Vilma Bouza fue refrendada en su cargo

[BPN-14/02/20] El pasado 17 de enero, Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno porteño y Felipe Miguel, jefe de Gabinete de Ministros del GCABA, refrendaron la designación de Vilma Cecilia Bouza como directora general de la Dirección General Defensa y Protección al Consumidor (DGDyPC). Así los ordenaron mediante el Decreto 57/2020 publicado en el Boletín Oficial del 21 de enero. La DGDyPC depende de la Subsecretaría Servicio al Ciudadano, de la Secretaría Atención Ciudadana y Gestión Comunal, cuyo titular es Facundo Carrillo.

Bouza entró así en el quinto año al frente de esa repartición. Había sido nombrada en ese cargo por primera vez mediante el Decreto 83 (BO: 21/01/2016). Ella reemplazó en el cargo al comisario general Edgardo Aoun quien a fines de 2015 había sido nombrado en principio director de "Crimen Organizado" de la Agencia Federal de Investigaciones (exSIDE) ^[1] aunque durante el segundo semestre de ese año fue trasladado a otra sección: "Avanzada Presidencial" ^[2].

Durante el período auditado, la coordinadora del Registro Público de Administradores era Gabriela Pilar Saldivia, exadministradora, excandidata a la presidencia de la CAPHyAI (Cámara Argentina de Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias) y hoy secretaria general del Sindicato de Empleados de Administradoras de la RA (SEARA). Saldivia había sido nombrada en ese puesto el 8 de septiembre de 2009 mediante el Decreto 801/09 firmado por Mauricio Macri y renunció el 16 de febrero de 2017.

En 2016 la Auditoría General de la CABA (AGCBA) realizó una auditoría a la DGDyPC y durante el 13 de marzo de 2019 emitió un informe en el que señaló que resolvió sólo el 10% de las denuncias que ingresaron ese año, observó inconsistencias en el registro de cantidad de denuncias y su clasificación por subrubros y advirtió que tiene escasez de personal en dos áreas claves: faltan abogados e inspectores ^[3].

Es de resaltar que en 2016 Bouza sancionó -y se publicaron en el Boletín Oficial- sólo a 30 administradores, en 2017 ese número subió a 161, en 2018 bajó a 95 y en 2019 fueron 71 mandatarios multados. Estos son números exiguos si se tiene en cuenta que Defensa del Consumidor informa año tras año miles de denuncias contra administradores y cientos de disposiciones sancionatorias. Desde que asumió Bouza sólo se publicaron en el Boletín Oficial sanciones contra 357 administradores aunque durante sus primeros cuatro año recibió 5.570 denuncias.

A modo de ejemplo es de recordar que, a lo largo de diferentes pedidos de información pública, la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor informó que durante el 2016 se habían sancionado 62 administradores y que se encontraban en trámite otros 370 expedientes con imputaciones ya notificadas. Poco después aclaró que de esas 62 sanciones sólo 21 quedaron firmes. Sin embargo, a mediados de julio de ese año sólo 11 se concretaron mediante su publicación en el Boletín Oficial ^[4].

Más cercano en el tiempo, durante el año 2018, los consorcistas porteños presentaron 1.314 denuncias contra administradores de consorcios ante la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor de la CABA. Prosperaron sólo el 36% de esas denuncias, o sea que de esas denuncias se firmaron 478 disposiciones sancionatorias. Sin embargo -ya a mediados de 2019- de esas sanciones firmadas sólo se publicaron 15 (3,14%) en el Boletín Oficial. En resumen, de cada 1.000 denuncias sólo se sancionan 11,4 administradores ^[5]