Leve suba de las sanciones pero se triplicaron las apelaciones

[BPN-15/05/26] Durante 2025 la cantidad de disposiciones sancionatorias contra administradores por faltas a la Ley 941 (Registro Público de Administradores porteño) no acompañó el creciente número de denuncias recibidas. También se redujo el total de sanciones que por este mismo motivo fueron publicadas en el Boletín Oficial.

Por otra parte, las apelaciones judiciales contra estas disposiciones se triplicaron. Finalmente, aumentó de forma abrupta la cantidad de ejecuciones fiscales iniciadas por el Gobierno porteño ante la Justicia para intentar cobrar las multas que no fueron apeladas.

Este informe ofrece un panorama general sobre las diferentes instancias del proceso: desde que el vecino radica la denuncia hasta que la sanción llega al Boletín Oficial, incluyendo las apelaciones y los intentos del Estado por percibir los montos impagos.

Durante 2025, solo una de cada ocho denuncias contra administradores de consorcios derivó en una sanción formal. Según datos oficiales, ese año se realizaron 3.222 denuncias ante el RPA porteño, se ordenaron 385 (11,9%) disposiciones sancionatorias y se publicaron 226 (7%).

Este último porcentaje mantiene una tendencia decreciente desde 2022, año en que se sancionó el 29,5% de las denuncias; la cifra bajó al 21,56% en 2023 y llegó al 12,8% en 2024.

Durante 2025, el 41,3% de las multas ordenadas por Defensa y Protección del Consumidor por infracciones a la Ley 941 no se publicaron en el Boletín Oficial.

Este indicador se incrementó de forma sostenida durante los últimos cuatro años: en 2022 fue del 15,8%, en 2023 subió al 18,4% y en 2024 alcanzó el 22,2%. El registro del año pasado fue el más alto desde la pandemia, cuando se ubicó en el 43,8%.

Las apelaciones de los administradores inconformes con las sanciones del Gobierno de la CABA pasaron de 42 en 2024 a 128 el año pasado. Esto significa que una de cada tres sanciones fue judicializada, el porcentaje más alto registrado desde 2018.

El año pasado, el Gobierno porteño debió recurrir a la Justicia para intentar cobrar el 94,8% de las sanciones que no fueron apeladas. Si bien este porcentaje puede incluir multas impagas de ejercicios anteriores, la cifra destaca por su magnitud.