La LCPH inició una campaña contra la colegiatura

Mediante su sitio Web, la Liga del Consorcista argumentó que el proyecto de colegiatura "conculca gravemente el derecho constitucionalmente garantizado a los propietarios de administrar sus patrimonios", que "quienes gerencian patrimonio ajeno no pueden ni deben tener el poder de gobernar una matrícula", que "la intención del proyecto es monopolizar un enorme mercado de servicios" y que la iniciativa resulta "absolutamente inviable ética y jurídicamente, y merece el más contundente rechazo".

Es de tener en cuenta que -si bien el pasado 6 de mayo la Cámara de Administradores de Consorcios de La Plata (CAC) le presentó la iniciativa a la diputada bonaerense Valeria Amendolara (Frente para la Victoria)- la funcionaria todavía no la ingresó a la cámara de Diputados provincial.

La fundación presidida por el Dr. Osvaldo Loisi comunicó textualmente: "hemos tomado conocimiento, con gran estupor, de la existencia de un proyecto de ley presentado recientemente ante la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires sobre la creación de un Colegio Único de Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal, que conculca gravemente el derecho constitucionalmente garantizado a los propietarios de administrar sus patrimonios".

En este sentido, la entidad señaló: "no es la primera vez que se pretende crear esta 'caja' (recordar lo que ocurría en la Ciudad de Buenos Aires en el año 2007)" y agregó: "por ahora sabemos que el proyecto existe y en muchos puntos es similar al presentado oportunamente en la CABA que fuera desestimado por presión de la ciudadanía. Por el momento, no se encuentra presentado formalmente entre los proyectos de la Legislatura y es por eso que queremos anticiparnos a su presentación llamando la atención de los legisladores".

Según explicaron desde la Liga del Consorcista, "la intención del proyecto es monopolizar un enorme mercado de servicios que -por afectar los intereses de la inmensa mayoría de la población de las ciudades- debiera estar sometido a la libre concurrencia y no quedar cautivo de una 'corporación de gerentes'".

A continuación, el organismo que nuclea a los consorcistas indicó: "por la similitud de su texto con el de otros colegios de profesionales, deducimos que sus redactores ignoran que por razones éticas y jurídicas, quienes gerencian patrimonio ajeno no pueden ni deben tener el poder de gobernar una matrícula o lista única que habilite a ejercer dichas funciones, determinando quién puede ejercerlas y quiénes no. Cuando se trata del manejo de bienes, esa es función indelegable de sus dueños o -eventualmente- del Estado".

Conforme remarcó la entidad, "es preciso tener en cuenta que cuando el médico, el abogado o el arquitecto se equivocan en el ejercicio de su profesión cometen ciertamente 'mala praxis', pero el gerente que se equivoca en el manejo del dinero confiado a su custodia, tendrá primero que demostrar que no hubo dolo".

Añadió también que "pretender invertir estos valores, encubriendo la responsabilidad del administrador por el uso discrecional del patrimonio del administrado dentro de supuestas normas técnicas o de ética profesional, es francamente descabellado, como también lo es que sean juzgados por sus pares y no por sus mandantes".

A modo de conclusión, la Liga del Consorcista aseveró que "el proyecto resulta absolutamente inviable, ética y jurídicamente y merece el más contundente rechazo en este punto. Máxime dentro del régimen de propiedad horizontal vigente, que permite –aún con la redacción del nuevo Código Civil y Comercial– que el constructor del edificio redacte a su gusto el reglamento de copropiedad y administración, fije arbitrariamente las mayorías para reformarlo y además -por diversas razones- le sea tan difícil al propietario individual controlar al administrador".

Según el texto que publicó la fundación en su sitio Web, "así como nadie puede imponerle un gerente de determinadas cualidades al dueño de una empresa, tampoco corresponde hacerlo en un consorcio, donde son los propietarios los que deben elegir a la persona, que según su único y exclusivo criterio, tenga la decencia necesaria para administrar su patrimonio".

En otro orden de cosas, desde la entidad destacaron que "llama la atención que los autores intelectuales de esta inconstitucional iniciativa, sean justamente aquellos mismos que pretenden suspender la aplicación de la Ley provincial 14.701 (Registro Público de Administradores bonaerense) por la vía judicial, amparándose en la falta de interés del Estado Provincial en reglamentarla".