Duro informe de la Auditoría sobre el RPA en el 2012

[BPN-14/11/14] La Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA) informó que durante el año 2012, el Registro Público de Administradores (RPA) de la CABA no resolvió ninguna de las denuncias iniciadas ese año y por lo tanto tampoco aplicó sanciones a los mandatarios incumplidores. No contó con un cuerpo de inspectores y poseía escasos recursos humanos a los que no se les brindó ninguna capacitación. Asimismo, durante ese período, hubo déficit en la información de las denuncias de los consorcistas, el 83,3% de las quejas efectuadas en el registro no contenían datos completos de los reclamantes y los cursos de capacitación tenían cargas horarias diferentes.

Sin embargo destacó que "el RPA se encuentra enmarcado como responsable de una actividad dentro de la órbita de la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor (DGDyPC)", y agregó que "en tales condiciones y considerando la escasa dotación de recursos con la que cuenta desde por lo menos 2008 y las sucesivas ferias administrativas que afectaron el período auditado, esta auditoría entiende que el RPA ha desarrollado sus actividades y resolviendo sus limitaciones de manera razonable".

Por último recomendó para el Registro "la necesidad de medidas correctivas y mejoras en actividades centrales".

Estos datos surgieron de un relevamiento que realizó la AGCBA porteña sobre el desempeño del RPA durante el 2012, que plasmó en un documento denominado "Informe Ejecutivo" y que fue emitido en agosto de este año.

El código del proyecto fue el 5.13.11 y su objetivo consistió en "evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos institucionales en términos de eficiencia, eficacia y economía" y "verificar y evaluar el cumplimiento de la Ley 941".

Cabe destacar que el equipo auditor no tuvo acceso a los legajos del personal de locación de servicios, del personal asistente técnico y del personal planta de gabinete, porque no fueron puestos a su disposición por la Dirección General Técnica Administrativa y legal (DGTAyL) de la Secretaria de Gestión Comunal y Atención Ciudadana (SGCyAC) de la CABA que está a cargo de Eduardo Macchiavelli.

Según se desprende de la auditoría "no se aplicó ninguna sanción a los administradores de consorcios que en el ejercicio de sus funciones pudieron haber incumplido con sus obligaciones".

Sin embargo el Informe Ejecutivo acota que la coordinadora del RPA, Gabriela Pilar Saldivia, informó al auditor que "se han remitido las denuncias a la Coordinación Jurídica de la DGDyPC por decisión del director general y a causa de que no pudo ampliar el personal de planta o contratos con perfil de profesional del derecho".

En cuanto a la gestión y al control de datos, en las denuncias de los consorcistas "se observan déficits de información en materia de precisión y exhaustividad de datos", evidenció la documentación.

En cuanto a las denuncias, el informe indicó que "de los expedientes iniciados en el año 2012 no hubo resolución de ninguno de ellos".

Respecto al libro de quejas, la auditoría reveló que "el 83,3 % de los reclamos efectuados no contienen datos completos del reclamante, además de la firma tal como lo prescribe la Ley 2.247/06".

Sobre las inspecciones, la AGCBA reveló que "el ente no cuenta con inspectores en su planta de personal ni la DGDyPC tiene asignado ninguno de los suyos a la actividad de contralor específica del registro. Por tal motivo, no se registran inspecciones de oficio en la materia auditada".

De acuerdo al relevamiento, "se ha observado la existencia de un control interno sensiblemente débil por parte de la unidad ejecutora en materia de recursos humanos. El personal es escaso para la carga operativa en materia de matriculaciones, denuncias y consultas".

En este sentido, señaló también que "no se ha podido verificar la existencia de un plan de capacitación y formación del personal de la entidad".

Por último, en referencia a los cursos de capacitación de los administradores de consorcios, la AGCBA registró que "se ha observado la falta de un criterio uniforme entre las entidades habilitadas respecto a la carga horaria a los fines de otorgar el Certificado Habilitante de Administrador de Consorcios y Actualización. Algunos de ellos observan una carga total de 9 horas en tanto que otros llegan hasta las 150 horas".