La Auditoría revisara los sistemas informáticos de Defensa del Consumidor

[BPN-15/03/23] Recientemente se dio a conocer que durante este año la Auditoría General (AGCBA) de la CABA examinará "los sistemas, herramientas y procesos tecnológicos aplicados al control del cumplimiento de los derechos del consumidor" de la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor porteño. Así está previsto según el Plan Anual de Auditoria del 2023 de su Dirección General de Sistemas de Información.

La AGCBA tiene previsto dedicar un estimado de 2.700 horas para "relevar los sistemas [informáticos] vigentes, analizar el entorno informático y evaluar el nivel de cumplimiento de los marcos normativos tecnológicos".

Para tener una idea del tiempo que se le dedicará a este tema, 2.700 horas corresponden a más de 15 meses de una persona que trabaja 8 horas por día durante 22 días al mes.

Es de recordar que durante ese año se produjeron muchas novedades relacionadas con los sistemas informáticos de Defensa y Protección al Consumidor, en general vinculados al mal funcionamiento del buscador de administradores y la información que presenta a los usuarios.

El 30 de abril de 2022 Vilma Bouza, directora general de Defensa y Protección del Consumidor porteño, anunció que el 12 de mayo estaría inaugurado el buscado de administradores del Registro Público de Administradores (RPA) ^[1].

El 3 de mayo el buscados estuvo disponible con graves fallas y el viernes -tres días después- parte de sus herramientas fueron deshabilitados ^[2].

El 5 de mayo el coordinador de la Comisión de Consorcios de la Comuna 3, Andrés Zulberti, solicitó a Bouza que corrija 4 errores que detectó en el nuevo buscador de administradores del RPA de esta ciudad ^[3].

El 19 de mayo Zulberti presentó una denuncia contra la DGDyPC ante la Procuración General de la CABA por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Argumentó que el buscador del RPA porteño nunca informó las sanciones que se impusieron a los administradores en los últimos años a pesar de lo ordenado por el artículo 7º de la Ley 941 ^[4].

El 3 de octubre Bouza ordenó ampliar los gastos en el sistema informático de su área en otros 13 millones de pesos. Hasta ahora ese sistema consumió casi 25 mil horas de programación y costó a los contribuyentes casi 70 millones de pesos u 809 mil dólares ^[5].

Finalmente durante el mes de diciembre del año pasado Defensa y Protección del Consumidor rehabilitó el buscador de administradores de consorcios que exige el artículo 7º de la Ley 941. En esta oportunidad informa las multas aplicadas y se puede buscar quién administra un consorcio determinado ^[6]