Si hay acuerdo la denuncia se archiva

[BPN-15/05/23] El pasado 27 de abril la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor (DGDyPC) porteño especuló con que pueden existir cuatro razones por las cuales no prosperaron las 1.366 denuncias contra administradores de consorcios que se realizaron durante el 2022 por infracciones a la Ley 941 (Registro Público de Administradores).

Si bien no aportaron ni número ni porcentajes, textualmente respondieron:

a) Que las mismas se encuentren finalizadas.

b) Que las mismas se encuentren actualmente en trámite.

c) Que no se continuaran ante el desistimiento de la misma del/la denunciante o de ambas partes.

d) Que hayan finalizado con acuerdo por lo que se procede al archivo de las mismas.

Sobre la última respuesta de Defensa del Consumidor, la redacción de Pequeñas Noticias le preguntó al Dr. Eduardo Awad, presidente de la Asociación de Propietarios, Consorcios y Consorcistas de la República Argentina (APCCRA): Teniendo en cuenta que las infracciones a la Ley 941 son objetivas, ¿Ud. está de acuerdo que un presunto infractor a la Ley 941 pueda eludir la sanción que ordenó la Legislatura por medio de una conciliación?

El expresidente del Colegio Público de Abogados de Capital Federal respondió: "La conciliación no está prevista ni siquiera en la Ley 941 y yo creo que el administrador tendría que tener algún tipo de sanción porque la infracción la cometió. Entonces comete una infracción, va a la conciliación y ahí se soluciona todo. Para el consorcista está bien porque se le soluciona el problema pero el administrador sigue sin recibir una sanción y si en otra ocasión comete de vuelta la misma infracción, va a pasar exactamente lo mismo.

"Opino que el administrador tendría que tener algún tipo de sanción, por ejemplo hacerse cargo de los gastos en los que incurrió el consorcista u otro. No es mi tarea fijar cuál sería la sanción en lugar de Defensa del Consumidor. Ya que tienen bajo su manto a la propiedad horizontal que trabajen en eso".

El 7 de abril el coordinador de la Comisión de Consorcios de la Comuna 3, Andrés Zulberti, había solicitado DGDyPC este informe mediante un pedido de información pública (Ley 104) ^[1].

Su inquietud nació a raíz de verificar que en los últimos 5 años –según datos oficiales- se realizaron 8.496 denuncias y sólo se sustanciaron 2.483 disposiciones. O sea que en total quedaron 6.013 denuncias sin una explicación sobre su destino o las razones de su desestimación.

Actualmente, el Registro Público de Administradores (RPA) porteño está coordinado por Diego Sarrabayrouse, depende de Defensa y Protección del Consumidor cuya directora general es Vilma Bouza y su superior directo es desde el 1º de agosto de 2021 Julia Domeniconi, secretaria de Atención y Gestión Ciudadana y es dependiente funcional de Eduardo Macchiavelli, secretario de la Unidad de Proyección Federal y Desarrollo Territorial (UPFDT)