El Instituto de la Propiedad Horizontal pidió la derogación de la Ley Muñoz

[BPN-27/04/16] El Instituto de Derecho de Propiedad Horizontal del Colegio Público de Abogados de Capital Federal (CPACF) pidió la derogación de la Ley Muñoz ^[1]. Argumentó que el Consejo de la Propiedad Horizontal es una copia arancelada del Registro Público de Administradores (RPA) porteño y que la Ley 5.464 se coloca por encima del Código Civil y Comercial de la Nación. Así lo informó el pasado jueves 21 de abril el Dr. Eduardo Awad, director del Instituto y expresidente de ese colegio, en su cuenta de Facebook.

Por otro lado, el letrado denunció que hay "punteros" que dicen defender a los consorcistas pero que están solicitando la modificación de la Ley Muñoz para agregar seis sillas más al Comité Ejecutivo del Consejo, las cuales serán ocupadas por representantes de pequeñas entidades de copropietarios.

Esta solicitud surgió de un dictamen que esa entidad desarrolló días previos al 21 de abril. En horas de la mañana de esa fecha, el por entonces presidente del Colegio Público de Abogados, en su Facebook personal, adelantó que el Instituto de Derecho de la Propiedad Horizontal había elaborado ese trabajo. Horas después, por la tarde, ante el pedido de sus "amigos", publicó un link que se dirigía a su blog profesional donde se podía acceder a su texto completo.

En el dictamen <texto original> dirigido a Horacio Rodríguez Larreta y a Diego Santilli, jefe y vicejefe de Gobierno, el Instituto señaló: "el RPA -que era gratuito- tiene idénticas características que el que nos propone la Ley 5.464. Lo curioso es que a los mismos fines, se ha creado una persona jurídica de derecho público no estatal que lleva el mismo registro pero ARANCELADO [NR: la mayúscula pertenece al texto original]".

A continuación agregó: "obviamente, esta nueva persona jurídica va a necesitar para funcionar ingentes sumas de dinero (retribución de los integrantes del comité asesor, inmuebles, equipamiento, infraestructura, personal dependiente, etc.). Esos fondos por decirlo en forma ligera: ¿De dónde saldrán? ¿Quiénes, en definitiva van a soportar esa pesada carga?".

Finalizando, analizó que "la Ley 5.464 es la concreción de la voluntad de un pequeño sector que pretende reducir el derecho real de propiedad horizontal a un mero sistema. Se trata de una ‘criatura’ que va a salir doblemente cara para los consorcistas y administradores, debido a la forma en que se reducen y bastardean los derechos y porque vamos a tener que soportar los costos del referido consejo".

"Con el fin de evitar tamaño perjuicio a la sociedad porteña, se peticiona la lisa y llana derogación de esta ley", sentenció.

En otro orden de cosas, los autores del dictamen -analizando el marco legal del ejercicio de la administración de consorcios en la CABA que dispuso el artículo 18º de la Ley Muñoz- opinaron que la Ley 5.464 "se coloca a sí misma en primer lugar en la pirámide de las normas aplicables, luego viene la legislación nacional", y resaltaron: "debe quedar claro que luego de la puesta en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación las obligaciones y derechos del administrador son los que el Código (ley nacional) reconoce. La ley local sólo podrá regular o reglamentar sin producir alteraciones, agravar o menoscabar esas derechos y obligaciones".

Por último, en el dictamen se explicó: "los consorcistas tienen sólo ‘una silla’ de las 11 que componen al órgano máximo de este Consejo. Pero lo más curioso es que las instituciones que se han reservado más de una silla en el Comité no representan, en conjunto, a más de 70 mil personas en la Ciudad; en tanto, los propietarios integrantes de consorcios (los actores, reiteramos, una silla) superan los 2 millones de vecinos".

En otro orden de cosas, en su Facebook <texto original> Awad denunció: "existen grupos de personas que dicen defender los derechos de los consorcistas y que están solicitando a los funcionarios la modificación de la ley para que se agreguen seis sillas más a la mesa directiva del engendro que significa el Consejo de la Propiedad Horizontal de la CABA a fin de asegurarse la participación de los directivos de algunas entidades que agrupan a muy pocos consorcistas", y afirmó: "esto no es más que mentir a quienes dicen defender, esto no es más que ejercer la política en forma sucia e irrazonable".

Por último, expresó: "llamo a la reflexión a esos cinco o seis punteros de pequeñas entidades para que dejen de lado las apetencias políticas personales que los cantos de sirena de algún político profesional alimentan en ellos y comiencen a defender realmente el derecho de los propietarios"

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