En junio dos multas por falta del código QR sumaron 4 millones

Las dos multas fueron por 4 mil unidades fijas que, al día de hoy, representan 4.068.000 millones de pesos o 3.234 dólares a cotización oficial.

Si bien entre las obligaciones del administrador el inciso ‘f’ del artículo 9º de la Ley 941 ya contempla que éste debe "conservar la documentación del consorcio y garantizar el libre acceso de los consorcistas a la misma" y el artículo 10º establece la información pormenorizada que debe contener la liquidación de expensas, la Disposición 1146 obliga a facilitar a cada consorcista copia de la documentación original sobre la que se basó la liquidación de ese mes [1].

La primera multa fue a una sociedad de responsabilidad limitada por 2.135.700 pesos (u$s 1.698) y fue a consecuencia de la denuncia de una vecina del consorcio.

En el primero de los casos se incorporaron dos denuncias previas de ese mismo consorcio para tramitarlas en un único expediente. Se destaca que la empresa sumariada debidamente notificada mediante correo electrónico no efectuó descargo por lo que los funcionarios de Defensa al Consumidor entendieron "que no niega ni desconoce los hechos que le fueran presuntivamente atribuidos".

Defensa del Consumidor señaló que "el quebrantamiento a las formalidades exigidas por los artículos 1° y 2° de la Disposición DI-2024-1146-GCABA-DGDYPC [...] respecto de la incorporación a los formularios de liquidaciones de expensas de un código QR o un link/hipervínculo generado por la administración, impide a los consorcistas velar por la integridad de las finanzas comunes, así como garantizar su adecuado control".

Si bien la sociedad tuvo una sanción en 2021, las autoridades destacaron que no fue reincidente durante los últimos dos años.

El 30 de junio el sancionado apeló la medida ante la Justicia porteña recayendo la causa en la Sala 3 de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo.

La segunda multa se ordenó contra la persona física de un administrador por 1.932.300 pesos (u$s 1.536) y también fue a consecuencia de la denuncia de una consorcista.

En este caso el sumariado tampoco efectuó descargo alguno.

Igual que en el caso anterior las autoridades señalaron que el quebrantamiento a las formalidades exigidas por los artículos 1° y 2° de la Disposición DI-2024-1146-GCABA-DGDYPC "impide a los consorcistas velar por la integridad de las finanzas comunes, así como garantizar su adecuado control".

En este caso destacaron que el administrador ya había sido reincidente en dos casos: tuvo una sanción en 2024 y otra en 2025.

Al día de la fecha no consta que el sancionado haya apelado la medida ante la Justicia