Consorcio Participativo se pospuso para el jueves 28

[BPN-25/06/18] El pasado 14 de junio la Legislatura porteña, a último momento, decidió posponer por 14 días el tratamiento legislativo del proyecto de ley conocido como "Consorcio Participativo" de autoría del secretario de Atención y Gestión Ciudadana, Facundo Carrillo, y presentado por Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno porteño.

La coalición oficialista no difundió las razones de esta decisión aunque todo hace suponer que no sólo no hay consenso para su tratamiento sino que así, en los términos en que está redactada, tampoco conseguiría los votos necesarios. Según diferentes fuentes, muchos legisladores de la coalición Vamos Juntos, en privado, no estuvieron de acuerdo con varios puntos del proyecto de Carrillo aunque manifestaron que deberán votar según las directivas del Ejecutivo que presiona fuertemente para ver el proyecto sancionado lo antes posible.

Durante estos quince días, todos los sectores afectados por el proyecto realizan febriles reuniones con funcionarios y legisladores para intentar lograr acuerdos en sintonía con sus convicciones o necesidades.

En un futuro y de aprobarse el proyecto, haciendo ingeniería inversa, de la lectura detallada de las modificaciones que sufra el despacho de mayoría se podrá entender alrededor de qué puntos realmente giraron las diferencias.

En general se considera al bloque "Vamos Juntos" como un partido políticamente homogéneo pero eso no es exactamente verdad, es una coalición que está compuesto de cuatro fuerzas: el PRO, la Coalición Cívica ("Lilita" Carrió), Confianza Pública (Graciela Ocaña) y la UCR que en el Cambiemos nacional está encabezado por Facundo Suarez Lastra y Jesús Rodríguez. El PRO tiene 26 legisladores, o sea que sólo no tiene la mayoría legislativa. El bloque de la Coalición Cívica y Confianza Pública tienen 4 ediles cada uno y la UCR tiene un único legislador ^[1].

Todo hace suponer que estos 14 días se utilizarán para limar asperezas y tratar de lograr un proyecto que satisfaga a todas las partes. De no lograrlo en los plazos anunciados el futuro de la iniciativa no se ve muy claro.

Por otra parte un actor del sector -que por el momento prefirió mantener su nombre en reserva- adelantó que la semana pasada comenzaron las tratativas con una firma de abogados porteña de renombre para iniciar acciones judiciales en forma inmediata de ser aprobado el proyecto de ley de Carrillo. Si bien no hay más precisiones aclaró que se atacará específicamente lo concerniente a Consorcio Participativo y no el total de la ley 

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La Comuna 12 también rechazó Consorcio Participativo

[BPN-25/06/18] El pasado 23 de junio el coordinador de la Comisión de Consorcios de la Comuna 12, Osvaldo Musante, comunicó que el día anterior el Consejo Consultivo de la Comuna 12 remitió una nota a su Junta Comunal expresándole su rechazo al proyecto de ley Consorcio Participativo de autoría de Facundo Carrillo y presentada en la Legislatura por segunda vez por Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno porteño.

El rechazo es puntualmente a la incorporación a la iniciativa de modificación de la Ley 941 de "una plataforma web denominada Consorcio Participativo". El Consejo Consultivo consideró que dicha plataforma "no se explicita claramente", que la iniciativa "no habría encontrado a la fecha una redacción clara", que "permitiría generar un costo a los consorcistas", y que "daría lugar a situaciones de conflicto y litigiosas evitables".

El primer Consejo Consultivo que rechazó el proyecto de ley "Consorcio Participativo" fue el de la Comuna 3 que lo hizo por unanimidad el 28 de diciembre del año pasado. Andrés Zulberti, coordinador de la Comisión de Consorcios de esa comuna en esa oportunidad explicó: "Yo creo que el (Registro Público de Administradores (RPA) evidentemente no está funcionando muy bien y lo que quiere el gobierno es tercerizar, obligar, tener el control y encima pedirnos nuestros datos", y finalizó: "El Gobierno tiene que controlar al administrador desde el Registro ante las denuncias que nosotros podemos hacer en base a la Ley 941 y punto" ^[1].

El 4 de junio, la Comisión de Propiedad Horizontal de la Comuna 6 presentó al presidente de la Legislatura porteña una carta expresándole su rechazo al proyecto Consorcio Participativo. La carta fue dirigida a Diego Santilli en su carácter de presidente de la Legislatura de la CABA y enumeró a lo largo de 14 puntos las razones por las cuales la Comisión tomó la decisión de peticionarle "se arbitren los medios necesarios para que no se apruebe el proyecto de ley" ^[2].

Es de recordar que el Consejo Consultivo es el órgano más cercano a los vecinos creado por la Ley Orgánica de las Comunas.

Define ese órgano el artículo 33º de la Ley 1.777 que ordena cumpliendo un mandato de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires: "Créase en el ámbito de cada Comuna, el Consejo Consultivo Comunal como organismo consultivo y honorario de participación popular, conforme lo establecido en el artículo 131º de la Constitución de la Ciudad".

Está integrado por representantes de entidades vecinales no gubernamentales, partidos políticos, redes y vecinos individuales domiciliados en la Comuna (Artículo 34º).

Entre sus funciones del Consejo Consultivo Comunal se destacan "presentar ante la Junta Comunal iniciativas así como propuestas para la implementación de programas y políticas de interés comunitario" (inciso c del artículo 35º) y "promover, ordenar, canalizar y realizar el seguimiento de las demandas, reclamos, proyectos y propuestas de los vecinos" (inciso e del artículo 35º). Esta última incumbencia es la que le permitió elevar a la Junta Comunal su posición sobre la iniciativa de Carrillo.

La importancia de sus decisiones radica en que –según la ley que los creó- es la única entidad que expresa la voluntad y el sentir de la mayoría de los vecinos participativos de cada Comuna, sin intermediarios 

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Consorcistas Unidos llegó a su techo

[BPN-25/06/18] El pasado martes 19 poco después de las 19 hs, menos de una treintena de vecinos se reunieron en la esquina de las avenidas Cabildo y Juramento para realizar un "ruidazo" bajo la consigna "Bajemos las expensas". La exigua participación no hubiera llamado la atención sino fuera porque la convocatoria tuvo una cobertura mediática inédita para un reclamo realizado por consorcistas. Por otra parte, estuvieron presentes cubriendo la manifestación los móviles de Canal 9 y Crónica que realizaron entrevistas a algunos de sus organizadores.

Es de destacar que a la media hora de comenzada la manifestación, uno de los organizadores le rompió a un vecino de otra comuna un cartel en el que expresaba su rechazo contra el proyecto oficial "Consorcio Participativo". La sorpresiva situación generó momentos de tensión. Nunca antes en el sector de la propiedad horizontal se había cruzado la línea roja de la violencia física para zanjar diferencias de ideas. Ni Abrevaya ni el resto de los organizadores intervinieron y dejaron que el conflicto se resuelva por sí solo.

El hecho recordó que el colectivo que se reúne alrededor de Abrevaya -que en esta etapa se bautizó como Consorcistas Unidos- nació fracturado por la iniciativa "Consorcio Participativo". Mientras la mayoría de sus conductores tiene reservas o se manifestó claramente en contra de la iniciativa oficial hay uno que está incondicionalmente a favor.

Hay que aclarar que las diferencias no surgen por las modificaciones a la Ley 941 que imponen más obligaciones a los administradores sino a la obligatoriedad de utilizar una aplicación oficial única para liquidar las expensas. Lo que se le objeta a la iniciativa es la acumulación concentrada en manos del Estado de información privada de consorcios, consorcistas e inquilinos.

La propuesta de Abrevaya constó de cuatro puntos:

1.- Mayor control de administradores y presupuestos más transparentes.

2.- Tarifas especiales [de servicios públicos] para consorcios con servicios centrales.

3.- Que los consorcistas se sienten en las paritarias con el gremio de encargados.

4.- Terminar con gastos, obleas y libros

Junto a Abrevaya organizaron la manifestación de esa noche la Federación de Asociaciones de Consorcios (FeDeCo), la Unión de Consorcistas de la República Argentina (UCA), la Asociación Propietarios de Inmuebles (API), la Asociación Civil de Defensa al Consumidor de Bienes y Servicios para la Propiedad Horizontal RA (ADEPROH), la Asociación de Consorcistas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (ACCABA) y un consorcista participativo que se presenta como coordinador de ReDeCo (Reafirmación de los Derechos del Consorcista).

Es de recordar que el 20 de abril de 2006, 10 consorcistas convocados por Marta Oliva -que por aquel entonces era presidenta de la Asociación Civil de Defensa del Consumidor para la Propiedad Consorcial (ADEPROH)- se reunió en Plaza de Mayo para exigirle al presidente de la Nación, Dr. Néstor Kirchner, la nulidad del Convenio Colectivo de Trabajo.

Ese jueves a las 17 hs. y acompañada de nueve consorcistas, la presidenta de ADEPROH colgó en las vallas policiales frente a la Casa Rosada dos carteles en los que pedía la nulidad del mencionado CCT "por falta de representatividad" más "equidad y justicia salarial para todos" ^[1].

En aquella oportunidad la convocatoria a la manifestación organizada por Marta Oliva fue pobremente difundido por los medios nacionales 

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La petición en Change es record histórico en el sector

Zulberti, coordinador de la Comisión de Consorcios de la Comuna 3, cedió la solicitud a Indignados x las Expensas cuando la solicitud llegó a las 10 mil firmas y desde entonces ésta pasó por cinco actualizaciones.

La primera fue el 7 de junio y bajo el título "¡Pongámosle freno al monopolio estatal de tu información!" convocó a los vecinos a "defender sus derechos" durante la reunión de legisladores la Comisión de Legislación General en la que se produjeron dos despachos, uno de mayoría y otro de minoría. "Porque el monopolio [estatal] está en contra del libre mercado no es constitucional y lo único que va a ser son más aumentos a tus expensas", argumentaron desde "Indignados x las Expensas".

El 11 de junio festejaron que llegaron a las 10 mil firmas y nuevamente convocaron a los vecinos a participar: "Larreta quiere votar este jueves la ley por la Aplicación Oficial Consorcio Participativo. Te necesitamos en la Legislatura porteña apoyando a Indignados x las Expensas. Vení a hacerles sentir que no apoyamos esta ley".

Dos días después, el miércoles 13, denunciaron "¡Ayudanos a parar esta gran estafa... que implica un gran aumento en el ABL!", y agregaron "El proyecto que propone el gobierno de Larreta exigirá un aumento en el ABL para solventar los 400 millones de pesos anuales que costará la nueva estructura de empleados públicos y el desarrollo y mantenimiento de la plataforma".

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Defensa del Consumidor desmintió a Carrillo

[BPN-25/06/18] La Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor (DyPC) porteño proporcionó datos que contradicen al secretario de Atención y Gestión Ciudadana, Facundo Carrillo, quien había informado a los legisladores porteños -mediante una diapositiva- que el monto de las multas realizadas a los administradores "entre enero y febrero de 2018" rondaba los 4,8 millones de pesos. En realidad los datos proporcionados por DyPC precisan que el monto fue de 1.678.100 pesos lo que representó una diferencia con los dichos de Carrillo de 3.121.900 pesos. Facundo Carrillo exhibió a legisladores, asesores y público en general una diapositiva con éste y otra serie de datos durante la reunión informativa que realizó la Comisión de Legislación General sobre la iniciativa Consorcio Participativo el pasado 6 de junio.

Otro dato interesante que surgió del cruce de información entre Carrillo y DyPC fue que durante ese bimestre –según Carrillo- las denuncias contra administradores fueron 327 y Defensa del consumidor completó la información informando 65 disposiciones sancionatorias. Eso significa –de ser reales los datos de Carrillo- que sólo el 20% de las denuncias finalizan en una disposición sancionatoria. Más adelante habrá que ver cuántas finalmente quedarán firmes mediante su publicación en el Boletín Oficial.

Los datos proporcionados por Vilma Bouza, en su calidad de titular de Defensa y Protección del Consumidor porteño, fueron proporcionados a consecuencia de un requerimiento realizado el pasado 31 de mayo por Andrés Zulberti, coordinador de la Comisión de Consorcios de la Comuna 3, amparado por la Ley 104 (Ley de acceso a la información). Su solicitud ingresó con el número de expediente IF-2018-16512751-DGDyPC y fue respondido por la funcionaria el 11 de junio de 2018.

La diapositiva que Carrillo exhibió a la Comisión de Legislación General bajo el título "Alcance" informó que "2.100.000 [personas] viven en departamentos", lo que representa el "67% de la población" y el "74% de los hogares".

En el renglón de abajo detalló que hay "118.000 edificios" de los cuales "47.000 [son] posibles consorcios" y que contienen "1.000.000 [de] unidades funcionales" de las cuales el "50% [está en]  alquiler aproximado".

Por último en el último renglón "8.500 administradores registrados" y subrayado por una leyenda que precisaba "entre enero y febrero 2018" afirmaba: "327 denuncias" y "$ 4.800.000 multas". En ninguno de sus datos mencionó la fuente y el monto total de las multas fue desmentido por Defensa del Consumidor.

Como dato curioso, quince días antes, el 17 de mayo durante la Expo Todo Consorcios organizada por el Dr. Eduardo Awad, Carrillo había proyectado exactamente la misma diapositiva pero sin la cantidad de denuncias ni el monto total de multas para el primer bimestre de este año.

En febrero el número de disposiciones creció muy levemente: la cantidad de disposiciones fueron 33 y los sobreseimientos fueron cuatro. Sin embargo el monto total de las multas del mes se incrementó en casi 130 mil pesos: sumó 903.830 pesos. El costo promedio de cada multa también fue más alto que el del mes anterior, llegó a los 30.128 pesos. Ese mes en una de las disposiciones se multó a dos administradores diferentes.

La AFIP busca en las administraciones datos de los copropietarios

El medio señaló que la AFIP informó el domingo pasado que venía haciendo operativos en countries y edificios de Puerto Madero para detectar trabajo en negro de empleados que realicen tareas de limpieza, cuidado de personas y otro tipo de trabajos domésticos en casas particulares": Para ello entregó pedidos de información con carácter de declaración jurada que no fueron enviados a los empleadores directos sino a la administración para que informen quiénes ingresan a los departamentos.

Es de recordar que el 10 de febrero del año pasado, Horacio Rodríguez Larreta había firmado un convenio con la AFIP, la AGIP (Administración Gubernamental de Ingresos Públicos) y la AGC (Agencia Gubernamental de Control) para el intercambio de información fiscal.

En aquel momento fuentes oficiales resaltaron que el acuerdo firmado entre el jefe de Gobierno porteño y el titular de la AFIP, Alberto Abad permitiría el intercambio de información de interés fiscal que pueda aportar el GCBA a la Nación y detallaron: "En especial aquellos que obran en poder del Registro Público de Administradores (RPA) y sobre contribuyentes que brinden servicios que deban ser controlados o habilitados por el gobierno porteño" ^[1].

De aprobarse la iniciativa de autoría de Facundo Carrillo, "Consorcio Participativo" y de acuerdo a los convenios firmados, todo hace suponer que se podrá finalmente cruzar la identificación de los titulares de las unidades funcionales con información que obra en otros organismos tributarios y de control.

La AFIP el 12 de junio había informado que "realizó un operativo de fiscalización de empleo en 30 countries y barrios privados del Gran Buenos Aires y 10 edificios de lujo de Puerto Madero", y confirmó que su objetivo era fiscalizar las unidades privadas de los copropietarios: "Se buscó controlar el cumplimiento del régimen de casas particulares. En total se relevaron de 1.051 trabajadores".

Según El Cronista, la AFIP labró actas sobre el personal de las compañías de limpieza, mantenimiento y seguridad comunes del edificio, pero en el mismo acto le entregaron a la Administración un "requerimiento F.8600/P" dirigido al "Consorcio de Propietarios", para que la administración "informe mediante nota en carácter de declaración jurada la identificación de quiénes ingresan al edificio para realizar tareas en las unidades funcionales de limpieza, cuidado de personas y otro tipo de trabajos domésticos dentro del edificio", por los períodos marzo a junio de este año.

Para cumplir con el requerimiento, algunas administraciones solicitaron a los consorcistas que provean los siguientes datos por correo electrónico antes del 26 de junio próximo:

- Nombre y apellido del trabajador doméstico.

- DNI.

- Días en los que ingresó en el último mes vencido, detallando horarios de ingreso y egreso al lugar.

- Departamento al que ingresó: detallar nombre y apellido y DNI del propietario y/o inquilino.

- Identificación de la unidad funcional donde desarrolla tareas.

Y adjuntaron a esta nota el Acta de Requerimiento de AFIP que debe ser contestada el 28 de junio próximo, asegurando que la presentación la hará "el administrador del edificio con la información que ustedes nos envíen".

Un consultor experto en temas tributarios y auditorías, Marcelo D. Rodríguez, afirmó a El Cronista que "a mi juicio el requerimiento vulnera la Ley de Datos Personales. El consorcio no está obligado a dar esa información".

Por el contrario, opinó Rodríguez, la AFIP debería hacer el requerimiento a cada contribuyente que tiene el carácter de empleador directo del trabajador doméstico, mientras que el consorcio debería abstenerse de intervenir.

Al ser consultados, voceros de la AFIP aseguraron que "lo que se busca es darle derechos a la gente, como cualquier otro trabajador, y el pedido de información está dentro de las facultades de la Ley de Procedimiento Fiscal". Aclararon también que fue sólo para edificios donde viven personas de altos ingresos, como los de Puerto Madero, y countries.

Algunos de los vecinos ya reaccionaron pasándose entre ellos mails que afirmaron que "un funcionario de la AFIP puede pedir, pero ni la administración ni el consorcio tiene facultad alguna para informar quién ingresa, quién vive, qué se hace, ni nada de cada propiedad".

"De hacerlo estaría violando severamente el derecho de propiedad y de privacidad de los copropietarios y sus ocupantes", agregaron 

Andrés Zulberti difunde su palabra en los subtes porteños

[BPN-25/06/18] Desde la sanción de la Ley Muñoz ^[1] a la fecha, Andrés Zulberti, coordinador de la Comisión de Consorcios de la Comuna 3, difunde sus ideas en defensa de los intereses de los consorcistas volanteado -luego de una breve introducción- en los subtes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Pequeñas Noticias lo acompañó en una de sus volanteadas y le realizó una entrevista sobre su experiencia con esta modalidad –nunca antes vista en propiedad horizontal- de combatir la desinformación y apatía general que existe entre los vecinos sobre temas consorciales.

Andrés Zulberti: Hace dos años, cuando estaba en la campaña para derogar la ex Ley 5.464, también llamada Ley Muñoz. Luego fue para incorporar nuevamente a la Ley 941 el artículo 13° que ordenaba que el mandato del administrador durara un año ^[2]. En este momento es contra la Aplicación Oficial Consorcio Participativo bajo la consigna "El Estado invade la propiedad privada" ^[3].

PN: ¿Cuál es tu objetivo?

AZ: Informar al consorcista qué está pasando en la CABA.

PN: ¿Cómo reacciona la gente cuando los abordas con estos temas? ¿Se interesa y te hacen más preguntas, es indiferente, lo rechazan?

AZ: Primero con desconfianza, parece que pensaran "¡¿este tipo qué me quiere vender…?!". A medida que van escuchando mi monólogo empiezan a prestarme mayor atención y cambian de actitud, lo veo en sus ojos. Por supuesto que hay otros que son indiferentes porque están con sus auriculares o sus celulares.

AZ: Un día se generó un pequeño debate entre una administradora y una consorcista en donde se logró coincidir con respecto al rechazo al Consorcio Participativo. En ese instante descubrí que dialogando, aunque sea por poco tiempo, el mensaje es el correcto.

Otro día un pasajero me dijo que era "kirchnerista". Le respondí a viva vos que era un ciudadano independiente sin ningún fin político/partidario y que mantengo mi espíritu crítico".

AZ: Como solamente transmito información no tengo problemas. Espero que los vendedores hagan su trabajo y luego paso a recitar mi monólogo.

AZ: Tuve un fuerte "intercambio de opiniones" con el que parece ser el "capanga" que los controla porque llevaba una planilla en la mano. Me dijo que no me creía y que perjudicaba (usó otra palabra más grosera) a los vendedores. Para evitar conflictos me bajé y esperé otro subte.

AZ: No vi personal de seguridad, pero sí me encontré con algunos de los metro-delegados que cuando supieron que es lo que estaba haciendo me invitaron a participar de la radio digital Abran Paso. Posteriormente el 8 de junio por la mañana –previo a la reunión de Comisión de Legislación General de diputados- me realizó una entrevista Martin Bustamante <vínculo>.

AZ: Explicando personalmente sobre el Consorcio Participativo, el consorcista lo entiende y lo rechaza cuando sabe que se están metiendo en su vida privada. En algunas ocasiones aplauden, pero seguidamente los invito a firmar la petición en Change.

Antes de pasar a repartir volantes Zulberti llama su atención de los pasajeros con una breve introducción. Este es tu texto:

Buen/as día/tardes.

Mi nombre es Andrés, soy un simple consorcista que vive en la Ciudad.

¿Qué es un consorcista? Un propietario, inquilino, ocupante que paga las expensas en el consorcio.

Sepa lo que pasa en la Ciudad. Hace unos días/semanas/mes el Jefe de Gobierno presentó un proyecto de ley en la legislatura porteña con el título Aplicación Oficial Consorcio Participativo.

¿Con qué fin?

Dice para el control y la transparencia en los consorcios. ¡Qué bien! ¿A qué consorcista no le gusta controlar a su administrador y tener una mejor convivencia con sus vecinos?

Habrá escuchado que el gobierno nos "ofrece" un plan para bajar las expensas. El plan consta de 14 puntos y me referiré al último llamado Consorcio Participativo.

Pero si uno lee la letra chica del proyecto, se encuentra con algunas cosas interesantes que ya no son el fin propuesto por el gobierno.

En primer lugar, el proyecto crea una página web estatal, única y obligatoria. Cuando me dicen que va a ser monopólica e impuesta, ya no es de mi agrado. Todos los consorcistas tendremos que poner nuestros datos personales. Uno diría cuál es el problema, total en la era del gran hermano todos nos conocemos. Sin embargo, los datos los va a cargar un tercero, llamado administrador. Mañana, será el albañil, el pintor, el plomero o el sodero quien deberá informar al gobierno los datos del propietario o del consorcio sin pedirle permiso.

Segundo, el proyecto obliga a cargar los datos privados del consorcio. ¿Y cuál es el dato privado por excelencia en el consorcio...? ¡Las expensas...!

Entonces, lo que quiere el gobierno es cruzar nuestros datos personales con nuestros datos económicos. ¿Usted está dispuesto a entregar sus datos personales y económicos a cambio de bajar las expensas? Todavía algo de dignidad me queda.

Hay otras cosas interesantes en el proyecto, pero no voy a quitarle más tiempo de su generosa atención.

Por eso, estamos realizando una petición en Change, para decirles a los (60) legisladores porteños que rechazamos el proyecto Consorcio Participativo.

Quiero recordarle una cosa:

Hace unos meses Facebook generó un escándalo. Facebook es una empresa privada, en la que cada uno se registra voluntariamente. Esta empresa "cedió" los datos privados de 90 millones de sus usuarios a una encuestadora con fines políticos.

¿Imagínese una plataforma estatal, única y obligatoria manejada directamente por los políticos...?

Gracias por su atención, los escucho por si tienen alguna duda 

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[1] Ley Muñoz: El 20 de noviembre de 2015, Fernando Muñoz (Frente para la Victoria) ingresó a la Legislatura porteña un proyecto de ley -bajo el número de expediente 2455-D-2015- para transferirle el control del RPA porteño a un Consejo de la Propiedad Horizontal. La conducción del nuevo Consejo está compuesta por 11 miembros de los cuales una importante mayoría son del SUTERH, de las entidades de administradores que firman los Convenios Colectivos de Trabajo y de un nuevo sindicato que agrupa empleados de administraciones de consorcios (SEARA). Poco tiempo después Muñoz fue nombrado Defensor de los Inquilinos porteños. Trece días después, el 3 de diciembre, la Legislatura aprobó sobre tablas y sin debate parlamentario esa ley que hoy lleva el número 5.464. Luego de mucho batallar se terminó derogando el 7 de julio de 2016.

Junio viene con aguinaldo y primera cuota no remunerativa

[BPN-25/06/18] Junio, además de frío, trae consigo la primera cuota no remunerativa de $2.000 de un total de tres más el primer Sueldo Anual Complementario (SAC) de 2018.

La Resolución 126/2018, homologada el pasado 21 de marzo, estipuló pagar un monto de $6000 no remunerativos en tres cuotas: la primera se debe abonar con el sueldo del 06/2018, la segunda con el de 08/2018 y la última con el de 10/2018. Las cuotas son para las funciones de jornada completa, de media jornada, trabajadores suplentes y jornalizados. El texto del acta acuerdo en ningún momento –como hizo en otras oportunidades- hace mención a la proporcionalidad de dicha suma. Es de recordar que al ser no remunerativa no se debe tener en cuenta para el cálculo del aguinaldo, horas extras e indemnizaciones. En el Formulario 931 deberá indicarse en el ítem "Suma no remunerativa" y lo tendrá en cuenta para el cálculo del valor correspondiente a la Ley de Riesgo de Trabajo (LRT).

La escala salarial vigente sigue siendo la del mes de Abril/2018 y no tendremos modificaciones en ella hasta el período Agosto/2018.

El artículo 122ª de la Ley 20744 establece varias cuestiones de los aguinaldos como la época de pago, su cálculo y otros aspectos. En relación a la época de pago, dice: "El sueldo anual complementario será abonado en dos cuotas: la primera de ellas con vencimiento el 30 de junio y la segunda con vencimiento el 18 de diciembre de cada año" y para el cálculo, aclara: "El importe a abonar en cada semestre será liquidado sobre el cálculo del cincuenta por ciento de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto dentro de los dos semestres que culminan en los meses de junio y diciembre de cada año…"

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