[BPN-27/03/13] En España, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) propuso modificar la Ley de Propiedad Horizontal para que los consorcios estén obligados a realizar obras de accesibilidad en todos los casos que sea necesario sin límite en el monto de las obras.

Esta iniciativa el CERMI se la hizo llegar al Ministerio de Fomento de ese país -que en este momento tramita un anteproyecto de Ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas- con propuestas para cambiar el texto vigente de esa ley.

Mediante un comunicado del 18 de marzo pasado, el comité destacó que la actual regulación "supone un trato desigual discriminatorio" hacia las personas con movilidad reducida o con discapacidad y proponen que sea obligatorio adaptar aquellos consorcios en los que vivan personas con discapacidad o lo soliciten mayores de 70 años.

El CERMI expresó que con estos cambios se terminará "con la injusticia histórica que padecen las personas con discapacidad y mayores, que no tienen garantizados sus derechos a una vivienda digna por falta de condiciones de accesibilidad de los inmuebles". Siguiendo este argumento, agregó que la actual ley "vulnera gravemente los derechos a la libre circulación y a disfrutar de una vivienda digna que reconoce la Constitución Española, por lo que es necesario abordar su inmediata reforma".

En el inciso 2º del artículo 10º de la Ley de Propiedad Horizontal de España ya se determina la obligación de efectuar las obras de accesibilidad en los edificios aunque quedan excluidas aquellas que superen ciertos montos.

Actualmente la norma establece las obligaciones del consorcio sobre este tema según tres niveles de ingresos familiares:

1) En aquellos casos en que los consorcistas ganan más de 15.975 euros anuales -2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM)- es obligatorio encarar obras para hacer accesible el consorcio sólo si el costo total no supera la suma de "doce mensualidades ordinarias de gastos comunes [expensas]".

2) Si en el edificio hay una unidad cuya familia llegue a los 15.975 euros pero con subvenciones o ayudas públicas del Estado es obligatorio realizar las obras sólo si su costo no supera un tercio de sus ingresos anuales.

3) Si en el consorcio hay por lo menos una familia que gana menos de esa cifra anual no es obligatorio realizar obras de accesibilidad.

De acuerdo a su sitio Web, "el CERMI es la plataforma de encuentro y acción política de las personas con discapacidad, constituido por las principales organizaciones estatales de personas con discapacidad, varias entidades adheridas de acción sectorial y un nutrido grupo de plataformas autonómicas, todas las cuales agrupan a su vez a más de 7 mil asociaciones y entidades, que representan en su conjunto a los 3.8 millones de personas con discapacidad que hay en España, un 10% de la población total".

Sus funciones son, entre otras, "desarrollar una acción política representativa en defensa de los derechos e intereses de las personas con discapacidad, tanto colectiva como individualmente".