Las publicaciones de sanciones en el BO subieron un 19%

[BPN-15/01/26] Durante el segundo año de gestión de Carlos Traboulsi como director general de Defensa y Protección al Consumidor porteño, las sanciones publicadas en el Boletín Oficial por infracciones a la Ley 941 (Registro Público de Administradores) subieron un 19%.

En 2024 se publicaron 237 disposiciones contra 248 administradores, mientras que el año pasado la cifra ascendió a 282 disposiciones contra 301 administradores. Esto representó un incremento del 18,99% en las disposiciones y del 21,37% en la cantidad de sancionados.

Al dividir la cifra recaudada por la cantidad de sancionados, se observa que durante 2025 la multa promedio fue de 1,3 millones de pesos, frente a los 198 mil pesos del año anterior, lo que representa un aumento del 552%.

Por otra parte, si se toma la cifra total en dólares, cada multa promedio fue de 1.126 dólares en lugar de los 255 dólares de 2024, lo que significa un incremento del 342%.

De las 301 disposiciones sancionatorias ordenadas, 13 habían sido firmadas por la directora general precedente, Vilma Bouza, y 288 por Traboulsi.

A primera vista, al observar la cantidad de reincidentes con respecto al total de sancionados, el 2025 muestra una leve disminución. Los números indican que el porcentaje de reincidentes bajó del 42% al 32% en la comparación interanual.

En un análisis detallado, se destaca que descendieron en un 7% aquellos infractores con hasta tres sanciones previas, y en un 14% los que registraban más de tres sanciones durante los últimos dos años.

De acuerdo a lo publicado en el Boletín Oficial, durante 2025 hubo tres administradores que acumulaban seis sanciones previas (alcanzando su séptima multa), otros tres tenían cuatro multas anteriores (sumando cinco) y en 34 oportunidades contaban con dos o tres antecedentes.

Si bien los incisos "c" y "d" del artículo 15º de la Ley 941 contemplan para estos casos de reincidencia constante la suspensión de hasta nueve meses o la exclusión del Registro, las únicas exclusiones informadas se debieron a la presentación de documentación apócrifa en las declaraciones juradas.

Desde el año 2014, se han publicado en el Boletín Oficial 2.880 disposiciones sancionatorias contra 2.578 administradores.