[BPN-16/08/21] El pasado 31 de julio Facundo Carrillo fue transferido de la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal de la CABA a la Secretaría de Planificación, Evaluación y Coordinación de Gestión.

El cargo de Carrillo fue ocupado Julia Raquel Domenicone que es licenciada en Economía en la Universidad de Buenos Aires. La funcionaria se desempeña en la administración pública porteña desde octubre de 2009 y su último cargo –antes de esta promoción- fue el de subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos durante casi 6 años.

Las dos reasignaciones de cargos fueron decretados por Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno de la CABA mediante el Decreto 259/21 del 27 de julio (BO: 29/07/21).

Carrillo comenzó a ser conocido por la comunidad consorcial luego de ser designado director del Centro de Gestión y Participación (CGP) Nº 2 (Recoleta) cuando asumió Mauricio Macri como jefe de Gobierno en diciembre de 2007.

En ese CGP ya funcionaba desde 2005 -gestión de Aníbal Ibarra- la primera Comisión de Consorcios que se creó en un CGP en la CABA. Su creadora fue la Sra. Teresa Villanueva.

Cumpliendo con la Ley de Comunas, en diciembre de 2011 Carrillo pasa a ser presidente de la Comuna 2 y sigue en ese cargo sin mayores novedades para la comunidad consorcial hasta diciembre de 2015.

Ese año, con la ascensión de Larreta a jefe de Gobierno porteño, Carrillo fue nombrado subsecretario de Demanda Ciudadana, Calidad y Cercanía.

El 13 de septiembre de 2017, Larreta presentó un proyecto de autoría de Carrillo que constaba de dos puntos ^[1]:

1.- Se desarrollaría un sistema informático gratuito, de uso obligatorio para los administradores, que concentraría toda la actividad profesional, comercial, societaria y comunicacional de los consorcios y los consorcistas.

2.- Se ofrecerían productos y servicios bancarios a través del Banco Ciudad y se dispondrá que sea la única entidad financiera habilitada para tal fin.

Ese mismo mes Carrillo fue promovido a secretario de Atención y Gestión Ciudadana.

Este proyecto generó un intenso debate en el sector de la propiedad horizontal porque se consideró que la característica monopólica de esta aplicación destruiría la industria informática del sector que se encontraba en pleno desarrollo. También se sospechaba que esta acumulación de información privada en manos del Estado local –sin antecedentes en el país- no tenía como fin controlar a los administradores sino monitorear a los mismos consorcistas.

Una de las consecuencias a lo que por aquel entonces se llamaba proyecto Carrillo fue la creación casi inmediata de la Cámara Argentina de Sistemas Informáticos de la Propiedad Horizontal (CASIPH) con el objetivo de defender sus fuentes de trabajo ^[2].

Otro efecto fue que –por segunda vez en su historia- la mayor parte de las entidades de administradores, de consorcistas y CASIPH se unieron en la lucha para que el Proyecto Carrillo no se pueda convertir en ley. De hecho ese año -a pesar de los esfuerzos denodados del Gobierno local- no consiguieron hacer aprobar el proyecto aunque a fin de año Carrillo amenazó por TV que su iniciativa "tomará agenda legislativa en marzo del año próximo" ^[3].

El 2018, para la comunidad consorcial, comenzó con una novedad importante: El 27 de enero, Larreta y Carrillo anunciaron 14 medidas -entre ellas Consorcio participativo- para bajar las expensas un 20% ^[4]. Sin embargo un año después las expensas no sólo no habían bajado sino que se estimaba que su aumento había sido de un 35% ^[5].

Mientras la oposición a la iniciativa crecía, el 16 de mayo de 2018, Larreta volvió a presentar el Proyecto Carrillo aunque con algunos cambios para hacerlo más potable para el gran público.

Propuso cambios en la Ley 941 de dos tipos:

1.- Su iniciativa modificó las obligaciones de los administradores de consorcios, las condiciones para su inscripción y permanencia en el RPA y

2.- Cambió los artículos relacionados con la creación de la Aplicación Oficial Consorcio Participativo. El proyecto también lo planteó como una obligación del administrador y –según numerosas objeciones planteadas- en forma indirecta también intentó obligar a los consorcistas ^[6].

Finalmente el 28 de junio de 2018 el Proyecto Carrillo se convirtió en la Ley 5.983 ^[7].

Tras su promulgación se iniciaron una serie de juicios contra la ley: uno de una cámara de administradores, otro de una empresa informática del sector y uno más de un consorcista. La mayoría de los cuales no prosperaron. Sin embargo la letrada que lleva la causa del consorcista consiguió llegar con ella hasta la Corte Suprema de la Nación.

El resto de los actores expresaron a este medio que preferían esperar a que la ley se reglamente para iniciar acciones legales.

Desde que asumió como Subsecretario de Demanda Ciudadana, Calidad y Cercanía hasta que renunció a su cargo de secretario de Atención Ciudadana y Gestión Comunal transcurrieron 5 años y 7 meses.

La Ley Carrillo nunca se reglamentó