En 2025 las multas subieron casi un 1.000% en pesos

[BPN-15/02/26] Durante el año pasado, las 381 multas económicas ordenadas por la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor (DGDyPC) porteña contra administradores de consorcios -por infracciones a la Ley 941- sumaron casi 891 millones de pesos ($ 890.523.960). Esta cifra representó un incremento del 972,1% respecto al año anterior, cuando se recaudaron poco más de 83 millones de pesos por este concepto. De este modo, 2025 se consolidó con máximos históricos de recaudación tanto en moneda nacional como en dólares.

Las multas promedio del año pasado alcanzaron los $ 2.331.214, frente a los $ 233.309 de 2024. Teniendo en cuenta que la inflación interanual fue del 31,5%, el valor de la multa promedio real subió un 984,91%.

Una de las explicaciones principales radica en el fuerte aumento de la unidad fija con la que el Gobierno porteño calcula las sanciones: en 2025, esta unidad pasó de $112,8 a$ 1.017, un incremento del 801,6%. En consecuencia, ante una infracción de igual gravedad que en 2024, el monto a pagar en pesos aumentó un 800%.

Al convertir el monto de cada multa al valor promedio del dólar oficial (promedio de cotización compradora y vendedora del mes correspondiente), la recaudación total de la CABA superó los 711 mil dólares (u$s 710.766,39). Esto implicó un ascenso del 647,4% en comparación con los u$s 87.360,12 registrados en 2024.

El análisis en moneda extranjera confirma que las sanciones superaron ampliamente el ritmo inflacionario: mientras que la multa promedio en 2024 era de u$s 250, el año pasado saltó a u$s 1.866, lo que representa un aumento del 747,1%.

Durante el año pasado, la cantidad de disposiciones sancionatorias emitidas por la DGDyPC contra administradores de consorcios aumentó un 7%: se dictaron 385 disposiciones frente a las 360 del periodo anterior. Del total de 2025, 381 fueron multas económicas y una consistió en un apercibimiento. Asimismo, se registraron tres sobreseimientos.

Desde que Pequeñas Noticias lleva este registro, el organismo ordena un promedio de 461 disposiciones anuales. El año con menor actividad sancionatoria fue 2024 (360), mientras que el máximo histórico se dio en 2022, con 562 intervenciones.

El encarecimiento de las multas generó un correlato en la Justicia. Se observó un incremento en las presentaciones de los administradores para revocar las sanciones: el porcentaje de disposiciones judicializadas subió al 24,3%.

Tras dos años de descenso, el porcentaje de sanciones recurridas recuperó terreno. Resulta lógico suponer que, cuando el monto de las multas quiebra cierto punto de equilibrio, resulta más económico contratar asesoría legal para cuestionar la disposición en sede judicial que abonar el importe.