explicó que los consorcios que cuenten con un abogado administrador podrán presentarse ante el colegio para realizar una denuncia, siempre y cuando tenga las pruebas pertinentes para el caso. Aclaró que el tribunal y el colegio no cobran absolutamente nada por intervenir: "hoy en día va el particular que se siente damnificado y no se le cobra. Es un tribunal de disciplina, no un lugar donde se busque comerciar con la gente damnificada".

Cuando Pequeñas Noticias le consultó si un administrador abogado que comete una falta se podrá defender diciendo que la cometió como administrador y no en el ejercicio de su profesión (abogado), él respondió que "el abogado, es abogado en todo lo que hace y aunque esté administrando bienes ajenos también está llevando una tarea propia de su título". Es decir, que el tribunal del colegio lo podrá sancionar, imponiéndole una suspensión, multa o pérdida de matrícula.

En diálogo con el medio, señaló que el instituto se creó con el objetivo de investigar en la ciencia del derecho de la propiedad horizontal. "Busca investigar, trabajar en el tema, hacer docencia, seminarios, completar el conocimiento de aquellos que lo deseen, hacer cursos y trabajar en la presentación de legislación ya sea para modificar, para crear, colaborar con instituciones que soliciten dictámenes u opiniones de este instituto", señaló

Abrevaya ya presentó su proyecto

[BPN-08/10/08] Después de varios meses de trabajo con las entidades de consorcistas, el legislador porteño Sergio Abrevaya (Coalición Cívica) presentó su proyecto para modificar la Ley 941 que creó un Registro Público de Administradores (RPA) <vínculo>. Recordemos que a fines de marzo, Abrevaya las había convocado para escuchar personalmente la problemática del sector y buscar puntos de consenso para articular una línea de trabajo común.

Uno de los primeros objetivos que se plantearon fue modificar la Ley 941. "El objetivo de este proyecto es dotar de herramientas a los vecinos para que cuenten con más información y posibilidad de control directo sobre la administración de sus respectivos consorcios, entendiendo que la falta de control sobre los montos totales de las expensas repercute directa y proporcionalmente sobre los propietarios", argumentó en sus fundamentos.

En una entrevista exclusiva concedida al programa de radio de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal (UMIPH) "Hablemos de Consorcios", adelantó que la propuesta la presentó hace unos días y que ya está en la Comisión Legislación General. "Tengo la esperanza de que se trate este año pero no puedo asegurarlo porque depende de varios bloques, uno principal es el PRO. También tendremos alguna discusión con el bloque K que no sé si tiene la misma visión porque este proyecto también incluye la constancia en acta de que ser el representante legal del consorcio no significa que el administrador pueda representarlo en las paritarias", subrayó.

Reflexionó que no todos los legisladores comprenden el tema: "me parece que tenemos que seguir trabajando en la conciencia de la problemática y sobretodo en las dificultades que ha tenido la aplicación de la Ley 941. No todos saben cómo continuó la aplicación después de que se aprobó".

Por otra parte, informó que la iniciativa cuenta con el apoyo del presidente de la comisión Legislación General, Marcelo Meis (PRO): "no podría decir que es el apoyo de todo el PRO pero me parece que tiene una puerta abierta importante a partir de la firma de este legislador".

En los fundamentos de su proyecto, Abrevaya advirtió que entiende que la relación entre administradores y administrados "es una relación de consumo, encuadrada en lo estipulado por el Art. 1° de la Ley Nacional 24.240 de Defensa del Consumidor: "es el caso específico de consumo de un servicio que conlleva todos los derechos y obligaciones propios de este tipo de relación, siendo merecedora, por ende, de la protección establecida en la Constitución Nacional".

Por otra parte, sostuvo que la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, en su Art. 46°, "garantiza la defensa de los consumidores y usuarios de bienes y servicios, en su relación de consumo, contra la distorsión de los mercados. […]" y protege "la seguridad y el patrimonio de los consumidores y usuarios, asegurándoles trato equitativo, libertad de elección y el acceso a la información transparente, adecuada, veraz y oportuna […]".

Abrevaya destacó que lo maravilloso de este proyecto es que se haya elaborado con la participación y consenso de las entidades de consorcistas.

"La verdad que sirvió de mucho porque había varios que estaban enfrentados, algunos no se sentaban en la misma mesa. Esta forma de trabajo sirvió para debatir puntos comunes. Creo que funcionó y creo que puede seguir como mesa de trabajo para otras cuestiones como la reforma de la Ley 13.512 y la representación de los consorcistas en los Convenios Colectivos de Trabajo (CCT)", señaló.

Más rápido que un bombero

[BPN-08/10/08] Alejandro Paulo Rodrigues, director de Ascensores Vertirod,  subrayó que cuando se produce un desperfecto o alguien queda atrapado en el ascensor lo primero que se debe hacer es llamar a la empresa conservadora del edificio. "No hay que perder la calma ni pedirle al encargado que saque a la persona que quedó atrapada. Hay que estar tranquilo y llamar al conservador. Una buena empresa de ascensores tiene que estar en 20 minutos porque esa es su responsabilidad", destacó.

Durante el encuentro que se realizó el 22 de septiembre, en el marco de un ciclo de seminarios que organiza la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias (CAPHyAI), explicó que una vez que se llamó a la empresa conservadora se pasó la responsabilidad a ellos: "todos tenemos una posta y esa posta la vamos pasando, tu responsabilidad me la pasas a mí a partir del llamado. Yo tengo que acudir al edificio y sacar a la persona".

Rodrigues consideró que no es conveniente llamar a los bomberos: "rompen todo. Si tenés una buena empresa va a llegar rápido porque la Ley 49.308 los obliga a eso. La empresa conservadora debe tener un teléfono de línea de red para que cuando el administrador llame quede registrado. Para atender emergencias no puedo tener celular, contestador, bipper ni radio".

Por otra parte, aseguró que es fundamental que el consorcio tenga un libro de conservación de ascensores donde queden asentados todos los controles que se realizan. Aclaró que la responsabilidad de este libro es del administrador y de la empresa conservadora. "El libro lo tienen que tener porque es el que defiende que todo se hizo bien, porque nadie cree que está de por medio el bien cuando hay un siniestro. Si hay un accidente el parte mensual no te sirve, lo que te sirve es el libro", sostuvo.

Señaló que los administradores son el nexo entre el proveedor y el consorcio: "ustedes tienen que tratar de comunicar la idea que el proveedor les da para que el consorcio tome conciencia de las medidas de seguridad y de control que tiene que tomar. Es muy bueno informarse para poder trasmitirlo de la mejor manera posible porque ellos son los usuarios y las principales víctimas en el caso de un accidente".

Rodrigues advirtió que si uno observa las estadísticas descubre que hay más casos de gente que se cayó de un ascensor que de ascensores que se hayan caído. "Cuando tu service o la persona que te hace el mantenimiento te cambia una cerradura es importante que éstas no sean usadas ni reparadas, tenemos que pedir directamente que las cambien", destacó.

Honorarios y aranceles mínimos

El presidente de FRA, Adm. Jorge Hernández, confirmó lo publicado y consideró que los valores consensuados le parecen razonables en relación a cómo está el mercado. "La intención es muy concreta, que el propietario tenga una sola fuente de consulta sobre este tema y no que si va a la institución tal le dicen que tiene que cobrar 10 y si viene a otra 20", señaló Hernández.

Consideró que esto es resultado de un camino que se va transitando desde la convención de administradores que realizaron en la FAM (Federación Argentina de Municipios). "La idea es compartida por todos: resignemos nuestras escalas y saquemos una nueva que sea un indicador de mercado [...] gracias a Dios hemos puesto la persona por sobre las instituciones. Se está poniendo la necesidad de la profesión por sobre el interés individual de las instituciones. Yo creo que es positivo", reflexionó.

Por último, aclaró que tendrán reuniones periódicas para evaluar alguna modificación a los valores.

Adelantó que es muy probable que este borrador de honorarios se termine de consensuar en octubre: "es un borrador de trabajo y en principio no ha habido ninguna institución que sobre ese punto haya modificado algo".

FEMATEC 2008

[BPN-08/10/08] Desde ayer hasta el 11 de octubre, se realizará la XVI Feria Internacional de Materiales y Tecnologías para la Construcción (FEMATEC) en el centro Costa Salguero, ubicado en Avenida Costanera Rafael Obligado y Jerónimo Salguero de esta Capital Federal.

FEMATEC se realiza en la ciudad de Buenos Aires desde 1992. Según informaron en su sitio WEB, apuntan a que cada edición se ajuste "a la real dimensión de la oferta y la demanda, para que todos los expositores puedan alcanzar su objetivo y los visitantes logren encontrar la más completa gama de soluciones".

La muestra albergará a "todas las categorías de empresas, poniendo a disposición del profesional visitante las soluciones prácticas y necesarias para que en cinco días resuelva sus proyectos de todo el año".

En el marco de la feria se desarrollarán múltiples actividades de capacitación y actualización dirigida a los profesionales visitantes. Los congresos, seminarios y conferencias serán dictados por las Cámaras Empresarias, Asociaciones Profesionales, Facultades de Arquitectura y Empresas Expositoras.

Aquellas personas que deseen visitar la feria podrán hacerlo de martes a jueves de 14 a 21 horas y los viernes y sábado de 12 a 21 horas. El acceso es sin cargo pero con acreditación previa. Quienes reciban en su domicilio la Credencial personalizada, podrán ingresar directamente a la feria exhibiéndola. Quienes posean una invitación sin cargo, deberán completarla con sus datos y presentarla en el sector "Acreditaciones" para obtener su credencial.

El visitante puede registrarse en la página WEB de FEMATEC (www.fematec.com), completando el formulario "Acreditación On line" y su credencial le permitirá ingresar a la feria todos los días. En caso de que no tengan credencial, el valor de la entrada es de 10 pesos.

La organización ofrecerá un servicio de transfers sin cargo a los visitantes para que se trasladen hasta el predio. Los transportes circularán cada 30 minutos desde media hora antes del horario de apertura y estarán en Retiro, calle San Martín (vereda del Hotel Sheraton) y Plaza Italia, Av. Sarmiento (vereda del Zoológico).

Por otra parte, informaron que no se permitirá el ingreso a menores de 16 años debido a que FEMATEC es un "un evento profesional de negocios". Los grupos de estudiantes mayores de 16 años podrán ingresar exclusivamente el día martes 7 de 14:00 a 18:00 hs, previa autorización del Comité Organizador y siempre acompañados por docentes y/o autoridades del establecimiento educativo.

Insiste en mudar el Gobierno a Barracas

[BPN-08/10/08] El 18 de septiembre, durante la inauguración de Mundo Inmobiliario en un salón del Hotel Hilton, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, reiteró que su idea es mudar el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires al barrio de Barracas, a los terrenos del Borda y el Moyano

El objetivo de Macri es llevar casi todas las dependencias del Gobierno porteño -que hoy se distribuyen en unos 50 edificios- y la sede de la jefatura, ubicada frente a la Plaza de Mayo desde 1892. El palacio de Bolívar y Avenida de Mayo se convertiría en un centro artístico conectado a la Casa de la Cultura, que hoy ocupa la antigua sede del diario La Prensa. La Legislatura es una de las pocas instituciones que mantendrá su alojamiento, en Perú e Hipólito Yrigoyen.

Según Macri, la relocalización del Gobierno en Barracas apunta a desarrollar el sur de la ciudad, aprovechando los actuales espacios vacíos de la zona sur, donde según estadísticas oficiales, entre el 98 y el 2005 sólo el 5% de los permisos residenciales se registraron en la zona.

Este plan de reforma para la zona sur de la Capital está a cargo del ministro de Desarrollo Urbano de la ciudad, Daniel Chaín, quien inexplicablemente hace unos meses destacó que aspira a llamar a una licitación internacional para el proyecto.

"Tenemos que equilibrar la ciudad. Buenos Aires tiene una estructura valiosa. Tiene parques, avenidas increíbles en barrios que están totalmente postergados. Arrancamos desde la Boca, Barracas, Patricios, Pompeya. Yo los invitaría a encontrar estas maravillas", destacó el jefe de Gobierno en la apertura de Mundo Inmobiliario.

Resaltó que hay que equilibrar la ciudad porque "el tránsito nos está matando. Todos como locos queremos ir al mismo lugar [...] en las cercanías del Hospital Moyano hay una gran cantidad de parques. Desde ese lugar al Obelisco hay menos de seis minutos, fíjense la potencialidad de eso. La estructura está, no hay que hacer nada".

Análisis del Artículo 8º de la Ley 13.512 (II parte)

[BPN-08/10/08] El presidente de la Cámara de la Propiedad Horizontal de Córdoba, Dr. Mario Francisco Robledo, realizó un trabajo exhaustivo de la Ley 13.512 para la revista Condominio de Córdoba. En este número Pequeñas Noticias publica la segunda parte del análisis del artículo 8º.

El artículo 8º de esta ley establece que: "(…) Cuando las innovaciones ordenadas por los propietarios fueren a juicio de cualquiera de ellos, de costo excesivo, o contrarias al reglamento o a la ley, o perjudiciales para la seguridad, solidez, salubridad, destino o aspecto arquitectónico exterior o interior del edificio, pueden ser objeto de reclamación formulada ante la autoridad judicial, y resuelta por el trámite correspondiente al interdicto de obra nueva; pero la resolución de la mayoría no será por eso suspendida sin una expresa orden de dicha autoridad. (…)".

Estamos ante el supuesto de una innovación sobre los espacios comunes. A diferencia del supuesto del artículo 7º, en que la innovación es para beneficio individual, aquí se supone el beneficio comunitario, ya que es condición que la innovación cumpla alguna de estas condiciones:

a) mejoramiento de la cosa;

b) uso y goce más cómodo, como sería la ampliación o remodelación del lobby o acceso al edificio; y

c) obtención de mayor renta, por lo que la innovación en este caso recae sobre el espacio común –un local comercial o una oficina- que se alquila por parte del consorcio.

Esta innovación, por tratarse de una inserción sobre los bienes comunes, implica el derecho de cualquier consorcista -disconforme con la mayoría que ha resuelto- de recurrir a la autoridad judicial, siempre que tipifique lo resuelto mediante alguna de estas condiciones: que sea de costo excesivo; que sea contraria al reglamento o a la ley; que sea perjudicial para la seguridad, solidez, salubridad, destino o aspecto del edificio.

Es un símil del derecho administrativo. Como se observa, la admisión de la instancia judicial tiene como límite que la resolución va a ejecutarse. Excepcionalmente, el Juez tiene la facultad extraordinaria de suspender la medida, siempre que el interesado minoritario afiance debidamente su pedido para responder por los daños que provocará si demandó algo injusto.

El artículo 8 también establece que "(...) Cualquiera de los propietarios, en ausencia del administrador y no mediando oposición de los demás, previamente advertidos, puede realizar expensas necesarias para la conservación o reparación de partes o bienes comunes con derecho a ser reembolsados. (…)".

En este sentido, la ausencia del administrador no sólo significa la inasistencia del administrador a la hora de tomar decisiones, sino la falta de decisión frente a un caso de necesidad y urgencia determinada.

Para encuadrarse en este supuesto, el consorcista que actúa debe notificar fehacientemente a sus vecinos de la medida que va a adoptar. Esa notificación es la que la norma describe como "previa advertencia". Los vecinos, una vez notificados, no deben oponerse a la propuesta del consorcista interviniente.

Se entiende que todo tipo de gasto es admisible, siempre que se justifique que se lo hizo para lograr el objetivo propuesto.

Este primer supuesto –el que determina el reembolso al consorcista- exige que el gasto haya estado destinado a la conservación o reparación de partes comunes, no estando comprendido otro rubro similar. La norma es limitativa porque el reembolso es automático.

Hecho el gasto, si se cumple con las condiciones anteriores (ausencia del administrador, propuesta notificada, falta de oposición, gasto para conservar o reparar partes o bienes comunes), el consorcista será reembolsado de su gasto, haya sido o no útil para el consorcio.

Por último, el artículo 8 advierte que "(...) Podrá también cualquiera de los propietarios realizar las reparaciones indispensables y urgentes sin llenar los requisitos mencionados, pudiendo reclamar el reembolso en la medida que resultaren útiles.

En caso de no reunirse alguna de las condiciones anteriores, el reembolso sólo será posible si el gasto ha sido útil al consorcio. Ejemplo: si un consorcista que no notificó a todos, contrata un desagote atmosférico y se rompe una manguera sin lograr el objetivo, el consorcista deberá afrontar solo el gasto, o con los que buenamente lo acompañen. Pero carecerá de posibilidades de acción para exigir el reembolso a sus vecinos.

Esto se da por abandono de la propiedad o renuncia al uso y goce de los bienes o servicios comunes. La ley no prohíbe el abandono como forma de extinguir el dominio, sino que tiene por objeto evitar que, mediante el abandono, un consorcista pueda liberarse del pago de las expensas anteriores.

A la cárcel por exigir que se cumpla la ley

[BPN-08/10/08] Sostenidos por arneses y sogas, el martes 30 de septiembre, ocho militantes de Greenpeace fueron arrestados por colgar una pancarta del Obelisco para exigir que se cumpla con la Ley de Basura Cero que disminuirá, mediante el reciclado, la cantidad de basura que genera la Ciudad y detendrá la contaminación producida por los rellenos sanitarios.

"Nuestros activistas fueron arrestados al denunciar al Gobierno de la Ciudad por promover la contaminación y enfermar a nuestra gente", argumentaron las autoridades de Greenpeace en su sitio WEB.

Después de una hora, fueron bajados por bomberos de la Policía Federal, mientras recibían un aplauso de la gente que estaba en el lugar y que apoyó el reclamo que estaban realizando.

Desde la organización explicaron que cientos de vecinos en Buenos Aires están sufriendo graves enfermedades, e incluso la muerte, por causa de la contaminación que generan los rellenos sanitarios. Según ellos, allí se entierran día a día más de 5 mil toneladas de basura que produce la Ciudad de Buenos Aires.

"La ley que el Gobierno de Macri se niega a cumplir disminuirá, mediante el reciclado, la cantidad de basura que se genera y detendrá la contaminación producida por los rellenos sanitarios", señalaron.

Al mismo tiempo, aclararon que el cartel fue colocado por un grupo de activistas que son escaladores profesionales y que contaban con todos los equipos de protección necesarios para su seguridad.

Además, advirtieron que la protesta nunca implicó el corte de calles ni la interrupción del tránsito: "los cortes fueron provocados por la policía que montó un operativo desproporcionado para neutralizar nuestra protesta".

Los estudios realizados recientemente sobre muestras de líquidos que se filtran de la basura y contaminan las napas subterráneas (lixiviados) demuestran la presencia de mercurio, plomo, cromo, zinc y PCB en cantidades que superan los límites permitidos para ser vertidos en cursos de agua.

Sostuvieron que estos elementos pueden provocar daños renales, malformaciones congénitas, enfermedades en la piel, cáncer, leucemia, alteraciones hormonales y abortos prematuros, entre otras dolencias.

El aumento de las asignaciones ya se publicó

[BPN-08/10/08] El Decreto N° 1591/2008 se publicó en el Boletín Oficial (BO) del día 3 de octubre y está formado por solo tres artículos. El primero remite a los Anexos I, II y III de donde surgen los nuevos topes y montos de las asignaciones familiares; el segundo indica que los nuevos valores se aplicarán a partir del mes de septiembre y el último es el clásico "comuníquese, publíquese, y archívese".

En el Anexo I se informa los distintos montos de las asignaciones familiares para los trabajadores en relación de dependencia y los beneficiarios de la Ley de Riesgos del Trabajo según los topes salariales y las zonas en que se divide el país.

Por último, el Anexo III informa las asignaciones familiares para los beneficiarios del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones

Los beneficiarios de la Pensión Honorífica Veteranos de Guerra del Atlántico Sur, además de las asignaciones familiares detalladas anteriormente, tienen derecho a las siguientes:

Lo que septiembre se llevó

[BPN-08/10/08] La redacción de Pequeñas Noticias consideró que la noticia más importante de septiembre fue que el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, aseguró que no se reabrirán las negociaciones paritarias a pesar de que algunos gremios hayan solicitado volver a discutir aumentos salariales a causa de la inflación.

Recordemos que hace unas semanas el secretario general de la Federación Argentina de Trabajadores Edificios Renta y Horizontal (FATERyH), Víctor Santa María, había anunciado que iban a discutir un nuevo Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) que permita un ajuste salarial para los encargados. El argumento de Santa María era la suba constante de precios y el aumento del índice de inflación: "queremos negociar por fuera del concepto de inflación para no ir detrás del carro".

Sin embargo, Tomada advirtió que "el proceso de negociación colectiva se ha llevado adelante en el primer semestre de 2008 [...] Las paritarias de este año han fijado los aumentos salariales de forma escalonada, recién ahora se está pagando el segundo o el tercer tramo de esos convenios por lo tanto, sigamos atentamente este proceso".

Del 1º al 30 de septiembre, el sitio de Pequeñas Noticias –según estadísticas del Google Analytics- tuvo 32.492 visitas, un 13,90% más que agosto pese a que septiembre tuvo un día menos. Estos visitantes consultaron 60.700 páginas, un 7,28% más. Durante cada visita, se consultaron –en promedio- 1,87 páginas.

Argentina es el país con más visitas (26.544), representando el 81.69% respecto al mundo, le siguen México, Colombia, España, Chile, Perú, Venezuela, Estados Unidos, Ecuador y Uruguay.

Por otra parte, las fuentes de tráfico nacionales más importantes fueron: Vicente López (14.342), Buenos Aires (4.152), origen desconocido (1.753), Córdoba (959), Mar del Plata (640), Mendoza (540), La Plata (499), Rosario (489), Neuquén (362) y San Miguel de Tucumán (267). Es de destacar que la Capital Federal y el Gran Buenos Aires representan el mayor tráfico a escala nacional con un 69.67% (18.494) de visitantes.

Durante el mes de septiembre, Pequeñas Noticias realizó la producción de 7 videos que fueron vistos en total 99 veces. Encabeza el ranking con 26 visitas la Dra. Mónica Risotto: "Un trabajador sin registrar sale muchísimo más caro" (BPN Nº 358 del 24/9/2008); le siguen con 23, Registro Público de Administradores: "Tuvimos desde quejas hasta muchas felicitaciones" (BPN Nº 357 del 10/9/2008); con 16, FAC: "Fuerte oposición a una posible reapertura de paritarias" (BPN Nº 358 del 24/9/2008); con 11, el Ing. López Cattáneo: "Los juicios casi siempre los pierden los empleadores" (BPN Nº 358 del 24/9/2008); con 9, Fundación Rumbos: "Barreras a la accesibilidad" (BPN Nº 358 del 24/9/2008) y el Martillero Eduardo Saravia: "Tedin recibió presiones y amenazas" (BPN Nº 357 del 10/9/2008) y con 5, Riesgos del trabajo: "Prevenir en lugar de reparar" (BPN Nº 357 del 10/9/2008).

Gestión Profesional

Preservar la seguridad de las personas y los bienes por el Sr. Julio Dieguez

Cada vez con mayor frecuencia observamos que como consecuencia de algún accidente se reglamentan distintos tipos de instalaciones o actividades. Sin embargo, esto no ha ocurrido con los sistemas de muy baja tensión y especialmente los utilizados en Porteros Eléctricos. Quizás esto suceda porque se considera que no existe riesgo en su utilización.

La realidad ha demostrado que por economía o desidia las instalaciones de este tipo en los edificios resultan caóticas.

Los inconvenientes más frecuentes al realizar la reparación de estos sistemas son:

1) Falta de identificación de cableados o bien con identificaciones diversas y sin una lógica adecuada.

2) Cañerías con una cantidad de curvas que hacen muy difícil el reemplazo de los cables que contienen.

3) Cables de sección generalmente inferiores a lo necesario y por lo tanto, con una gran caída de tensión ante la menor circulación de corriente, provocando  como consecuencia un sistema que no soporta un teléfono inadvertidamente descolgado. Dejando, en ese caso, a todo el edificio con una pobre o nula comunicación con el frente de calle.

4) Distribuciones que por la necesidad de abaratar costos convierten el portero eléctrico en un sistema de dudosa confiabilidad.

Basta como ejemplo la instalación muy utilizada, conocida como "montante". Fácil de realizar y de bajo costo durante la construcción del edificio. Esta distribución tiene cableados que recorren en forma independiente cada columna de departamentos. Sin embargo, también son conocidos los problemas que ocasiona este sistema. Por ejemplo, cuando el propietario del "1º A" cambia el microteléfono no utilizando el personal técnico adecuado o haciéndolo él mismo para ahorrarse unos pesos. 

Necesidad de la seguridad y confiabilidad

Hoy, el portero eléctrico es un elemento de seguridad dentro del consorcio. No sólo por el agregado de cámaras que luego se distribuyen a través del sistema de tv por cable o por la antena colectiva del edificio, sino también porque es la primera barrera que existe entre quien pretende ingresar al edificio y los habitantes del mismo.

Desde lo técnico y la seguridad, este conjunto de necesidades movió a la Cámara Argentina de Empresas de Porteros Eléctricos (CAEPE) a crear un instrumento que sintetice las "reglas del arte" para la ejecución de un sistema de comunicaciones que resulte confiable y fundamentalmente reparable.

De esta iniciativa, nace la Reglamentación para la Ejecución de Instalaciones de Sistemas de Comunicaciones Internas en Inmuebles. Ésta es un compendio de la experiencia obtenida por los integrantes de la Cámara, entre los cuales se encuentran algunos técnicos pioneros en el rubro.

Síntesis del reglamento CAEPE

Algunos conceptos innovadores son:

1) Uso de la Fuente Ininterrumpida (UPS). Esto garantiza la posibilidad de uso del sistema aunque se corte el suministro de energía eléctrica, reforzando el concepto del portero eléctrico como elemento de seguridad.

2) Distribución de cañerías por el sistema denominado "palier". Éste se basa en la convergencia de los cableados de cada departamento en los palieres del edificio, permitiendo así desconectar un departamento desde allí sin la necesidad de acceder al mismo.

3) Diferenciación de conjuntos de cables comunes y no comunes, utilización de cables y colores normalizados.

4) Fijación de requisitos para la instalación de la fuente de alimentación y normalización de alturas de los distintos componentes.

A todo esto debe agregarse la garantía que ofrece la CAEPE sobre los trabajos que realizan sus asociados dentro de los términos de esta reglamentación. Por lo cual, a partir de su puesta en vigencia es de cumplimiento obligatorio para los integrantes de la Cámara. Como signatarios del Código de Buenas Practicas Comerciales, este reglamento es una nueva herramienta dirigida a asegurar transparencia en la contratación y ejecución de los trabajos.

La primordial intención de este instrumento es preservar la seguridad de las personas y los bienes, como así también asegurar la confiabilidad en el funcionamiento y mantenimiento posterior. Es intención de la CAEPE elevarlo a las autoridades correspondientes para convertirlo, de ese modo, en una reglamentación de ejecución obligatoria para todos los instaladores y reparadores del rubro.

El texto completo se pone a disposición de aquellos que quieran consultarlo en la página de la institución www.caepe.org.ar. Asimismo, pueden realizar consultas vía mails a  info@caepe.org.ar.

Gestión Profesional

Sobre una posible nueva Ley de Riesgos de Trabajo por el Ing. Alfredo López Cattáneo

En varios artículos periodísticos ( del 26/9/08) que informan sobre una nueva ley de ART se comienza señalando que el Gobierno convocó a los técnicos de la UIA para cumplir con una promesa que la Presidente Cristina Fernández le hizo a la industria días atrás: avanzar en una nueva de Ley de Riesgos del Trabajo que ponga fin a la gran cantidad de juicios que están recibiendo las empresas por accidentes laborales. Señalan que, según los cálculos de la UIA, existe un stock de 60.000 juicios que implican un costo de U$S 1800 millones, de los cuales un tercio corresponde a honorarios.

Si analizamos este texto parecería desprenderse que si no hubiera juicios laborales, la UIA no se quejaría o bien que si las indemnizaciones que deben pagar las empresas no fueran tan elevadas tampoco lo harían.

Otra óptica a aplicar, podría ser que si no se producieran accidentes de trabajo (cosa totalmente improbable) no habrían juicios ya que estos aparecen porque hay accidentes de trabajo. Pero la UIA no plantea que se reduzcan los accidentes de trabajo sino que su problema pasa exclusivamente por las sumas de dinero que las empresas tienen que pagar tanto en concepto de indemnizaciones como de honorarios profesionales.

Este pedido de la UIA no es nuevo; en realidad data desde el año 2004, fecha en la cual la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró la inconstitucionalidad del artículo 39 de la Ley sobre Riesgos del Trabajo (LRT), el cual impedía al trabajador llevar su reclamo a la Justicia Laboral a través del artículo 1.113 del Código Civil.

En términos generales, el Código señala que el propietario de una cosa riesgosa (ejemplo: una máquina, un auto, etc.) es responsable por los daños y perjuicios que esa cosa riesgosa ocasiona a las personas o a las cosas.

Desde esa época, los funcionarios del área laboral de ese gobierno (se trata principalmente del actual Ministro de Trabajo que también lo era por esos tiempos) viene señalando, prometiendo, mencionado, comentando, etc. acerca de la necesidad de llevar a la práctica la reforma de la LRT, pero nunca el Poder Ejecutivo Nacional a través de su ministerio presentó ante el Congreso de la Nación un solo proyecto de ley sobre este tema. 

Hasta ahora, han sido palabras, tan solo palabras o como diría don Leónidas Saadi, pura "chachara". Demás está decir que la UIA tampoco presentó nunca un proyecto de modificación de la norma aunque la CGT sí lo hizo.

Es decir, que aquellos que se quejan o que mencionan la necesidad de modificar la norma nunca han sido capaces de presentar una sola alternativa ante el parlamento argentino.

El actual Ministro de Trabajo (reiteremos que también lo era durante todo el mandato del ex presidente Néstor Kirchner) decía lo siguiente el 26/04/06 en el Hotel Sheraton Libertador en la Semana de la Salud y Seguridad en el Trabajo:

"El objetivo del PEN es lograr tener trabajadores seguros y sanos en una Argentina en crecimiento con inclusión social".

El 07/07/06 el Presidente del bloque del PJ de la Cámara de Diputados (diputado Agustín Rossi - Frente para la Victoria) decía al Diario La Nación:

"En algún momento, el Ejecutivo mandará el proyecto".

El 14/08/06 en la "Jornada sobre la Participación de los Trabajadores en la Gestión de la Prevención", nuevamente el Dr. Carlos Tomada decía:

"El proyecto de reforma de la LCT priorizará la salud frente a cualquier otro interés".

En esa misma jornada, el diputado Héctor Recalde (Presidente de la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara de Diputados de la Nación) representante de la CGT y abogado del dindicato dirigido por el Sr. Hugo Moyano señalaba:

"En la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados resolvimos por unanimidad esperar que el PEN remita su proyecto para tratarlos junto con los que están en la Comisión".

Podríamos seguir transcribiendo muchos comentarios más pero tras más de 5 años del fallo de la Corte nadie hizo nada, sólo declaraciones para el consumo de aquellos a los cuales hay que hacer creer que se está haciendo algo.

Si bien es cierto que la cantidad de juicios se incrementa año a año (para el 2008 se esperan cerca de 27.000 demandas por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales), también es cierto que año a año los accidentes de trabajo crecen y crecen en forma constante. Desde el 2003 y hasta Agosto de 2008, se iniciaron 57.525 demandas (Fuente: Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo) estimándose que para fines de este año ese número será de cerca de 69.500 pleitos.

Desconocemos cómo se han calculado los costos de estos juicios (U$S 1800 millones) pero los honorarios promedio de un juicio laboral por estos temas se ubican entre un 35 y 50% de las indemnizaciones fijadas por los jueces.

También surge de la lectura del artículo, que la UIA estaría planteando la necesidad de bloquearle al trabajador la posibilidad de la doble vía de reclamo. Es decir, si opta por una, automáticamente la norma le impediría el acceso a la restante.

Este argumento no es nada nuevo sino que desde hace un par de años es planteado por la entidad empresarial como freno a los juicios laborales. En este aspecto, la CSJ -en el Fallo Llosco del 12/06/07- confirmó la posibilidad que la acción civil complemente la indemnización que un trabajador percibe por la vía de la Ley de Riesgos del Trabajo, ya que esta norma no contempla la indemnización integral del daño sufrido por el trabajador.

Se destaca en el mencionado artículo que la Presidente les aseguró a los industriales, en el festejo del Día de la Industria, que había "intimado" al ministro de Trabajo, Carlos Tomada, a trabajar para "poder arribar a un proyecto consensuado" y que también manifestó su deseo de que "la Justicia no fomente más la industria del juicio".

Pareciera que la primera magistrada conoce poco de este tema o que es necesario que su ministro la asesore mejor, o bien que le mienta menos. Señalar que había intimado al ministro merece sólo una sonrisa ya que el ministro lo único que ha hecho en los últimos 6 años desde que asumió por primera vez fue hacer "nada".

Respecto de llegar a un proyecto consensuado se traduce en llegar a valores de indemnizaciones que dejen tranquilos a los representantes tanto de la CGT como a los de la UIA y que se puedan traducir en alícuotas tales que las ART´s puedan pagar indemnizaciones más elevadas. Esto es muy bueno para las grandes empresas ya que las PyME´s pagan alicuotas muchísimo más altas que las grandes empresas y reciben un muy deficiente servicio por parte de la aseguradoras frente al que le brindan esas mismas aseguradoras a las grandes empresas por mucho menos pago.

Con relación a que la Justicia fomenta la industria del juicio, debe señalarse que no son los jueces, ni el personal de sus juzgados, ni los miembros de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, ni los Ministros de la Corte los que inician las demandas, razón por la cual mal puede afirmarse que es la Justicia la que fomenta los juicios.

La verdadera razón por la que hay juicios no es porque la Justicia los fomente o porque las indemnizaciones previstas por la LRT sean bajas, sino por que hay accidentes de trabajo y éstos ocurren principalmente porque la gran mayoría de los empleadores y desde hace más de 30 años no cumplen con las normas legales vigentes en la materia.

 Como tras una pericia esto queda demostrado con total claridad que los empleadores violan constantemente la normativa, los jueces aplicando las mismas normas fallan a favor de los trabajadores. Tal vez, sea por ese motivo que aquel refrán que dice que "la ley con sangre entre" cobra total validez en el caso de los juicios laborales.

Pero entonces, ¿por qué los empleadores no cumplen con esas normas? Ello sucede porque el control por parte de las autoridades nacionales y provinciales es inexistente y las sanciones son ridículas.  Ahora bien, ¿por qué sucede eso?. Varias respuestas: porque no da votos, porque es un tema que no les interesa, porque no tienen recursos económicos o los que tienen los malgastan, porque carecen de personal técnico idóneo y académicamente formado, o porque hay otras cosas más importantes que hacer.

Si las autoridades no se preocupan por el hecho que cada hora del día muera una persona en accidentes de tránsito, menos les preocupará que se mueran casi mil trabajadores por año, cifra sustancialmente inferior aunque uno de cada tres muertos laborales se corresponde con un accidente in itinere, la mayoría de tránsito. 

Casi 35000 trabajadores quedan con algún grado de incapacidad debido a un accidente laboral, si nos retrotraemos a los últimos 10 años, esa cifra asciende a 350.000 personas. Pero en la práctica, siguen siendo pocos en comparación con los accidentes de tránsito.

En materia de los accidentes "in itinere", hay países que no los consideran accidentes de trabajo, otros que considerándolos pasan a ser indemnizados por la Seguridad Social y otros, como la Argentina que los ubica como accidentes de trabajo pero en el área laboral y son indemnizados por las ART´s. El planteo de la UIA no parece inadecuado en este tema.

Para finalizar, deberíamos pensar un poco acerca del por qué ninguno de los actores sociales (CGT, UIA y Gobierno) plantea reducir los accidentes de trabajo, hacer más prevención, premiar a los empleadores que no tengan siniestros laborales, brindar una mejor atención médica, hacer que las empresas cumplan con las normas legales en materia de medicina e higiene y seguridad en el trabajo o reducir las alícuotas a las PyME´s y tantas otras alternativas posibles en lugar de hablar únicamente de las indemnizaciones.

Tal vez, así pues se está haciendo un poco de gatopardismo (cambiar para que nada cambie) o de maquillaje en un momento que hay que hablar de algo para opacar algunos temas que son de dominio público y que resultan ser peligrosos.

Los juicios decaerán cuando no haya accidentes y éstos disminuirán cuando los empleadores hagan prevención cumpliendo con su obligación de proteger la salud y la vida de sus dependientes del mismo modo que protegen su capital.