Postergan la limitación a las construcciones

[BPN-19/09/07] El Gobierno porteño decidió que la norma que obliga a los responsables de las obras a presentar los certificados -otorgados por los servicios públicos- que garantizan que las edificaciones nuevas no afectarán las prestaciones a los vecinos, comenzará a regir recién en julio del año próximo.

Es decir, que las empresas constructoras tendrán casi un año para presentar sus proyectos sin los nuevos requisitos obligatorios.

La ley Nº 2.359 fue presentada por el legislador Álvaro González, presidente de la Comisión de Planeamiento Urbano. La Legislatura la aprobó por primera vez el 7 de diciembre de 2006 y fijó que todos los desarrolladores que quieran construir en cualquier lugar de la Capital deban primero obtener certificados de las privatizadas en los que se asegure que los edificios no perjudicarán la infraestructura de servicios.

La norma –que solo faltaba promulgarse- intentaba dar respuesta a los reclamos de los vecinos que incluso llegaron a hacer diversas presentaciones a la Justicia. El argumento de algunas de las organizaciones vecinales es que una mayor cantidad de habitantes podía hacer colapsar los servicios y el tránsito.

Si bien el Ejecutivo promulgó la norma, en vez de decir que el requisito de los certificados rija desde ahora, dispuso que esté vigente a partir del 1º de julio de 2008. "Es lo que plantea el Código de Edificación. Cada modificación que se le haga debe correr desde el 1º de julio del año siguiente. Es lo que marca la ley y lo que siempre se hizo, no hubo una interpretación distorsiva", afirmó Gabriela Stortoni, directora Legal y Técnica del Ministerio de Obras Públicas.

Uno de los temores de los vecinos es que en los próximos meses a partir de esta medida se genere una avalancha de pedidos de permiso de obra. En el sector de la construcción relativizaron la posible avalancha pero criticaron la ley. "Ese supuesto alud de pedidos de permiso de obra ya debería haber comenzado y sin embargo no pasó. El problema es que la ley es absurda porque la propia Constitución garantiza el derecho a contar con servicios públicos. Además, esta ley va contra la autonomía de la Ciudad, porque quienes terminarían decidiendo si se construye o no y dónde serán las empresas de servicios y no el Gobierno porteño", aseguró Daniel Silberfaden, presidente de la Sociedad Central de Arquitectos.