Está todo preparado para votar la modificación a la Ley Muñoz

[BPN-24/05/16] Según el legislador Hernán Arce (Partido Socialista), el próximo jueves 26 de mayo se votaría en el recinto de la legislatura porteña una modificación de la Ley Muñoz ^[1] que creó un Consejo de la Propiedad Horizontal en esta ciudad. Puntualmente se tratará el dictamen <texto original> elaborado el pasado miércoles 18 de mayo por la Comisión de Legislación General. La CAPHyAI (Cámara Argentina de Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias) se consideraría satisfecha con esos cambios. Con respecto a su tratamiento en el recinto, en el día de ayer, el legislador Daniel del Sol (PRO) expresó a un grupo de vecinos que el tema será tratado a mediados de junio.

A grandes rasgos, el dictamen aprobado reduce los representantes del SUTERH ^[3] de tres a uno, sube los de los consorcistas de uno a dos y aumenta de uno a tres los miembros del Gobierno de la CABA. Además, elimina la representación de los consumidores y usuarios, mantiene la representación de SEARA ^[4] y del Defensor de los Inquilinos porteños, Fernando Muñoz. Propone que todos los cargos sean adhonorem. Por otra parte, la matrícula de los administradores este año no podrá superar los 2 mil pesos,

Los integrantes de la Comisión tomaron para su estudio tres iniciativas: el proyecto de derogación de Hernán Arce (Expte. 648-D-2016) y las propuestas de modificación presentadas por Diego García de García Vilas (Confianza Pública) (Expte. 233-D-2016) y el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta (Expte. 858-J-2016).

Sin embargo, no tomaron en cuenta otras tres iniciativas. Una de ellas también fue presentada por Arce y buscaba crear un Consejo Consultivo de Propiedad Horizontal no vinculante (Expte. 1074-D-2016). Otra fue ingresada por el vecino Osvaldo Buscaya para derogar la Ley Muñoz (Expte. 603-P-2016) y la última –para modificar la norma- correspondía al Adm. Juan Manuel Acosta y Lara, presidente de AIERH ^[2].

La Comisión tampoco trató un proyecto de modificación (Expte. 1422-D-2016) ingresado por la legisladora Silvia María Eva Gottera (Frente para la Victoria) minutos después de iniciada la reunión. Ésta toma elementos de la propuesta de Acosta y Lara y le introduce numerosas modificaciones <texto original>.

El dictamen de la Comisión de Legislación General propone que el SUTERH cuente con un representante -en lugar de tres- dentro del Comité Ejecutivo del Consejo de la Propiedad Horizontal, aunque no podrá tener injerencia en el control de la matrícula de los administradores ni en el Tribunal de Disciplina.

Además, pretende que las asociaciones de consorcistas tengan dos representantes en lugar de uno, y que se elimine completamente la presencia de las asociaciones de consumidores y usuarios. No establece –al igual que la Ley Muñoz- cuál sería el mecanismo para lograr esa representación.

Se mantiene la presencia de SEARA ^[3] que al parecer tendría las mismas facultades que los demás miembros del Comité ya que no se especifica lo contario, como en el caso del gremio de los porteros. O sea que tendrá participación activa en el control de la matrícula de los administradores y en el Tribunal de Disciplina.

También se mantiene la presencia de los tres representantes de los administradores por cada una de las entidades que firman los convenios colectivos de trabajo: AIERH, CAPHyAI ^[5] y UADI ^[5]. Nunca, ni la Ley Muñoz ni los diferentes proyectos de modificación, explicaron por qué se eligieron estas tres entidades de administradores de un universo de seis existentes. Quedaron afuera AIPH (Asociación Civil de Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal AIPH), FRA (Fundación Reunión de Administradores) y APARA (Asociación de Profesionales Administradores de la República Argentina).

Asimismo, se mantiene la presencia del Defensor de los Inquilinos porteños, Fernando Muñoz, el polémico autor de esta ley.

En cuanto a los miembros pertenecientes a la ciudad, el dictamen tomó la propuesta de Larreta: que ocupen los cargos la directora de Defensa y Protección al Consumidor –que será la presidenta del Consejo y tendrá derecho a veto- y dos funcionarios designados por esa Dirección. Los tres permanecerán en el cargo indefinidamente hasta que se designe un reemplazo. Es de destacar que desde diciembre de 2015, la directora de Defensa y Protección al Consumidor es la Dra. Vilma Bouza.

Asimismo, se estableció que todos los miembros de ese Comité van a ser adhonorem y que deberán presentar anualmente su Declaración Jurada Patrimonial ante la Legislatura de la ciudad.

En otro orden de cosas, el dictamen agregó que el valor del canon de inscripción y la cuota anual que deberán abonar los administradores no podrá ser superior a 400 unidades fijas (UF), cuyo valor será establecido anualmente por la Ley de Presupuesto. Se estipula que dichos costos deberán ser absorbidos de manera directa por los administradores, no pudiendo trasladar a los consorcistas, propietarios o inquilinos los gastos asociados. De esta manera argumentan que se evitaría un aumento en las expensas.

Por último, se incluye una cláusula transitoria que fija en 5 pesos el valor de la unidad fija para el 2016. Con lo cual, la inscripción y la matriculación no podrá superar los 2.000 pesos al menos durante este año. Esta cifra, si se aplica a un padrón de 6 mil administradores, implica un ingreso para el Consejo de 12 millones de pesos anuales (844.178 dólares). Sin embargo, hay que tener en cuenta que de no existir esta cláusula transitoria, la matrícula de los administradores saldría 3.080 pesos dado que el 4 de febrero pasado la unidad fija se estableció, por el término de seis meses, en $7,70 ^[6]. Esto significará -vencida esta cláusula- un aumento de un 54% -a valores de hoy- en el costo de la matrícula. Multiplicada por los 6 mil administradores representaría un ingreso anual para la entidad creada por Muñoz de 18.480.000 pesos (u$s 1.300.35,17). 

Por otro lado, la modificación agrega también que el Reglamento General del Consejo va a determinar el régimen de sanciones aplicable a los miembros de ese nuevo ente.

Tomando la propuesta de García de García Vilas, el dictamen eliminó el "derecho" que le otorga la Ley 5.464 (Art. 33°, inc. c) a los mandatarios de los consocios de "abstenerse de cumplir cualquier resolución de la asamblea de copropietarios o del Consejo de Propietarios, previa notificación a éstos, que fuera contraria a las leyes y decretos nacionales o de la Ciudad, reglamento de copropiedad, reglamento interno o cualquier otra disposición legal".

Por último, se excluye por completo el Título V de la Ley Muñoz que hace referencia a la "Resolución de Conflictos". Es de destacar que Arce subrayó que el Consejo tiene la facultad de crear ese mismo sistema y, por lo tanto, esa eliminación es cosmética.

Puntualmente, el dictamen modifica los siguientes artículos de la Ley Muñoz: 5°, 9°, 10°, 11°, 13° y 14°. Además, deroga el inciso i) del artículo 12°, el inciso c) del artículo 33 y todo el Título V.

Dicho documento fue firmado por cuatro legisladores del PRO: el presidente de la Comisión de Legislación General, Daniel del Sol; Mercedes de las Casas; María Cecilia de la Torre; y Roberto Quattromano. Mientras que Diego García de García Vilas firmó en disidencia; no plasmaron su firma la vicepresidenta de la Comisión, María Inés Gorbea (SUMA+); Patricio del Corro (PTS); Eduardo Petrini (PRO) y María Magdalena Tiesso (FpV).

En declaraciones realizadas al diario Clarín el pasado 23 de mayo, el Adm. Daniel Tocco, presidente de la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias, consideró: "teniendo en cuenta que la ley fue votada en su momento por 58 diputados, era difícil que ahora quisieran derogarla, con lo cual, con estos cambios nos damos por satisfechos".

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[1] Ley Muñoz: El 20 de noviembre de 2015, Fernando Muñoz (Frente para la Victoria) ingresó a la Legislatura porteña un proyecto de ley -bajo el número de expediente 2455-D-2015- para transferirle el control del RPA porteño a un Consejo de la Propiedad Horizontal. La conducción del nuevo Consejo está compuesta por 11 miembros de los cuales una importante mayoría son del SUTERH, de las entidades de administradores que firman los Convenios Colectivos de Trabajo y de un nuevo sindicato que agrupa empleados de administraciones de consorcios (SEARA). Poco tiempo después Muñoz fue nombrado Defensor de los Inquilinos porteños. Trece días después, el 3 de diciembre, la Legislatura aprobó sobre tablas y sin debate parlamentario esa ley que hoy lleva el número 5.464.

[2] AIERH: Asociación Inmobiliaria Edificios Renta y Horizontal.

[3] SUTERH: Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal.

[4] SEARA: Sindicato de Empleados de Administradoras de la República Argentina.

[5] UADI: Unión Administradores de Inmuebles.

[6] Resolución N.º 23/SSJUS/16 (BO: 04/02/2016)