La noticia del año

[BPN-11/01/18] Durante el año pasado la noticia más importante fue, sin duda, la presentación mediática y el intento de ingresarlo en la Legislatura porteña del proyecto de ley "Aplicación Oficial Consorcio Participativo" por Horacio Rodríguez Larreta. Fue el más importante porque afectará directamente a las cuatro patas que, a grandes rasgos, componen la mesa de la comunidad consorcial: los consorcistas (propietarios e inquilinos), los administradores, los encargados y en principio a un sector de los proveedores.

¿Por qué involucró a un sector de los proveedores sólo en principio? El primer sector perjudicado –según expresó el autor de la iniciativa, Facundo Carrillo, secretario de Atención y Gestión Ciudadana- serán las empresas que proveen servicios informáticos a consorcios y administradores. Sin embargo funcionarios del Gobierno adelantaron en conversaciones informales que en sucesivas versiones del aplicativo oficial se analizarán más en detalle las facturas del resto de los proveedores de los consorcios. Para realizar más controles el Gobierno podrá saber con qué proveedor trabaja cada consorcio, cuánto le paga y en cuántas cuotas, Sin embargo hasta ahora no se puedo acceder en detalle al tipo de análisis que el Estado planea hacer sobre esos datos.

¿Cómo la novedad involucró al sector laboral? Como el proyecto pretende que las liquidaciones de expensas de los consorcios se realicen mediante una aplicación del Estado local y Rodríguez Larreta colaboró estrechamente con Víctor Santa María -titular del SUTERH- en temas de consorcios, muchos actores del sector expresaron rechazo y desconfianza de que el Gobierno local llegue a compartir con el sindicato todos o parte de los datos privados, comerciales y laborales tanto de los propietarios e inquilinos como de los mismos consorcios.

Desde el 13 de octubre hasta fin de año la actividad consorcial fue febril. Al principio, como un tren avanzó despacio pero fue tomando fuerza e impulso con el transcurrir de los días. Todas las entidades de consorcistas se expidieron sobre el tema: algunas simplemente lo rechazaron y otras expresaron serias reservas. Sólo una apoyó el proyecto casi sin condiciones. Del sector de los administradores la CAPHyAI, AIPH, FRA y APARA lo rechazaron. El presidente del AIERH hizo saber sus objeciones públicamente. Por su parte, la UADI mantuvo un prudente silencio.

Otra consecuencia del proyecto fue que las empresas de servicios informáticos –empujados por las declaraciones de Carrillo que les auguró que no tendrán más remedio que cerrar o dedicarse a otra cosa- conformaron una cámara empresarial para defender sus derechos y los de sus empleados.

Tras tres espesas reuniones –una de asesores y dos de legisladores- se emitió un dictamen para que la Legislatura en su última reunión –sin debate- lo pueda aprobar.

Sin embargo, los números no deben haber cerrado y los votos no alcanzaron porque finalmente la iniciativa Consorcio Participativo no se puso a consideración de los legisladores de la CABA.