El proyecto de honorarios de abogados tiene media sanción

[BPN-12/11/15] El pasado jueves 28 de octubre, la Cámara de Senadores de la Nación le dio media sanción al proyecto de ley que propone regular los honorarios de los abogados. La iniciativa impulsada por el Dr. Rodolfo Urtubey (FpV) deberá ser tratada en la Cámara de Diputados para convertirse definitivamente en ley. El 40% de los integrantes del senado son abogados. Por otra parte, el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF) fue quien "consiguió imponer" en el Senado la aprobación de la iniciativa. Así lo informó esa entidad en su sitio Web el mismo día de la votación.

El diario La Nación cuestionó el proyecto: denunció que responde a esquemas corporativos, que va en contra de la libre competencia y los intereses de los consumidores, y que el sector no necesita de esos privilegios.

De los 72 senadores nacionales, 28 (39%) también son abogados con lo cual se convierte en la profesión más numerosa dentro de ese órgano legislativo. Las demás actividades con mayor cantidad de profesionales dentro del Senado son: ingeniería, docencia, contaduría y escribanía.

Ya en detalle, actualmente la cámara alta está compuesta por cinco ingenieros (7%), cuatro profesores (6%), tres contadores (3%) y tres escribanos (3%). Asimismo, hay 23 (32%) senadores que se dedican a otras profesiones como medicina, economía y ciencias políticas, etc. Por último, nueve senadores (12,5%) no declararon su profesión.

Cabe aclarar que para una mejor lectura todos los decimales fueron redondeados según las reglas matemáticas convencionales y que la suma de todos los valores no da como resultado 100% porque hay senadores que se dedican a más de una actividad.

Aunque el proyecto se aprobó el pasado jueves 28 por unanimidad con 43 votos a favor, estaba previsto que se tratara en la sesión del miércoles 7 de octubre. Según informó el CPACF, en esa oportunidad "no pudo tratarse sobre tablas el proyecto de ley de honorarios por la negativa de unos pocos senadores encabezados por el radical Ernesto Sanz y la ‘llamativa’ ausencia o la intempestiva ‘desaparición’ de algunos otros".

La iniciativa que fue presentada el pasado 9 de septiembre propone –entre otras cosas- que los honorarios de los letrados sean considerados "alimentarios e inembargables", que tengan carácter ejecutivo, que sean estipulados por escrito y que no se pueda concluir un proceso si no se pagan.

Además, pretende que los honorarios mínimos "en asuntos no susceptibles de apreciación pecuniaria" sean estipulados de acuerdo a una Unidad de Medida Arancelaria (UMA), equivalente al 1,5% de la remuneración total asignada al cargo de Juez Nacional de Primera Instancia.

En su editorial del pasado jueves 22 de octubre, el diario La Nación advirtió: "el proyecto vuelve al pasado calificando de orden público la materia arancelaria, pretendiendo así imponer un privilegio para la clase profesional de los abogados, digno de esquemas corporativos que suponíamos superados", y afirmó que no hay nada "más contrario a la libre competencia y a los intereses de los consumidores".

Remarcó también que "disponer el carácter de orden público de los honorarios para los profesionales de la abogacía es proteger a quien por profesión no necesita protección y desproteger al consumidor que aspira a que los servicios jurídicos prestados por los abogados se condigan con la calidad y eficacia de la tarea desempeñada, y no necesariamente con relación al monto de los bienes en juego".