Santa María acordó un 32% de aumento en 4 tramos

[BPN-15/03/21] El pasado 9 de marzo, el Ministerio de Trabajo homologó mediante la Resolución 178 un acuerdo salarial para el 2021 cuya suma aritmética arroja un 32% de aumento que se divide en cuatro tramos:

Es de resaltar que todos los aumentos serán sobre la escala salarial de febrero de 2021.

Por último "asumieron el compromiso" de volver a reunirse otra vez en septiembre "a fin de evaluar la necesidad de una revisión de los incrementos salariales".

Los firmantes explicaron:

Hasta ahora la única entidad –de las cuatro firmantes- que notificó a sus asociados de la novedad salarial fue el AIERH aunque a su circular del 10 de marzo no adjuntó ni el acta acuerdo ni la homologación.

La reunión para celebrar el acuerdo se realizó el 22 de febrero a las 14 hs. y finalizó una hora y media después. En ese mismo momento se firmó el acuerdo salarial para los edificios de renta entre la FATERyH y el AIERH (590/10) y el de Propiedad Horizontal (589/10).

Se ratificó el 4 de marzo y se homologó 5 días después.

Estuvieron presentes representantes de la FATERyH (Federación Argentina de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal), la Asociación Inmobiliaria de Edificios de Renta y Horizontal (AIERH), la Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias (CAPHyAI) y la Unión Administradores de Inmuebles (UADI).

En total, el aumento de las escalas salariales del sector durante 2021 será de un 33,19%.

En diciembre de 2020 la escala salarial promedio ^[1] fue de 50.294 pesos mensuales y en diciembre de este año será de 66.988 pesos mensuales.

Si se compara el aumento en las escalas salariales desde febrero de este año hasta ese mes del año que viene, el incremento interanual será de un 32% exacto.

En febrero de 2020 el promedio de las escalas salariales fue de 52.747 pesos mensuales mientras que el mismo mes del año que viene –luego del último tramo del aumento- será de 69.626 pesos mensuales.

En general, analizar en cuánto aumentan las escalas salariales año tras año es complejo porque las negociaciones paritarias anuales cambian de fecha permanentemente y se agregan sumas fijas entre períodos que complican aún más los resultados.

Para salvar este inconveniente y poder obtener una idea de en cuánto se incrementan las escalas salariales mensualmente, su acumulado anual, el aumento interanual y poder compararlo con otras variables de la economía, la redacción de Pequeñas Noticias viene promediando los valores de las dos funciones más habituales en sus cuatro categorías

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Los medios, APH, la cronología de los hechos y las expensas

[BPN-15/03/21] El pasado 3 y 4 de marzo Clarín y el Cronista informaron que la Asociación Civil de Propietarios de Inmuebles de Renta y Horizontal (APH) intervino en la firma del último acuerdo salarial de los encargados de edificios.

En realidad el acta acuerdo había sido firmado el 22 de febrero por las históricas tres entidades de administradores que firman los convenios representando al sector empleador en nombre de los consorcios ^[1] y la federación que nuclea los sindicatos del sector (FATERyH).

Por otra parte, la última publicación del Facebook de APH presidida por Gabriel Mormandi es del 23 de septiembre del año pasado y la última de su sitio web oficial es más antigua aún, de enero de 2019. Desde esa fecha la entidad no hizo comentarios ni sobre el aumento del curso del SERACARH, ni sobre el protocolo para realizar asambleas virtuales en los consorcios, ni sobre el aumento de la "contribución solidaria".

Por último, la mayoría de los medios informaron que el acta acuerdo se suscribió el 3 de marzo cuando había sido firmada 10 días antes y ratificada un día después y también algunos medios exageraron la incidencia del acuerdo celebrado en el valor de las expensas.

El 3 de marzo, Karina Niebla informó en Clarín: "El acuerdo de aumento fue firmado esta semana por [...] y la Asociación de Propietarios Horizontales (APH). Resta ahora que sea homologado por el Ministerio de Trabajo de la Nación".

Inmediatamente después desmintió lo afirmado en el párrafo anterior y señaló: "Como se ve, es una discusión paritaria en la que extrañamente no participa el tercer sector involucrado: el que paga. Los propietarios e inquilinos siguen sin tener participación de peso en el debate ni son tenidos en cuenta en la negociación" ^[2].

El segundo párrafo hubiera estado correcto si anteriormente no hubiera mencionado que participó de la firma del acuerdo APH, cosa que no hizo.

Al día siguiente, el Cronista en una nota sin firmar fue contundente: "El gremio firmó el entendimiento en el ámbito privado con los representantes de [...] y la Asociación de Propietarios Horizontales (APH), y será presentado en las próximas horas ante el Ministerio de Trabajo para su homologación" ^[3]. No realizó más comentarios sobre el tema.

El 3 de marzo el periodista Mariano Martín informó en ámbito: "La organización que preside Víctor Santa María ingresó este mediodía al Ministerio de Trabajo un acta firmada con el sector patronal que prevé una suba escalonada en cuatro tramos..." ^[4].

En realidad -de acuerdo a los papeles presentados- el expediente se había abierto dos días antes en Jefatura de Gabinete de Ministros, el acuerdo había sido firmado 10 días antes y –según el compromiso asumido- se ratificó al día siguiente de la publicación de la nota de ámbito.

Como este acuerdo testigo fue -junto al de bancarios y docentes- de mucha importancia para el futuro de la política salarial del Gobierno, se puede inferir que Víctor Santa María -cercano a Alberto Fernández- decidiera darlo a conocer el miércoles 3 prescindiendo del hecho concreto que lo tenía firmado hacía 10 días.

La periodista Belén Fernández del Cronista publico una nota el 4 de marzo cuyo título afirmaba: "Prevén expensas hasta 35% más caras en 2021 por las paritarias de los encargados" ^[5].

Sin embargo, avanzando en la nota, el Adm. Matías Ruiz presidente de AIPH explicó: "Nosotros en general calculamos que el impacto de las paritarias es del 50% del valor del incremento". Existe consenso en la comunidad consorcial que este es el porcentaje promedio –con diferencias mínimas- de la incidencia de los salarios, aportes y contribuciones en las expensas.

Adelantando en la nota alguien se olvidó que ya se adelantó el porcentaje para hacer el cálculo y luego de algunas cuentas la periodista afirmó: "Desde AIPH estiman que la suba interanual, solo teniendo en cuenta los sueldos de los porteros será del 25%" en lugar del 16% esperado.

Por último agregó: "Si tomamos además el impacto de los otros conceptos, calculamos que las expensas tendrá un incremento de entre el 30 y el 35% comparado al año anterior". Un poco diferente de lo prometido en el título porque a ese porcentaje se termina llegando si se agregan los aumentos de otros rubros.

En la misma nota, el Adm. Daniel Tocco –vicepresidente de la CAPHyAI- agregó otros factores para el aumento de las expensas: "Cuando desregulen las tarifas la situación será aún más compleja. Hoy pagamos el servicio de AySA por consorcio y eso también influye en el resumen final", explicó aunque reconoció que al sueldo bruto de los encargados hay que sumarle la antigüedad, los plus, los bonos y el aguinaldo"

[1] La Asociación Inmobiliaria Edificios Renta y Horizontal (AIERH), la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias (CAPHyAI) y la Unión Administradores de Inmuebles (UADI).

[2] Clarín del 3/03/21: "Los encargados de edificios acordaron un 32% de aumento y volverán a subir las expensas".

[3] El Cronista del 4/03/21: "Paritarias 2021: cómo fueron los primeros acuerdos salariales del año".

[4] ámbito del 3/03/2021: "Encargados de edificios pactan 32% e inauguran la pauta salarial que pide el Gobierno a privados".

El SUTERH comenzó a cobrar los 950, los retroactivos y su SAC

[BPN-15/03/21] A partir de fines de febrero la Federación Argentina de Trabajadores de Edificios Renta y Horizontal (FATERyH) comenzó a retener el pago de la "contribución solidaria" de 950 pesos para "las obras sociales de la actividad". El Ministerio de Trabajo homologó ese acuerdo el 8 de febrero mediante la Resolución 95.

El monto de febrero se abonó en la boleta de la FATERyH junto a los aportes y contribuciones del FMVDD (Fondo de la Maternidad, Vida, Desempleo y Discapacidad) y el "Seguro de Vida Entera" previsto en el artículo 27º bis del Convenio Colectivo de Trabajo.

El pago de la diferencia retroactiva entre los 250 pesos que se venían abonando y la actualización a 950 pesos que se acordó lo exige mediante rectificativas en los meses de diciembre, el medio aguinaldo y enero.

El acuerdo firmado expresó textualmente: "Este acuerdo tiene vigencia por el período 1º de diciembre de 2020 al 30 de noviembre de 2022, pudiendo ser renovado por acuerdo de partes". La FATERyH en su sitio web señala que la "contribución solidaria pasará de $ 250 a $ 950 y es retroactivo a diciembre de 2020", y agrega: "Esto implicará que al momento de rectificar los periodos 12/2020 y 01/2021, deberán pagar la diferencia".

Ese retroactivo sería de 700 (950-250=700) pesos por mes por trabajador de jornada completa y 350 por los de media jornada.

A la hora de rectificar, hay que tener en cuenta el medio aguinaldo de diciembre que afecta también a la "contribución solidaria":

[2] BPN Nº 698 del 17/02/21: "La Contribución Solidaria pasaría a costar 950 pesos por mes".

Por qué se deben homologar los acuerdos salariales

[BPN-15/03/21] La obligación de homologar los acuerdos salariales está establecida en el artículo 3º de la Ley 14.250 (Convenciones Colectivas) que fue sancionada el 29 de septiembre de 1953 y reglamentada el 13 de octubre de ese mismo año <texto completo>.

Éste literalmente reza:

Los acuerdos deben cumplir requisitos formales:

Uno de los roles del Ministerio de Trabajo es controlar la legalidad de los acuerdos que se pretenden homologar.

Del mismo modo que con otros, el artículo 6º de la Ley 14.250 es muy claro sobre el tema:

A modo de ejemplo, del último acuerdo firmado para el sector de la propiedad horizontal la asesora legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo revisó:

1.- Que se haya ratificado el contenido de las actas acuerdo.

2.- Que quienes las firmaron hayan acreditado su personería y cuenten con facultades para negociar colectivamente. Sobre el último acuerdo destacaron que sus firmantes ya suscribieron otros anteriores.

3.- Que el ámbito de aplicación de los acuerdos se circunscribe a la representatividad que ostenta tanto el sector empresario como la entidad sindical.

4.- Que de "la lectura de las cláusulas pactadas" no surge contradicción con la normativa laboral vigente.

5.- Que se hayan cumplido los recaudos formales establecidos por la Ley N° 14.250.

Recién después de revisar todos estos puntos informó que "corresponde dictar el acto administrativo de homologación".

Sobre la publicación de los acuerdos homologados –en el sector de la propiedad horizontal- también hubo mucha confusión.

Sin embargo, el artículo 4º de la Ley 14.250 es muy claro con respecto al tema:

Sólo una de cada tres denuncias se concretó en una sanción

[BPN-15/03/21] Durante 2020 sólo una de cada tres denuncias de consorcistas contra administradores de consorcios realizadas en el Registro Público de Administradores (RPA) de la CABA se concretó en una disposición sancionatoria y sólo el 6% de esas disposiciones fueron publicadas en el Boletín Oficial. En otras palabras, una de cada 59 denuncias realizadas ante la repartición culminó el trámite administrativo con su publicación en el Boletín Oficial.

Actualmente el RPA porteño está coordinado por Diego Sarrabayrouse, depende de Defensa y Protección del Consumidor cuya directora general es Vilma Bouza y cuyo superior directo es Facundo Carrillo, secretario de Atención y Gestión Ciudadana.

Es de recordar que en el proceso durante el cual se puede sancionar a un administrador existen tres instancias que permiten realizar a grandes rasgos un seguimiento del desempeño de la repartición:

1.- La cantidad de denuncias en el año.

2.- La cantidad de disposiciones sancionatorias -o exculpatorias- que se ordenaron.

3.- Su posterior publicación en el Boletín Oficial.

De acuerdo a esto se puede observar que durante el año 2018 se realizaron 1.314 denuncias contra administradores, sin embargo sólo se ordenaron 479 disposiciones y de éstas se publicaron 266.

O sea que llegaron a una disposición el 36% de las denuncias y de estas sanciones se publicaron en el BO poco más de la mitad (55%).

Por lo tanto de las denuncias realizadas por los consorcistas llegó al Boletín Oficial el 20%.

Al año siguiente las denuncias crecieron y llegaron a las 1.802, las disposiciones sancionatorias o exculpatorias acompañaron ese aumento y subieron a 515 pero en el Boletín Oficial apenas se publicaron 189.

¿Qué sucede entre la denuncia y la disposición condenatoria? No se sabe claramente y las explicaciones que en su momento dio Defensa y Protección del Consumidor porteño no terminaron de convencer.

Sin embargo, una pista la podría haber dado hace dos años la Auditoría General de la Nación que develó que en 2016 la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor resolvió sólo el 10% de las denuncias que ingresaron ese año por todo concepto, observó inconsistencias en el registro de cantidad de denuncias y su clasificación por subrubros y advirtió que tiene escasez de personal en dos áreas claves: faltan abogados e inspectores ^[1].

Es de recordar que la gran mayoría de las faltas a la Ley 941 son objetivas, o sea que no están sujetas a interpretación. Si la ley dice que el administrador debe asegurar el edificio contra incendios y accidentes ^[2] y en su descargo no puede demostrar que lo hizo –suponiendo que el consorcio tenía la voluntad y los fondos para cumplir existieron- le cabe una sanción.

Sin embargo, si el administrador honró su obligación o pudo justificar razonablemente su incumplimiento, es beneficiario de una absolución y en ambos casos –tanto en caso de una condena como una absolución- debería existir una disposición respaldando lo actuado y su consecuente publicación en el Boletín Oficial.

Si bien una sanción del Gobierno de la CABA puede ser recurrida a la Justicia, un relevamiento que realiza permanentemente Andrés Zulberti, coordinador de la Comisión de Consorcios de la Comuna 3, reveló que en 2018 sólo el 25% de las sancionados eligió este camino, que en 2019 ese porcentaje bajó al 23% ^[3] y que en 2020 –año del Coronavirus- se desplomó a un casi 6% ^[4].

Sin embargo lo que no termina de convencer es que no se hayan publicado hasta ahora las disposiciones absolutorias y de aquellas que no fueron apeladas en la Justicia de 2018 y 2019.

Como se puede apreciar en 2018 hubo 835 denuncias sobre las que no se sabe su destino y 213 disposiciones sancionatorias que no se publicaron en el Boletín Oficial.

En 2019 los números subieron, las denuncias que no concluyeron en una disposición de ningún tipo fueron 1.287 y las disposiciones que no se publicaron en el Boletín Oficial superaron las 300.

En 2020, año de pandemia, las denuncias que quedaron en una especie de purgatorio burocrático bajaron a poco más de 900 mientras que las disposiciones no publicadas en el Boletín Oficial subieron por tercera vez y superaron las 400

El año pasado las sanciones dispuestas bajaron un 16%

[BPN-15/03/21] Durante el 2020 el Registro Público de Administradores (RPA) porteño dispuso 428 disposiciones sancionatorias contra mandatarios de consorcios por más de 23 millones de pesos y sobreseyó a seis.

Esto representa una disminución de casi el 16% en la cantidad de disposiciones emitidas con respecto al año anterior aunque sus montos aumentaron en ese mismo porcentaje. En dólares [1] la recaudación por este concepto disminuyó en casi un 22%

La cantidad de disposiciones fueron 434 de las cuales 421 ordenaron una sanción económica, 6 lo condenaron con un apercibimiento, 6 ordenaron absolverlo y 1 estableció excluir a un mandatario del Registro Público de Administradores.

El total de las multas ordenadas fue por 23.339.167 pesos o 330.164 dólares.

Por tercer año consecutivo la multa promedio creció: en 2018 fue de 31.221 pesos, en 2019 fue de 38.934 y el año pasado de 55.437 pesos.

La sanción dineraria máxima en 2020 llegó a los 179.580 pesos y la mínima de "apenas" 4.380 pesos.

Actualmente el RPA porteño está coordinado por Diego Sarrabayrouse, depende de Defensa y Protección del Consumidor cuya directora general es Vilma Bouza y cuyo superior directo es Facundo Carrillo, secretario de Atención y Gestión Ciudadana

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A casi tres años de su reforma, el RPA no cumple con la Ley 941

[BPN-15/03/21] A casi tres años de la reforma de la Ley 941 impulsada por el Gobierno de la CABA, la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor (DGDyPC) porteño todavía no informa mediante su "página web" las sanciones que el Registro Público de Administradores (RPA) pudiera haberle impuesto a sus matriculados durante los últimos dos años.

Actualmente el RPA porteño está coordinado por Diego Sarrabayrouse, depende de Defensa y Protección del Consumidor cuya directora general es Vilma Bouza y cuyo superior directo es Facundo Carrillo, secretario de Atención y Gestión Ciudadana.

Según un proyecto del Ejecutivo local realizado por Carrillo, el 28 de junio de 2018 la Legislatura porteña modificó la Ley 941 y -entre otros- modificó el artículo 7º y ordenó al Registro Público de Administradores (RPA) porteño informar mediante su sitio web los datos que los administradores brindaron al momento de su inscripción y las sanciones que se le hubieran impuesto en los dos últimos años.

Textualmente el artículo 7º ordenó:

La versión anterior de ese artículo no exigía que se publicitaran los antecedentes de los administradores sancionados. Sólo señalaba que "el Registro es de acceso público, gratuito y debe estar disponible para su consulta en la página web del Gobierno de la Ciudad".

El buscador del RPA actualmente ofrece a los consorcistas los siguientes datos: el CUIT, el nombre y apellido o la razón social, el domicilio, el número de RPA y la fecha de renovación de la matrícula aunque si se trata de una sociedad no informa quiénes son sus titulares.

Hay dos fuentes que permiten acceder a datos de los administradores: una es la base de datos completa de administradores que el Gobierno de la CABA publica en su sitio web bajo el nombre de "Buenos Aires Data" ^[2] y el otro es el ya mencionado buscador en el sitio de Defensa del Consumidor ^[1].

Sin embargo, entre ambas fuentes de información la primera sufre casi un año de desactualización (350 días) a pesar de que en el sitio se consigna explícitamente que está actualizado al 5 de marzo y hay una diferencia de 609 administradores.

En el padrón "completo" que proporciona "Buenos Aires Data" la información disponible es el número de RPA, el nombre o razón social y la fecha de inscripción.

Al día de la producción de esta nota figuraban inscriptos 8.261 administrador y el último se había registrado el 12 de marzo de 2020 con el número 15.677.

Por otra parte, según el buscador no hay forma de saber cuántos administradores están activos pero se pudo observar que el último administrador que consignaron se empadronó con el número 16.286 el 22 de febrero de 2021

Zulberti le pidió explicaciones a Bouza

[BPN-15/03/21] El pasado 8 de marzo Andrés Zulberti, coordinador de la Comisión de Consorcios de la Comuna 3, solicitó a Defensa y Protección del Consumidor porteño que explique la razón por la que aún no cumplió con el artículo 7° de la Ley 941 que ordena al Registro Público de Administradores (RPA) local informar mediante su página web en forma pública y gratuita -entre otras cosas- las sanciones que se hubieren impuesto a los administradores durante los dos últimos años.

Al día siguiente de realizado el pedido de explicaciones, la Dirección General Seguimiento de Organismos de Control y Acceso a la Información determinó que corresponde a una solicitud válida de acceso a la información (Ley 104), recibió el número de trámite 00111142/21 y generó el expediente EX-2021-07997055-GCABA-DGSOCAI.

Según estipulan las normas, Defensa y Protección del Consumidor dispone de 10 días hábiles para responder.

Por aquel entonces Carrillo estaba interesado –mediante la modificación de la Ley 941- en obligar a los administradores a concentrar los datos privados, comerciales y laborales de los consorcios mediante una aplicación creada por el Estado local para liquidar expensas y sueldos que llamó Aplicación Oficial Consorcio Participativo.

Con posterioridad a su sanción una importante cantidad de administradores, consorcistas y proveedores presentaron o adhirieron a diversas acciones judiciales que hasta ahora continúan contra la por entonces llamada "Ley Carrillo". Esa ley todavía no se reglamentó.

CASIPH pidió que el proyecto tenga en cuenta a los consorcios

[BPN-15/03/21] El pasado 8 de marzo la Cámara Argentina de Sistemas Informáticos de Propiedad Horizontal (CASIPH) llamó a las autoridades legislativas nacionales a contemplar un procedimiento rápido y sencillo para la recuperación de los saldos ya abonados a favor de los consorcios a la hora de modificar la Ley del Impuesto a las Ganancias.

Explicaron que recibieron muchas consultas relacionadas con el proyecto de ley nacional que pretende subir el Mínimo no Imponible del Impuesto a las Ganancias a 150 mil pesos.

A dicho proyecto el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, le introdujo dos modificaciones sustanciales a la iniciativa: el aguinaldo no pagará el impuesto y la baja será retroactiva al 1° de enero ^[1]. Se estima que esta medida traerá alivio fiscal a más de 1.200.000 trabajadores y jubilados.

Sin embargo:

1.- De ser aprobado y subir el Mínimo no Imponible a 150 mil pesos quedarían afuera del impuesto la inmensa mayoría de empleados de consorcios.

2.- Si la modificación termina siendo retroactiva al 1° de enero, los importes retenidos en los primeros meses del año deberán ser reintegrados a los trabajadores por los consorcios.

3.- Para los casos de retenciones de ganancias de cuarta categoría, el mecanismo utilizado por la AFIP para el reintegro cae en cabeza de los consorcios.

4.- Como los consorcios no hacen otros pagos relacionados al Impuesto a las Ganancias deberán utilizar dinero propio para cumplir con la nueva norma. Puede pedir la restitución de los importes abonados pero el trámite es engorroso y lento lo que "ocasionará un grave perjuicio patrimonial" a los edificios en propiedad horizontal.

5.- Ante esta situación, las autoridades de CASIPH reconocieron que no hay ninguna recomendación útil para hacer por lo que se deben seguir liquidando como se venía haciendo hasta la fecha.

CASIPH comunicó esta novedad mediante una circular que distribuyó entre sus asociados

Esperan autorización de un protocolo para asambleas presenciales

[BPN-15/03/21] El pasado 2 de marzo Pablo Nogues, director general de Cooperativas y Mutuales de la Municipalidad de General Pueyrredón, comunicó que envió al Estado provincial un protocolo para la realización de asambleas presenciales en los consorcios a instancias de Ana María Huertas, presidenta de ACoPH (Asociación de Consorcistas de Propiedad Horizontal) Mar del Plata.

El pasado 25 de febrero Huertas se había reunido con Nogues y Fernando Muro, secretario de Desarrollo Productivo e Innovación de la Municipalidad de General Pueyrredón, para discutir posibles soluciones para que los consorcios de propietarios puedan realizar sus asambleas anuales ordinarias.

En esa oportunidad Nogues se comprometió a comunicarse con la Cámara de Administradores de Propiedad Horizontal de la Provincia de Buenos Aires (CAPHPBA) para elaborar entre los tres actores –funcionarios municipales, consorcistas y administradores- un protocolo que permita las asambleas.

Según relató la titular de ACoPH a este medio, ante la imposibilidad del funcionario de lograr que las autoridades de la CAPHPBA accedieran a realizar esa reunión Nogues envió al Ejecutivo provincial un "Protocolo para la realización de reuniones presenciales llevadas a cabo por personas jurídicas de derecho privado" y se encuentra de espera de autorización.

Es de recordar, que el pasado 16 de diciembre del año pasado Huertas solicitó al intendente del partido de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro (PRO) que informe "en forma clara y precisa" los protocolos a seguir para poder realizar las asambleas en los consorcios.

Le recordó que en el listado de actividades permitidas en la fase 4 de la cuarentena causada por la pandemia de COVID-19 en la que se encuentra Mar del Plata no figura la realización de asambleas en los consorcios. El Gobierno provincial textualmente ordenó: "Que [en el caso de] las actividades no listadas con sus protocolos, deberán los municipios solicitar las excepciones y presentar los protocolos correspondientes".

La doctrina del Open Govermment del presidente Obama

[BPN-15/03/21] Como si las expensas fueran un producto ofrecido en el mercado los administradores se enfrentan habitualmente al remanido planteo de que "las expensas están caras".

Si te cuestionan el monto del ticket del supermercado la respuesta obvia es "yo compré según tu lista, hablá con Carrefour".

En el caso de los consorcios la respuesta no es tan simple.

Si bien los gastos a realizarse son muy poco flexibles hay un pequeño ámbito de decisión del administrador que hace sobreestimar su protagonismo en el valor de las expensas.

El administrador puede distribuir ciertos gastos a lo largo del tiempo y puede ser mejor o peor a la hora de conducir las obras de mantenimiento.

Cuando se analiza la composición del gasto de un consorcio se llega a una conclusión ineludible: el administrador tiene una influencia marginal en el valor de las expensas.

Lo que no todos perciben es que la queja se repite menos en cuanto mejor sea la gestión y especialmente en cuanto mejor se explique en qué se gasta.

En particular, si el administrador es bueno comunicando tanto la evolución de los gastos fijos como las razones que motivan sus restantes decisiones el planteo sobre el precio de las expensas tiende a disminuir.

En su segundo día de mandato el por entonces presidente Barack Obama promulgó el Memorando sobre Transparencia y Gobierno Abierto que se basaba en tres pilares:

Transparencia. Significa brindar información sobre lo que se está haciendo en tiempo real y ofrecer los medios para que todos los interesados puedan acceder en forma completa a ella.

Al igual que en los distintos niveles estatales, en los consorcios existe una persona o grupo de personas administrando recursos e intereses ajenos quedando sujeta su supervivencia a la aprobación de su gestión por parte de los representados.

Y eso hoy puede hacerse con la tecnología disponible sin que el administrador pierda un minuto de su escaso tiempo.

Puede lograrse simplemente poniendo a disposición de los propietarios las versiones web y las Apps para celular que tienen los sistemas de gestión líderes del mercado.

Administración Global, el sistema de gestión online para consorcios con mayor trayectoria en el mercado tiene disponible con costo cero el uso de su versión web y su App para propietarios.

Con un nombre de usuario verificado y contraseña podrán acceder a sus unidades y a partir de allí podrán ver los movimientos financieros del consorcio, bajar expensas del período y anteriores, informarse de comunicados de la administración, leer documentación, votar en consultas, reservar el uso de espacios comunes entre otras funciones.

El solo hecho de poner a disposición de los propietarios la información en forma permanente, completa y automática tiene un peso significativo en el nivel de confianza del propietario hacia el administrador y se observa en la práctica una disminución del interés en profundizar el análisis de lo ofrecido por el administrador.

Y ello no es paradójico: saber que la información está disponible para ser consultada en cualquier momento reduce el escepticismo y en consecuencia los planteos insistentes e inapropiados.

En 2020 el Grupo Octubre se llevó casi el 7% de la pauta oficial

[BPN-15/03/21] Durante los 11 primeros meses del año pasado el Grupo Octubre (GO) creada y dirigida por Víctor Santa María, titular del Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (SUTERH), recibió 327 millones de pesos de publicidad oficial nacional. En términos porcentuales Santa María recibió del Estado nacional casi el 7% del total de lo distribuido. Estos números no incluyen la publicidad de la CABA.

El total de pauta oficial de ese período que se distribuyó a 2.300 medios de comunicación fue de 4.704 millones de pesos y el Grupo Octubre estuvo en cuarto lugar entre los que más publicidad recibieron.

Los cuatro primeros puestos -entre los que se encontró Octubre- concentraron el 35% del total de la pauta nacional. Esos cuatro grupos facturan casi 1.700 millones de pesos (1.652.094.839).

Por otra parte, los ocho grupos mediáticos más poderosos recibieron el 53% de la publicidad. Esos ocho suman más de 2 mil millones de pesos (2.485.399.545).

Por último se llevaron el 80% los primeros 46 puestos sobre un total de mil grupos (2.300 medios). Ese 80% representan casi 4 mil millones de pesos (3.770.620.315).

La clasificación de los medios por grupos la realizó José Crettaz de La Nación ^[1]

Santa María acumula conflictos con los trabajadores de Página/12

[BPN-15/03/21] El pasado 4 de marzo los trabajadores de Página/12 realizaron nuevamente un paro de actividades de 24 hs. bajo la consigna #ElSueldoNoAlcanza.

Esa misma semana Víctor Santa María, editor general de Grupo Octubre -propietario de ese matutino nacional- y secretario general del SUTERH, firmó un acuerdo salarial para los encargados de edificios con aumentos del 32% e incrementó la "Contribución Solidaria" para las obras sociales del sector a 950 pesos.

Los trabajadores de prensa de Página/12 arrastran más de 5 años de reclamos por magros salarios y malas condiciones laborales desde que el empresario y sindicalista adquirió el diario. A modo de ejemplo, desde enero del año pasado, en pleno año de pandemia, los trabajadores del medio realizaron 17 medidas de fuerza que abarcaron no menos de 64 días por temas gremiales.

Mientras el presidente del PJ porteño sigue acumulando medios para el Grupo Octubre, sus problemas con los trabajadores de prensa y las denuncias de censura se incrementan proporcionalmente. Un pequeño resumen de los últimos meses:

Los concesionarios de la AM750 de Salta denunciaron que el titular del SUTERH cerró las puertas de esa señal a pedido del gobernador de esa provincia, Gustavo Sáenz, por haber transmitido una nota que no fue de su agrado ^[1].

El "Día de la lealtad", Santa María inauguro la señal periodística IP (Información Periodística).

Al día siguiente el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) denunció que las autoridades de la señal IP soslayan "las regulaciones laborales de los periodistas: el Convenio Colectivo de Trabajo de Prensa Televisada 124/75 y el Estatuto del Periodista Profesional (Ley 12.908)" ^[2].

El Grupo Octubre informó mediante un comunicado que culminó el proceso de compra de Telearte (Canal 9) y de FM Aspen por una cifra estimada en 55 millones de dólares, quedando de esta manera como su operador.

Los trabajadores de Página/12 se plegaron al paro dispuesto por las redacciones de Clarín, Olé, Ámbito Financiero, Diario Popular, El Cronista, Perfil y NA. Textualmente explicaron que el resultado de la última paritaria realizada fue insuficiente y degradante. No hubo retroactivos y se otorgaron con sumas fijas miserables que sólo achataron la escala salarial y provocó mayor pérdida de poder adquisitivo. Finalmente exigieron "¡Queremos salarios por encima de la canasta básica y [la participación de] SiPreBA en paritarias!".

Al día siguiente la Comisión Interna de Página/12 extendió el paro por 24 horas más. La razón, en sus palabras, fue: "Somos el único medio que no cobró el acuerdo paritario, que ya de por sí era insuficiente. En cambio, el Grupo Octubre nos ofrece pequeñas ‘sumas fijas a cuenta’".

Se realiza un paro de 48 hs. Entre los motivos se destacan tres: Mientras que otros medios pagan lo convenido en paritarias, el Grupo Octubre no lo hace, no paga los servicios relacionados a quienes realizan teletrabajo y contratan "pasantes" por 14 mil pesos por mes.

Tras meses de conflicto por salarios y otras reivindicaciones, la Asamblea de Trabajadores de Página/12 se concentró en la puerta de la redacción del diario en Venezuela 356. Ese mismo día empezaron un paro de 7 días que duró hasta el 24 de diciembre como parte del plan de lucha que venían realizando.

La periodista Mercedes Ninci denunció que Víctor Santa María la echó de Canal 9 por una nota que había realizado en 2018 sobre una denuncia que radicó la UIF y Graciela Ocaña contra él por una cuenta no declarada en Suiza con cuatro millones de dólares ^[3].

Por otra parte, Horacio Verbitsky en El Cohete a la Luna y bajo el título "La lista negra de Víctor Santa María" develó: "La lista circula desde hace tiempo en mensajes de WhatsApp. Contiene 17 nombres a los que dicen que Víctor Santa María no quiere ver escritos en su cada vez más creciente grupo de medios" ^[3].

Los trabajadores de Página/12 anunciaron: "Seguimos con medidas de fuerza porque #ElSueldoNoAlcanza. Queremos aumento ya, cláusula de enganche para colaboradores y cumplimiento de todo nuestro pliego de reivindicaciones. Estamos cumpliendo una reducción de jornada y tareas durante todo este mes porque #NoSeBancaMás"

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[1] BPN Nº 690 del 15/10/20: "Santa María cerró la AM750 Salta".

[2] BPN Nº 692 del 16/11/20: "Denunciaron que el Canal IP soslaya las regulaciones laborales".

Notebooks para todos sin excepciones

[BPN-15/03/21] El pasado 26 de febrero, el Frente Nacional de Trabajadores de Edificios (FreNTE) solicitó a la Federación Argentina de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (FATERyH) que entregue las notebooks a los hijos de los encargados que cursen 7º grado y 1º año de la secundaria aunque sus padres pertenezcan a otra obra social.

Así lo hizo saber mediante una circular que hizo pública en las redes sociales.

Por otra parte las autoridades del FreNTE adelantaron a Pequeñas Noticias que en los próximos días cursarán el pedido formal en la sede del SUTERH y de la FATERyH en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Textualmente la circular solicitó:

Buscan incentivar las obras de arte en los consorcios

[BPN-15/03/21] El pasado 4 de marzo cinco legisladores porteños de Vamos Juntos presentaron un proyecto de ley cuyo objetivo es promover la instalación, exhibición y restauración de obras de arte en los lugares comunes de consorcios de propietarios, condominios, edificios, galerías comerciales, vestíbulos o halls de edificios de oficinas y hoteles [Artículo 1º].

Las obras pueden ser realizadas en las siguientes técnicas: escultura en materiales durables, grabado, fotografía, pintura, dibujo, cerámica, mosaico, forja, orfebrería, tapicería, vidriería, decorativas, ornamentales y gráficas, entre otras [Artículo 2º].

"Las obras deberán ser originales de un artista nacional y/o extranjero con residencia permanente o transitoria, teniendo que ser instaladas y/o expuestas de manera fija y permanente en las fachadas, muros lindantes y/o en los espacios comunes de los edificios, condominios e inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal, galerías comerciales y vestíbulos o halls de edificios de oficinas u hoteles, debiendo ser claramente visibles desde el exterior y/o de acceso público" [Artículo 4º].

El proyecto propone dos tipos de incentivos: uno para la instalación emplazamiento y exhibición de obras de arte y otro para aquellos que ya estén exhibiendo obras de arte y necesiten ponerlas en valor, refaccionarlas o restaurarlas.

Quienes incluyan en la solicitud de un permiso de una obra nueva "la instalación, emplazamiento y exhibición de obras de arte" podrán deducir el costo proyectado para la obra de arte del pago por el Impuesto a la Generación de Áridos y Afines no Reutilizables hasta un tope del impuesto equivalente a 2.000 m² [Artículo 3º].

Aquellos edificios contemplados en la iniciativa en los que estén expuestas, emplazadas y/o instaladas obras de arte de valor patrimonial e histórico para la CABA y que deban ponerlas en valor, refaccionarlas o restaurarlas podrán convertir en crédito fiscal hasta el 50% del monto invertido. Éste podrá ser deducido del pago del ABL o del impuesto sobre los Ingresos Brutos generados por la explotación del establecimiento en el que se encuentre emplazada la obra de arte.

Sin embargo, si el inmueble se encuentra en una de la Áreas de Protección Histórica (APH) o esté incluido en el Catálogo de Edificios Protegidos de la CABA se podrá convertir hasta el 100% del monto invertido [Artículo 8º].

El proyecto prevé que la autoridad de aplicación establezca "un registro o plataforma" para facilitar la vinculación entre los clientes potenciales y los artistas"

Por último el Ejecutivo porteño deberá promover y colaborar en la instalación y exhibición de obras de arte realizadas por estudiantes o docentes de las escuelas secundarias o superiores especializadas formación artística [Artículo 5º].

El proyecto de ley fue ingresado a la Legislatura porteña por Claudio Gabriel Cingolani, Hernán Reyes, Juan Facundo Del Gaiso, Lucía Romano y María Cecilia Ferrero.

Este mes los salarios perdieron unos puntos contra la inflación

[BPN-15/03/21] Este mes el promedio de las escalas salariales de los encargados de los consorcios ^[1] perderá contra la inflación 3,7 puntos porcentuales con respecto al mes pasado. En el acumulado anual y en el interanual también los números son negativos: 6,85 y 23,49 puntos porcentuales respectivamente.

Este mes no hubo cambios en las escalas salariales con respecto al mes pasado. El promedio de las escalas salariales se mantiene en los 52.747 pesos.

El incremento acumulado anual de las escalas salariales hasta marzo seguirá siendo de un 4,88%.

El promedio de las escalas salariales durante diciembre del 2020 fue de 50,294 pesos.

Desde marzo de 2020 hasta el mismo mes de este año las escalas salariales se incrementaron en un 17,50%, o sea 8,48 puntos porcentuales menos que el mes pasado.

En marzo del año pasado el promedio de las escalas salariales fue de 44.889 pesos mensuales.

El promedio anual de los primeros tres meses de este año contra los tres primeros del año pasado arrojó un aumento del 21,96%. Una diferencia de 2,02 puntos con respecto al mes pasado.

Según el Índice de Precios al Consumidor que mide el INDEC la inflación de febrero fue de un 3,6% y para el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) que estima el Banco Central de la República Argentina (BCRA) la inflación de marzo será de un 3,7%.

Según estos números, en marzo la inflación acumulada durante el 2021 será del 11,73% mientras que la interanual de marzo a marzo está estimada en un 40,99%.

El pasado 2 de enero el Congreso de la Nación sancionó la Ley 27.609 (Movilidad Jubilatoria) que establece que los haberes de la clase pasiva se actualizarán mediante un índice que combina el crecimiento de la recaudación de la ANSeS y las variaciones salariales. Los aumentos serán en marzo, junio, septiembre y diciembre.

Este mes será el primero al que se le aplica la nueva fórmula y según la Resolución 48 del ANSeS el porcentaje de incremento será de un 8,2%. O sea que el haber mínimo de un jubilado que paga expensas será de 20.577 pesos, lo que representa 227 dólares al precio oficial, 130 dólares a cotización turista o 145 dólares según el mercado blue.

En marzo del año pasado ese haber estuvo en 15.892 pesos por lo que el acumulado anual es de 8,1% y el interanual de 29,48%

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Estimado Alejandro:

La forma en que los copropietarios contribuyen a los gastos que demanden las reparaciones o mantenimientos de las cosas comunes se encuentran normada en el reglamento de copropiedad.

El reglamento de copropiedad es un contrato que el adquirente de una unidad funcional, una vez que deviene propietario de la misma, se somete a sus estipulaciones y las acepta.

Dentro del reglamento hay estipulaciones que no pueden ser modificadas sino con el voto unánime de todos los propietarios. Estas son llamadas cláusulas estatutarias que están referidas a los derechos que cada uno de los propietarios detenta sobre su unidad funcional y sobre las cosas comunes, no siendo posible modificarlas, sino por la mayoría o unanimidad conforme a su reglamento [1].

En un consorcio por encima de la voluntad de la asamblea, se encuentra el reglamento de copropiedad, que obliga a los consorcistas como la ley misma, posibilitando un adecuado funcionamiento de la comunidad consorcial en tanto sea acatado.

Ni la administración del consorcio, ni un grupo de propietarios que no reúnan la mayoría o la unanimidad que exige el reglamento, pueden modificar por cualquier pretexto la porcentualidad para la contribución del pago de los gastos comunes, Para que quede claro, los porcentuales establecidos en el reglamento para cada unidad funcional, gozan de garantía constitucional y únicamente pueden ser alterados conforme lo establezca el reglamento [2].

Y también debemos recordar lo normado por el art 2061 del Código Civil y Comercial de la Nación (CCyC): "Conformidad expresa del titular. Para la supresión o limitación de derechos acordados a las unidades que excedan de meras cuestiones de funcionamiento cotidiano, la mayoría debe integrarse con la conformidad expresa de sus titulares".

Beatriz Areán ha sostenido, en relación con esta cuestión, que "puede decirse que en la actualidad existe consenso en el sentido de que en los juicios que tienden a obtener la modificación del reglamento, la litis debe ser trabada con la totalidad de los propietarios y no con el consorcio. El derecho a la defensa en juicio asegurado por el art. 18º de la Constitución Nacional exige que todos sean oídos, si se tiene en cuenta que, de accederse a la eximición del pago de ciertos gastos en favor de alguna de las unidades -generalmente los locales-, se están alterando los porcentuales con los que los demás deben contribuir, y con ello se afectan sus derechos patrimoniales" (Highton, Elena - Areán, Beatriz, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación concordado con los códigos provinciales. Análisis doctrinario y jurisprudencial, T. 2, pág. 326).-

Conclusión, no se pueden modificar, por pedido de ningún propietario, salvo en caso que realmente los mismo se encuentren erróneos y esta información la debe acreditar un agrimensor y sólo pueden ser errores numéricos que se hayan cometido en el momento de aprobarse el plano de mensura para cuyo caso deberá llamarse a una asamblea aprobar la modificación del reglamento para subsanar el error.

Lo saluda.

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[1] "La reforma de las cláusulas estatutarias del reglamento de copropiedad requieren la unanimidad de votos y las meramente reglamentarias las mayorías exigidas por la Ley 13.512, o la mayor que prevea el reglamento de copropiedad" (Cámara Nacional Civil Sala "D" 2/3/1966 ED 16-351). "Cuando la reforma del reglamento significa un acto de disposición de los derechos de propiedad reconocidos a los condóminos en el instrumento constitutivo, requiere unanimidad de votos" (Cámara Nacional Civil Sala 1ª. 22//85 Cardona Laura C/Consorcio Rivadavia 2633).

[2] "Para que proceda la reforma del reglamento de copropiedad y administración debe existir unanimidad entre los miembros del consorcio o prestar conformidad el copropietario a quien afecte dicha modificación cuando ella verse sobre la proporción en que debe atribuirse al pago de los gastos comunes" (Cámara Nacional Sala "E", Febrero 3, 1993 - J.A., 1993-IV).

Hola José! 

El recibo de haberes es un tema que trata la Ley de Contrato de Trabajo en los artículos 138 a 146 y hay otros que también están relacionados con el recibo de pago por diversas cuestiones. Te transcribo el 138 y el 139 a continuación:

"Artículo 138 - Recibos y otros comprobantes de pago: Todo pago en concepto de salario u otra forma de remuneración deberá instrumentarse mediante recibo firmado por el trabajador, o en las condiciones del artículo 59 de esta ley, si fuese el caso, los que deberán ajustarse en su forma y contenido en las disposiciones siguientes:

"Artículo 139 - Doble ejemplar: El recibo será confeccionado por el empleador en doble ejemplar, debiendo hacer entrega del duplicado al trabajador". El resto de los artículos describe el contenido, los casos de recibos por serparado y otras cuestiones que no hacen al tema de tu consulta.

La obligación por parte del empleador de entregar el recibo surge de esta ley y estos artículos.

Es cierto que la pandemia complicó el normal desempeño de las tareas administrativas pero también es verdad que resulta bastante sencillo tomar una foto y enviarla a un celular como para tener una constancia del contenido del recibo de haberes y puedas saber cómo se compone el importe de tu sueldo.

A medida que te voy escribiendo estas líneas, me pregunto: ¿Vos y el administrador tienen celular? ¿Hace 9 meses que no ves personalmente al administrador? ¿Están físicamente muy lejos o es imposible mantener todas las precauciones que esta pandemia exige como para no verse en este tan largo tiempo? ¿Sos persona de riesgo? ¿Estás trabajando? ¿No puede dejar en un sobre todos los recibos o cada mes? 

Imagino que algo de todo esto se podría haber hecho. Si no, ya no me queda más que pensar en acercarme al sindicato para ver qué solución encontrar o enviar alguna notificación fehaciente como para encontrarte con tus recibos de haberes. Si en el Sindicato no te dan una respuesta razonable debés consultar a un abogado laboralista.

Me gustaría saber y que nos cuentes cómo resolviste este problema.

¡Un saludo grandote!

¡Hola! Esta duda también fue nuestra cuando comenzó la obligación de abonar la obra social sobre un mínimo. En ese entonces le hicimos la consulta al Sr. Osvaldo Bacigalupo, ex Secretario Gremial y actual Secretario de Organización e Interior, y nos informó que ambos empleadores -dos edificios- debían aportar por el mínimo de la obra social. 

Si bien resulta que en algunos casos puede darse que el trabajador parcializado termine abonando por el concepto de obra social más que un trabajador mensualizado de 8 horas, es así como debía hacerse.

Un saludo grandote.

¡Hola Karina! 

Con respecto al tema del bono del 20% que se abona en diciembre y el segundo Sueldo Anual Complementario (SAC) en el Boletín de Pequeñas Noticias N°696 en el correo "El SAC, las vacaciones y el bono del 20%" contamos los fundamentos y te los transcribo: 

"Si bien ya no hay dudas de este pago, no surge del texto las particularidades de la bonificación. En el Boletín de Pequeñas Noticias N° 564 del 2 de diciembre de 2015 -año en que apareció la obligación-, el por entonces presidente de la CAPHyAI, Daniel Tocco, aclaró al respecto: "Esta bonificación anual no es normal ni habitual en el salario del trabajador, no debe considerarse para el cálculo del SAC ni tampoco para el cálculo de las horas extras del mes de diciembre" y agregó que es un importe por el cual se debe aportar ni contribuir". Al no tener en cuenta este bono para el cálculo del aguinaldo ni las horas extras, tampoco se lo tiene en cuenta para el cálculo del valor de las vacaciones".

Con respecto al SAC de diciembre, éste no se toma en cuenta para el cálculo de las vacaciones sino al revés: son las vacaciones en la proporción que correspondan las que se toman en cuenta para calcular el SAC. Éste es el 50% de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto dentro de los dos semestres que culminan en los meses de junio y diciembre de cada año (Artículo 122 de la Ley de Contrato de Trabajo).

Y por último, te cuento que tenemos cursos para aprender a liquidar sueldos en el ámbito de la propiedad horizontal, podés obtener más información mandando un correo a pequenasnoticias@gmail.com.

Un saludo grandote.

¡Hola Raúl! 

El pedido se lo tiene que hacer al administrador quien es el responsable de la confección del recibo de haberes. Le hace una carta por duplicado: una la guarda el administrador en su legajo y otra se la firma el administrador y se la guarda usted como para tener el comprobante de que el administrador se notificó.

De esta forma el administrador también tiene el comprobante ante cualquier inspección sobre su decisión de no querer aportar al Fondo para la Maternidad, Vida, Desempleo y Discapacidad. Le recuerdo que este fondo no es obligatorio siempre que no esté afiliado al sindicato del sector.

Un saludo grandote.

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