Administradores evalúan medidas contra Defensa al Consumidor

[BPN-15/08/25] Durante la tercera semana de julio, Bernardo Velasco, presidente de la Unión Porteña de Administradores (UPA), informó que los socios de su entidad están evaluando una serie de medidas de fuerza contra la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor (DyPC) de la Ciudad de Buenos Aires.

Esta decisión surgió ante la falta de respuestas convincentes a 23 reclamos que Velasco realizó personalmente a Carlos Traboulsi, director general de esa repartición, y a Diego Sarrabayrouse, coordinador del Registro Público de Administradores (RPA).

La reunión, solicitada por Velasco en nombre de la UPA, fue concedida rápidamente y se llevó a cabo el viernes 11 de julio. Aunque se extendió por una hora y media, quedaron muchos temas pendientes.

Entre las medidas que los socios de la UPA evalúan, se encuentran:

1.- Iniciar acciones judiciales: Esto podría incluir una denuncia administrativa contra el RPA y/o una denuncia penal.

2.- Realizar una sentada: Planean manifestarse en la entrada de la sede de Defensa al Consumidor.

3.- Denunciar a la DyPC: Por presunto incumplimiento de funciones, uso inapropiado de las mismas e incompetencia en ciertos temas.

4.- Presentar un amparo: Uno contra la irregularidad del curso de SERACARH y la falta de pago, y otro contra la cantidad y montos de las multas impuestas a los administradores.

5.- Apelar la legalidad de la "difamación": Consideran difamatorio que se publiquen las sanciones en el Boletín Oficial, el sitio web de la DyPC y en la matrícula del administrador.

6.- Exponer públicamente: Difundir a través de todos los medios masivos el listado de irregularidades, acuerdos e incompetencias del registro y de Defensa al Consumidor.

Velasco planteó 23 puntos a Traboulsi y Sarrabayrouse. La redacción ha resumido los más importantes, incorporando detalles adicionales del programa de radio para mayor claridad:

1.- Fallas en la plataforma TAD: Se mencionaron problemas como el congelamiento de la página y la nueva exigencia de una firma digital en la póliza del seguro para las declaraciones juradas.

2.- Falta de respuesta a correos electrónicos: Velasco afirmó tener constancia de al menos 90 correos laborales enviados al RPA que quedaron sin respuesta.

3.- Importe desorbitado de las sanciones: La UPA considera que las multas son desproporcionadas a las infracciones cometidas.

4.- Subsanaciones repetitivas: Hay declaraciones juradas que se deben subsanar varias veces y, finalmente, se aprueban con la misma documentación que se había rechazado inicialmente.

5.- Multas por falta de documentación: Se multó a un socio porque no pudo presentar la documentación requerida un año y medio después de la DDJJ, ya que había dejado de administrar ese consorcio.

6.- Sanciones por póliza de Responsabilidad Civil: Un socio fue multado por no tener la póliza, a pesar de que la asamblea del consorcio aprobó que respondiera con una garantía patrimonial, una alternativa que debería ser aceptada.

7.- Cuestionamiento del pago de SERACARH: La pregunta planteada fue: "Si el SERACARH es una obligación del consorcio y es él quien decide no pagarlo, ¿por qué se multa al administrador?".

8.- Validez del curso SERACARH: Se puso en duda la validez de la exigencia del curso basándose en la Disposición 1.698/12, que dice "exhortar al personal".

9.- Disparidad de criterios: Distintos funcionarios piden la documentación de manera diferente o aprueban ciertas cosas que otros rechazan.

10.- Problemas al subir el seguro: Al intentar subir el seguro subsanado en la plataforma TAD, el sistema lo rechaza pidiendo una firma certificada del administrador.

11.- Difusión de sanciones: Los administradores consideran difamatorio que se publiquen sus sanciones, sin importar si pagaron las multas o la gravedad de los motivos.

12.- Inconsistencias en las multas por DDJJ: Se aplican multas por no realizar las declaraciones juradas, aunque en la mayoría de los casos sí se realizaron, pero el RPA las desestimó por la falta de uno o dos de los 57 datos requeridos, para luego multar por no haberlas presentado.

13.- Errores de validación en TAD: El sistema TAD valida el CUIT al ser cargado, pero luego solicita la subsanación de la constancia del CUIT.

14.- Inadecuado control de administradores: Se señaló que muchos administradores no están registrados en el RPA, lo que significa que operan sin ser monitoreados oficialmente.

15.- Denuncias de "propietarios tóxicos": Se hizo referencia a los propietarios que presentan quejas frecuentes y, en algunos casos, triviales.

16.- Correos sin responder: Los funcionarios no responden los correos electrónicos que se les manda por razones estrictamente laborales. Velasco aseguró que tiene constancia de 90 correos sin respuesta.

Según Velasco, entre las respuestas que recibió por parte de los funcionarios se destacaron:

1.- Llamado a la unidad: Le sugirieron que se reuniera con las demás asociaciones para presentar una causa en común. Velasco se opuso personalmente a esta idea, argumentando que no quiere ser relacionado con asociaciones que, a su juicio, no representan a los administradores de consorcios.

2.- Incredulidad ante las denuncias: Sobre las irregularidades del RPA, la primera respuesta que recibió fue "no puede ser". Luego, le indicaron que el administrador no había respetado los canales administrativos o que los plazos habían vencido. Ante la insistencia de Velasco, le pidieron que demostrara lo contrario.

3.- Desconocimiento de los problemas: Ante otros reclamos, la respuesta de los funcionarios fue "no teníamos idea, no sabíamos...".

4.- Respuestas evasivas: En la mayoría de los casos, la respuesta fue cambiar de tema con frases como "es raro", "me extraña", "tenemos que verlo o evaluarlo", "hay que averiguar", "lo tenemos que analizar", entre otras.