En un año y medio el padrón del RPA creció un 12%

[BPN-15/06/21] Durante el último año y medio el Registro Público de Administradores de Consorcios (RPA) porteño creció un 11,97% llegando a los 8.261 inscriptos. La comparación se realizó entre el último padrón analizado en noviembre de 2019 ^[1] y el publicado en mayo de 2021.

Si bien desde el 2003 y hasta el 2018 por diferentes razones se borraron 72 mandatarios, el 2019 totalizó con 1.156 administradores -754 más que en noviembre de 2019- y desde enero de 2020 hasta mayo de 2021 se agregaron otros 201.

En otro orden de cosas, por onceavo año consecutivo –con una mínima excepción- se inscribieron más mujeres que hombres en el RPA. Por esa razón, actualmente el padrón está equilibrado con una muy leve ventaja para los varones. En total, hay 4.031 administradores hombres (48,80%), 4.027 mujeres (48,75%) y 203 empresas (2,46%).

En la tabla precedente se puede observar que durante 2018 y 2019 se incrementaron notablemente la cantidad de administradores inscriptos. Esa tendencia se venía anticipando gradualmente desde el 2005 en que cada mes fue levemente superior al anterior, tuvo su pico en 2019 y una caída abrupta durante el año en que se desató la pandemia de COVID-19 en la Argentina.

El estudio fue elaborado por la redacción de Pequeñas Noticias sobre datos oficiales proporcionados por el sitio "Buenos Aires Data". En la página correspondiente al "Registro de Administradores de Consorcio" se informó que la base de datos se publicó el pasado 10 de mayo y se actualizó 10 días después.

El último administrador de ese archivo figura con el número de matrícula 15.677 e inscripto el 9 de marzo del año pasado. Sin embargo, si se realiza una búsqueda manual en el sitio del RPA se advierte que el último registrado tenía el número 16.286. Es así que entre las dos fuentes oficiales hay una diferencia de 609 administradores.

Por otra parte, siguen figurando 30 administradores inscriptos en el padrón del RPA antes de la sanción de la Ley 941 que lo creó. Esas "fechas de inscripción" comienzan el 11 de agosto y finalizan el 29 de agosto de 2002.

Es de recordar que la Ley 941 se sancionó el 3 de diciembre de 2002 y se publicó en el Boletín Oficial el 3 de enero de 2003 

El RPA exhortó a declarar los consorcios realmente administrados

[BPN-15/06/21] El pasado 7 de junio el Registro Público de Administradores (RPA) porteño "exhortó" a sus matriculados a declarar los consorcios "realmente administrados".

Textualmente comunicó: "Nos dirigimos a Uds. a fin de hacerles saber que este Registro Público de Administradores de Consorcios ha detectado muchos casos de inconsistencias en relación a los consorcios declarados por los administradores en los términos del artículo 12º de la ley 941 y los consorcios de propiedad horizontal efectivamente administrados", y agregó: "Es por ello que, exhortamos a aquellos administradores que no han declarado todos los consorcios que administran, a que procedan a regularizar dicha situación".

Sin embargo, como no se ordenó un "blanqueo", es de suponer que a aquellos que regularicen su situación se les impondrá la sanción que corresponde por no informar el listado actualizado de los consocios que administra que prevé la Ley 941.

Las autoridades del RPA comunicaron esta novedad a sus registrados mediante un correo electrónico masivo el 7 de junio pasado.

Es un secreto a voces, casi desde la creación del Registro, que hay administradores que declaran ante el RPA una fracción de los consorcios que administran. Esto causa un perjuicio no sólo a los consorcistas sino también a sus colegas que cumplen trabajosamente con toda la normativa.

Hoy en día para un administrador es muy riesgoso no inscribirse en el RPA porque cualquier vecino descontento con su gestión puede consultar el sitio del Gobierno de la CABA si está inscripto y si tiene la matrícula al día. De no ser así puede cursar una denuncia ante el RPA con muchas probabilidades de que prospere.

Sin embargo, puede eludir este control si inscribe sólo una fracción de sus consorcios porque cuando este consorcista consulte para ver si su administrador está registrado lo encontrará y probablemente con la matrícula al día. Lo que ese vecino no sabe es que su consorcio no fue informado en las Declaraciones Juradas anuales lo que le permite al mandatario escapar al control estatal.

Hay que reconocer que la puerta a esta "picardía" la abrió desde su inicio el mismo RPA ya que –a pesar de las promesas de políticos y funcionarios- nunca permitió consultar los consorcios declarados por cada administrador ante el organismo de control.

Es de recordar que la obligación de presentar el listado completo de los consorcios que administra surge del inciso a) del artículo 12º de la Ley 941 que ordena:

Por otra parte el inciso f) del artículo 15º establece que es motivo de una infracción:

Las sanciones se establecen en el artículo 16º y las económicas van desde 8.517 pesos hasta 567.800 pesos.

Causó malestar la indicación de Bouza de llamar al 911

[BPN-15/06/21] Amplio malestar produjo la indicación de denunciar al 911 cualquier incumplimiento al "Protocolo COVID-19 para edificios" que dispuso Vilma Bouza, directora general de Defensa y Protección del Consumidor (DyPC) porteño, el pasado 21 de mayo <ver nota>.

Entre los actores de la comunidad consorcial reaccionaron Andrés Zulberti, coordinador de la Comisión de Consorcios de la Comuna 3 y la Dra. Victoria Loisi de la Liga del Consorcista.

También opinaron sobre el tema Eduardo Feinmann y Pablo Rossi en El Noticiero de TV por cable de LN+. Por su parte, Panam Post tituló una nota sobre el tema: "La vida de los otros, versión porteña: Larreta incentiva la denuncia de vecinos" y los medios digitales "data24" y "La Derecha Diario" antepusieron la volanta "La Gestapo de Larreta" y "El feudo soviético de Larreta" a los respectivos títulos de sus notas.

Actualmente el Registro Público de Administradores porteño está coordinado por Diego Sarrabayrouse, depende de Defensa y Protección del Consumidor cuya directora general es la mencionada Bouza y cuyo superior directo es Facundo Carrillo, secretario de Atención y Gestión Ciudadana.

El 26 de mayo Zulberti presentó un escrito en la Defensoría del Pueblo de la CABA en el que le solicitó que recomiende a DyPC que desista de emitir normas, de realizar recomendaciones o armar protocolos sobre temas de consorcios toda vez que la Ley 941 y su reglamentación regulan sobre la actividad de los administradores que son mandatarios de los consorcios y no sobre los consorcios mismos, conforme al artículos 2065º y el inciso h) del artículo 148º del Código Civil y Comercial de la Nación (CCyC).

Al día de hoy no obtuvo respuesta.

Por su parte, El 24 de mayo la Dra. Loisi señaló: "Todos y cada uno de estos puntos [los del protocolo del GCABA] son simples recomendaciones no obligatorias, por lo que llama la atención la sugerencia de transformar a los vecinos y en su caso al encargado del edificio o al personal de seguridad, en espías de los propietarios. Llama la atención, justamente, porque es la policía quien atiende el 911 y en la medida que no se trate de un delito, nada podrá hacer con dichos llamados telefónicos".

El mismo día que Bouza firmó la Disposición 2040, Feinmann, conductor de "El Noticiero", contó a Rossi que le acababa de llegar el protocolo para los edificios y alertó:

Eduardo Feinmann: ¡Ojo con el último punto, yo creo que va a haber más de una bronca con esto!

Pablo Rossi: ¿Los comisarios del pueblo?

EF: Sí, o los jefes de la manzana o los jefes del edificio. Punto número uno [enumera todos los puntos del protocolo] ...en caso de incumplimiento comunicarse al 911. ¿Quién se pone la gorra?

PS: Porteros de la torre.

RF: La del tercero en mi edificio, ponele.

PS: ¿Qué complejo, no?

EF: Esto ni siquiera lo vi en la primera etapa.

[...]

PS: ...me da la sensación que Horacio Rodríguez Larreta había avanzado unos puntos en el casillero pero... ¡le tocó esta! Con esto retrocede. ¡Estado policíaco, no! ¡Delatores de manzana, no! ¡Comisarios del edificio, no!

La conversación siguió en este tono hasta que se pasó a otro tema.

El 23 de mayo el medio digital puso todo su énfasis en la volanta -"La Gestapo de Larreta"- que precedió al título de su nota y en su fotoilustración.

El texto de la nota consta de sólo dos párrafos en los que define perfectamente el sentir del medio: "Este sábado, el gobierno porteño difundió un panfleto al mejor estilo Unión Soviética en donde se impone una suerte de medida que tienen que seguir aquellos vecinos que habitan en un edificio. El afiche fue repartido y colocado en todos los edificios de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y generó la indignación y el repudio de los porteños que, simplemente arrancaron y desecharon los panfletos colocados por la ‘oposición’ [sic]".

El 21 de mayo este medio digital informó: "Larreta también anunció que empleará más de 5.000 trabajadores de la Ciudad, que están en contacto con más de 40.000 consorcios de todo el territorio porteño para hacer ‘visitas sorpresa’ y verificar que se esté cumpliendo la cuarentena".

A continuación opinó que El PRO quiere implementar la misma metodología del politburó comunista para encontrar a personas que no estén cumpliendo las reglas del régimen con los trabajadores de la Stasi ^[1].

Por último agregó: "Se volverá a abrir el 911 para que las personas denuncien a los vecinos que vean rompiendo la cuarentena, que puede resultar en multas millonarias. Así como en la Rumania de Nicolae Ceausescu ^[2], se promueve que amigos denuncien a amigos, padres a hijos, y vecinos a vecinos"

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[1] El Ministerio para la Seguridad del Estado, más conocido por su abreviatura Stasi, era el órgano de inteligencia de la República Democrática Alemana (RDA). Creada el 8 de febrero de 1950, centraba sus operaciones en la capital, Berlín Oriental, donde tenía un extenso complejo en Lichtenberg y otros menores dispersos por la ciudad. La Stasi fue reconocida en general como uno de los servicios de inteligencia más efectivos del mundo. Fue disuelta en 1990, unos meses después de la caída del Muro de Berlín.

Los administradores debieron ‘fijar’ el protocolo en sus edificios

[BPN-15/06/21] En el marco de las últimas medidas generales de prevención destinadas a contener la propagación del virus SARS-CoV-2, la directora general de Defensa y Protección del Consumidor porteño, Vilma Bouza, encomendó a los administradores de consorcios de la CABA con carácter urgente que fijen en un lugar visible de los edificios que administran (hall de entrada y ascensores), el nuevo "Protocolo COVID-19 para Edificios".

Ese mismo día el Gobierno Nacional estableció restricciones severas a las actividades no esenciales y a la circulación hasta el 30 de mayo mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 334.

Bouza ordenó también a los administradores readaptar "los protocolos de recomendaciones relativos al uso y preservación de los espacios comunes de los consorcios de propiedad horizontal, promoviéndose el cierre de aquellos espacios cubiertos como SUM (Salón de Usos Múltiples), parrillas, gimnasios, salas de reunión, entre otros, a los efectos de preservar la salud del conjunto consorcial y evitar de esta forma los riesgos de contagio del COVID-19".

Por otra parte, les recomendó: "Extremar los recaudos necesarios a fin de propiciar la toma de decisiones y respetar la voluntad consorcial, poniendo a disposición de los integrantes del mismo los medios idóneos tendientes al uso de plataformas o canales digitales para la celebración de las asambleas bajo modalidad a distancia, conforme se estableciera en el [protocolo establecido en el anexo de la Disposición 5.313] de fecha 30 de diciembre de 2020 [BO: 05/01/21]".

El nuevo protocolo ordenó el cumplimiento de los puntos 1, 2 y 5 y realizó recomendaciones en los puntos 3 y 4:

Por otra parte, llamó la atención de la redacción de Pequeñas Noticias que lo ordenado por Bouza tenga fecha de inicio (el día de su publicación en el Boletín Oficial) pero no fecha de finalización por lo que se supone que estará vigente hasta que se derogue o modifique.

El mismo día que Bouza firmó esta disposición, el Registro Público de Administradores (RPA) porteño envió un correo electrónico a sus matriculados solicitándoles "tengan la amabilidad de difundirlo". Adjuntó copia de las piezas gráficas para colocar en los consorcios y la Disposición ordenada.

Al día siguiente el Gobierno de la CABA informó en su sitio web que "más de 5.000 personas de todos los ministerios, secretarías y comunas del Gobierno de la Ciudad y personal de la Legislatura porteña salieron a la calle en las últimas horas a entregar el nuevo protocolo de prevención contra el COVID-19 en los más de 40.000 edificios que hay en Buenos Aires".

Pidieron más transparencia al Estado local en sus contrataciones

[BPN-15/06/21] El pasado 5 de junio el Adm. Jonathan Landesman, productor y panelista del programa Reunión de Consorcios TV, lamentó que el Gobierno porteño no haya dado el ejemplo a la hora de contratar en forma directa una empresa informática para mantener y ampliar el "Sistema de Gestión de la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor" porteño. Está previsto que esta empresa entre los trabajos a realizar mejorará y agregará nuevas prestaciones al sistema del Registro Público de Administradores (RPA) ^[1].

Si bien reconoció que el Gobierno porteño "da el ejemplo y es vanguardia en lo que es [el tema de] consorcios" le llamó la atención que harán una actualización de sus sistemas y agregarán nuevas funcionalidades por más de 14 millones de pesos (142 mil dólares) mediante un contrato directo, o sea sin una licitación.

Recordó que este es el segundo trabajo que realiza la empresa contratada en los sistemas informáticos de Defensa del Consumidor y el Registro de Administradores, en 2017 se le destinaron para ese fin, en principio, 171 mil dólares (tres millones de pesos).

El administrador reiteró: "Todos sabemos que muchos en provincia y en muchos lugares del interior se basan en lo que va sacando el Gobierno de la Ciudad en lo que es propiedad horizontal porque el Gobierno de la ciudad está más ordenado y da un marco. Para mí le falta mucho pero es ejemplo en mucha cosas". Sin embargó agregó que querría más "transparencia en cuanto a la contratación de algunos servicios, nada más".

Se creó un registro obligatorio de personas con discapacidad

[BPN-15/06/21] El pasado 29 de abril el Consejo Deliberante de Campana, provincia de Buenos Aires, creó un "registro obligatorio de personas con discapacidad, habitantes en propiedades horizontales", para ser utilizado en caso de un siniestro en el consorcio.

En sus considerandos la norma explicó que "para disminuir los riesgos, en casos de emergencia, y facilitar la tarea de evacuación por parte del personal de bomberos y defensa civil, se propone la creación de un registro obligatorio de las personas con discapacidad que habitan en propiedades horizontales".

Agregaron que este listado permitirá, en caso de siniestro, "verificar la ausencia total de personas en el edificio, especialmente si se trata de niños y discapacitados".

El responsable de confeccionar y mantener actualizado el listado será el administrador de cada consorcio. Éste será confidencial y deberá ser compartida con Bomberos Voluntarios y Defensa Civil de la Ciudad de Campana.

El listado se deberá actualizar cada seis meses y el mandatario que no cumpla con lo dispuesto en la ordenanza será sancionado.

El proyecto ingresó al Consejo Deliberante de Campana bajo el Nº de Expediente 20.103 y su autor fue del concejal Ernesto Meiraldi (Juntos por el Cambio). Ya aprobada por unanimidad se la registró bajo el número de Ordenanza 7151, se promulgó el 19 de mayo y se publicó en el Boletín Oficial el 2 de junio.

El texto de la ordenanza reza:

Sin respuestas de los defensores del pueblo marplatense

[BPN-15/06/21] La presidenta de la ACoPH (Asociación Civil de Consorcistas de la Propiedad Horizontal de Mar del Plata) todavía no obtuvo respuesta a su solicitud de impulsar la reglamentación de la ordenanza de Edificio Seguro marplatense y de la Ley 14.701 (RPA bonaerense) que le realizó a los Defensores del Pueblo de General Pueyrredón. Tampoco se avanzó en la concreción del ofrecimiento que recibió de los funcionarios de trabajar en forma conjunta para resolver problemas relacionados con los consorcios.

El pasado 18 de mayo Ana María Huertas y Juliana Fernández –presidenta y secretaria de ACoPH- se reunieron con los defensores del pueblo Fernando Rizzi y Daniel Barragán para conversar sobre diferentes problemas que afectan a los edificios de propiedad horizontal marplatenses.

Entre otros les solicitaron:

1.- Que colaboren para que el Ejecutivo local reglamente la recientemente aprobada Ordenanza de "Edificio Seguro" ^[1].

2.- Que impulsen la indefinidamente postergada reglamentación de la Ley 14.701 que creó un Registro Público de Administradores en la provincia de Buenos Aires en diciembre de 2013 [2].

Por último, acordaron con los defensores "coordinar acciones en conjunto que brinden respuestas a las problemáticas que se suscitan" en propiedad horizontal, ya sea asesoramiento como temas netamente municipales.

La renuencia del Ejecutivo marplatense a reglamentar la ordenanza de Edificio Seguro obligó a su autora, la concejala María Virginia Sívori (Frente de Todos), a iniciar una campaña de difusión tanto en los medios locales como en las redes sociales.

La ordenanza le impone al Ejecutivo local crear un programa llamado "Edificio seguro" cuyo objetivo será examinar de manera automática la vigencia de controles, revisiones e informes técnicos relacionados con la seguridad edilicia de inmuebles residenciales multifamiliares (consorcios de propietarios), educativos, hoteles, comercios, industrias y de todo aquel que requiera mantenimiento periódico y control municipal.

En otras palabras, la Municipalidad de General Pueyrredón deberá desarrollar un software que envíe alertas y comunicados al municipio, propietarios y administradores sobre cada uno de los vencimientos de los informes técnicos -o revisiones de instalaciones- a los que están sometidos actualmente los edificios, incluidos los consorcios de propietarios.

La ordenanza no creará controles nuevos sino que hará más eficiente el seguimiento del cumplimiento de los ya existente.

Guillermo Montenegro es intendente de General Pueyrredón desde el 2019. Anteriormente fue ministro de Justicia y Seguridad de la CABA desde 2007 hasta 2015 durante la gestión de Mauricio Macri como jefe de Gobierno porteño

Encargados de edificios en el puesto 14º del ranking gremial

[BPN-15/06/21] Los encargados de edificios estarían en el puesto 14 según el listado de los aumentos salariales que acordaron 28 sectores durante el 2021 que elaboró el matutino Clarín.

Encabeza el podio el 57% obtenido por la Federación de Obreros y Empleados Vitivinícolas y Afines (FOEVA).

En el piso se encuentran los trabajadores de la TV por cable con un 23% en tres tramos: 6% en febrero, 6% en marzo acumulativo y 11% en mayo.

Es de recordar que la inflación estimada por el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central de la República Argentina (BCRA) para este año será del 48,3%.

De esa lista -y para el matutino- el gremio comparte el puesto 16 con un 32% de incremento salarial para este año.

Llegó a ese porcentaje sumando aritméticamente los porcentajes acordados entre el gremio y tres entidades de administradores que representan la patronal el pasado 22 de febrero: 7% para abril/2021, 10% para julio, 10% para octubre y 5% para febrero del año que viene ^[1].

Esto no es una sorpresa porque casi todos los medios consideraron que el aumento de 2021 fue del 32% sin considerar que a este año llegó de arrastre del 2020 un 6% en febrero y que en el último acuerdo se pactó un 5% en febrero del año que viene.

Sin embargo si se analizan los promedios de las escalas salariales ^[2] de diciembre de 2020 y 2021 se puede observar que el incremento real será de un 33,19% lo que sube al sector dos posiciones en el podio y lo deja en el ya mencionado puesto 14º.

El diciembre del año paso el promedio de las escalas salariales era de 50.294 pesos mensuales y en diciembre de este año será de 66.988 pesos

En 2020 aumentaron levemente los puestos de trabajo

[BPN-15/06/21] En promedio, durante el 2020 los consorcios de propietarios proporcionaron 829 nuevos puestos de trabajo en el sector de la propiedad horizontal con respecto al 2019. En porcentajes, esos números representaron un crecimiento del 1,48%.

Por otra parte durante el 2020 la remuneración promedio "bruta" de cada trabajador fue de 59.358 pesos mensuales, 15.851 pesos más que durante el 2019.

El aumento interanual promedio de las remuneraciones fue del 36,43%, levemente superior a la inflación del año pasado que fue de un 36,10%.

Llamó la atención de la redacción de Pequeñas Noticias que a lo largo de los últimos cinco años se viene reduciendo la diferencia entre las remuneraciones brutas promedio informadas por el Ministerio de Trabajo y el promedio de las escalas salariales anuales del sector.

Es de suponer que esto se debe –junto con algún otro motivo- a la ya denunciada reducción paulatina de horas extras, al recambio de personal de jornada completa por trabajadores de jornada más reducida, al reemplazo de personal de mucha antigüedad por uno nuevo o el de suplentes de jornada completa por suplentes de media jornada.

Se observa que el salto más importante se produjo en 2016 y luego fue descendiendo gradualmente hasta el 2020, año en que comenzó la pandemia de COVID-19.

Es así que en 2016 la diferencia entre el promedio de las escalas salariales y el de las remuneraciones bruto fue de 47,65% mientras que el año pasado fue del 29,28%.

Para confeccionar este trabajo se tomó en cuenta a los trabajadores alcanzado por los Convenios Colectivos de Trabajo 589/10 590/10 y no contemplan al personal de las empresas de limpieza.

La fuente de los datos fue el Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (OEDE) que depende de la Dirección General de Estudios y Estadísticas Laborales (DGEyEL) cuyo superior directo es la Subsecretaría de Políticas, Estadísticas y Estudios Laborales (SSPTyEL) del Ministerio de Trabajo de la Nación.

Ahora la prohibición de despedir es hasta el 30 de junio

[BPN-15/06/21] El pasado 27 de mayo el presidente de la Nación prorrogó hasta el 30 de junio la prohibición de despedir o suspender a los trabajadores "sin justa causa y falta o disminución de trabajo y fuerza mayor". Desde la primera prórroga que entró en vigencia el 31 de marzo del año pasado hasta el último día de junio de este año habrán transcurrido un año, dos meses y 22 días.

Sigue vigente hasta el 31 de diciembre de este año la doble indemnización por los mismos motivos.

El Presidente de la Nación prorrogó la prohibición de despedir y suspender hasta el 30 de junio (BO: 28/05/21) mediante el Decreto 345/2021.

El último decreto sobre el tema es similar al anterior. Se corrigieron sus fechas de vencimiento y la redacción de algunos artículos. Textualmente ordena:

Mariano Macri pagó su deuda de expensas y salvó el departamento

[BPN-15/06/21] Mariano Macri, hermano del expresidente de la Nación, saldó su cuantiosa deuda de expensas y salvó su departamento del remate que le había impuesto la Justicia.

En números finos la deuda fue de 617.650 pesos en concepto de expensas y 310.000 pesos por intereses y costas judiciales, lo que totalizó 927.650 pesos.

El pasado 31 de mayo, ya saldada la deuda, la administración del consorcio donde vive, por intermedio de su abogada, se presentó ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 24 para "poner en conocimiento de V.S. que el ejecutado ha cancelado el monto reclamado [...] por lo que venimos a desistir de la acción y del derecho...", y agregó: "Asimismo presto conformidad con el levantamiento del embargo trabado en estos autos".

Es de recordar que el 14 de octubre de 2020 el consorcio de propietarios de la Av. Ortiz de Campo y Martín Coronado en Barrio Parque había demandado a Mariano Macri por casi 600 mil pesos en concepto de expensas e intereses adeudados desde el 1º de marzo hasta 30 de septiembre.

Del expediente judicial en aquel momento había surgido que las expensas adeudadas correspondían a siete meses. Comenzaron con un valor de 72.050 pesos en marzo del año pasado y 85.150 en septiembre. El total del capital adeudado había sido de 532.500 pesos. A ese valor hubo que sumarle los intereses por mora del 3% mensual que totalizaron 61.601 pesos. Es así que capital e intereses sumaron los 594.101 pesos reclamados.

El mismo mes en que se inició la demanda por expensas, Mariano Macri protagonizó la tapa de los medios nacionales por haber sido la principal fuente de información del libro de Santiago O'Donnell "Hermano. La confesión de Mariano Macri sobre la trama de poder, política, negocios y familia detrás de su hermano Mauricio".

En la obra se reproducen más de 17 horas de la entrevista y –en su oportunidad- el autor de la obra informó: "Habla por primera vez y revela el lado oscuro de su hermano mayor, con un nivel de precisión y detalle que ni los peores enemigos del expresidente llegaron a imaginar".

Víctor Santa María es el presidente del Congreso del PJ porteño

[BPN-15/06/21] El pasado 31 de mayo Víctor Santa María, titular del SUTERH ^[1] y del Grupo Octubre entre otros, fue designado presidente del Congreso del Partido Justicialista porteño por los próximos dos años.

En esa oportunidad Santa María resaltó: "Rescatamos la importancia de la unidad junto al presidente Alberto [Fernández] y a la vicepresidenta Cristina [Fernández de Kirchner] para seguir profundizando ese camino tanto a nivel nacional, como en la Ciudad de Buenos Aires, junto a Mariano Recalde [senador y actual presidente del PJ de la Ciudad] y María Rosa Muiños [legisladora porteña y vicepresidenta del PJ en CABA]".

Para cumplir con las normas sanitarias que imponen la pandemia de COVID-19 la elección se realizó en forma virtual y participaron 200 congresales.

Es de recordar que el 12 de marzo Santa María perdió la presidencia del Partido Justicialista de la CABA a manos de Mariano Recalde luego de casi 7 años de ejercer el cargo. Este nombramiento en términos políticos significó un crecimiento de La Cámpora en un territorio que generalmente le fue hostil.

El medio A24 explicó que en el peronismo porteño hay al menos tres corrientes principales: la de Santa María, la de Juan Manuel Olmos -hoy asesor principal de Alberto Fernández- y La Cámpora, de reciente resurgir.

Agregó que hasta ahora la presidencia del partido oscilaba entre los dos primeros. Pero la preponderancia de Cristina y Máximo en la coalición de Gobierno logró meter en la discusión a La Cámpora como un tercer actor de poder, en parte gracias a su crecimiento en afiliados

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Página/12 intentó enredar a sus lectores en su conflicto gremial

[BPN-15/06/21] El pasado 16 de mayo, Víctor Santa María -en su carácter de editor general de Grupo Octubre- intentó involucrar a los lectores de Página/12 en su conflicto gremial con los trabajadores del matutino. Con ese objetivo publicó una nota en la tapa de la edición de ese día y envió al siguiente un correo electrónico a los suscriptos al medio.

Ese mismo domingo la Comisión Interna de los trabajadores de Página/12 de SiPreBA (Sindicato e Prensa de Buenos Aires) salió rápidamente a responderle por sus redes sociales advirtiendo: "Santa María sondea hoy a los lectores de Página/12 sobre su derecho como patrón a descontar los días de huelga a los trabajadores que no aceptamos la destrucción de nuestros salarios ni la negativa al diálogo por parte del Grupo Octubre".

Llamó la atención de la redacción de Pequeñas Noticias que Santa María -sabiendo que el lector de Página/12 es tradicionalmente progresista, o sea que tiende a estar más a favor de los derechos de los trabajadores que los de sus empleadores- se le haya ocurrido apelar a su simpatía mediante este comunicado.

La respuesta de los trabajadores de Página/12 fue a Víctor Santa María fue ampliamente cubierta por los medios especializados en temas gremiales y sindicales, entre otros.

La redacción de Pequeñas Noticias organizó los dichos de la dirección del medio y las respuestas de los trabajadores en formato de entrevista para una mejor comprensión de los argumentos de cada una de las partes del conflicto.

"Entre las omisiones se destaca la negativa por parte del Grupo Octubre a recibir a la Comisión Gremial Interna del SiPreBA y entablar un diálogo que permita destrabar el conflicto. La última vez que la empresa aceptó recibir a los representantes de los trabajadores fue el 26 de agosto de 2020, hace casi nueve meses".

"El otro dato central que omite es la pérdida de poder adquisitivo durante el lustro de gestión Santa María. Un sueldo promedio que cinco años atrás estaba 42 puntos arriba de la canasta básica hoy está 18 puntos abajo. Traducido: quien araña un sueldo de 45.000 pesos (con la línea de pobreza en 60.800) debería cobrar 86.000 para recuperar el poder adquisitivo anterior a la era Santa María".

TP/12: "El Grupo Octubre generó nuevos puestos en Página/12 es una verdad de patas cortas. En el mejor de los escenarios compensa los que se perdieron por ‘retiros voluntarios’. Lo que Santa María omite es que la mayor parte de quienes se sumaron al diario fueron contratados por fuera del convenio de prensa y bajo otras razones sociales para no reconocerles los mismos derechos que a sus compañeros, consagrados en el Estatuto del Periodista Profesional. Adicionalmente, estos compañeros fueron afiliados compulsiva e inconsultamente al sindicato UTEDYC, que no pertenece al gremio de prensa".

"Omite también que en las escasas excepciones en que un trabajador es tomado bajo la razón social de Página/12 se lo obliga a aceptar previamente, como condición innegociable para ser contratado, el compromiso a dar la espalda a la Asamblea de Trabajadores y a no adherir a las medidas de fuerza votadas por sus compañeros".

GO: "Se entregaron sillas y computadoras a los que lo solicitaron, se solucionaron los problemas técnicos surgidos por el teletrabajo y se mantuvo el pago de los refrigerios correspondientes al trabajo presencial. Además se incorporó un bono en concepto de teletrabajo para todos los que optaron por esa modalidad laboral y se establecieron pautas especiales y medidas sanitarias para aquellos que mantuvieron algún tipo de concurrencia".

TP/12: "Las presuntas grandes concesiones (herramientas de trabajo como silla y computadora, bono para compensar gastos, protocolo de violencia labora y de género, etc.) fueron conquistas obtenidas por perseverar en la lucha; las "medidas sanitarias" puertas adentro, por ejemplo, se implementaron tras el anuncio de un paro por tiempo indeterminado ante la ausencia de protocolo sanitario".

"Respecto del bono por teletrabajo al que hace referencia la empresa, lo empezamos a recibir hace dos meses y por un importe de 720 pesos brutos, que con los descuentos no alcanza a 600 pesos, cifra claramente insuficiente para compensar los gastos hogareños (electricidad, teléfono, internet) derivados del teletrabajo".

"Respecto a que ‘se mantuvo el pago de refrigerio correspondientes al trabajo presencial’, Santa María omite informar que el adicional por ese rubro era un derecho adquirido hasta su llegada y que nunca aceptó negociarlo, por lo que se congeló en octubre de 2015 en 32,77 pesos diarios (¿Un tercio de café?) y nunca más se actualizó".

Finalmente adelantaron: "Las trabajadoras y trabajadores que hacemos el diario desde mucho antes del desembarco del Grupo Octubre en Página/12 seguiremos defendiendo nuestros derechos y luchando para recuperar el terreno perdido. Nos sobran los motivos".

Quieren que cada departamento cuente con un detector de CO

[BPN-15/06/21] El pasado 19 de mayo el legislador Leandro Santoro (Frente de Todos) presentó un proyecto en la Legislatura porteña para que sea obligatorio que cada departamento de un consorcio con conexión al gas domiciliario cuente con un detector de monóxido de carbono.

De ser aprobada la iniciativa, los edificios nuevos no podrán obtener el Certificado de Final de Obra si no cuentan con un detector reglamentario. Para los edificios ya existentes el Gobierno de la Ciudad determinará el órgano de fiscalización y apercibimiento en caso que no cuenten con los detectores propuestos [Artículo 4º].

El artículo 2º establece que el Gobierno de la Ciudad entregará de forma gratuita y por medio de la empresa distribuidora los detectores para las siguientes personas, ya sean propietarios o inquilinos:

a) Jubilados o pensionados o trabajadores en relación de dependencia que perciban una remuneración bruta menor o igual a 2 Salarios Mínimos Vitales y Móviles.

b) Trabajadores monotributistas inscriptos en una categoría cuyo ingreso anual mensualizado no supere en 2 veces el Salario Mínimo Vital y Móvil.

c) Beneficiarios de Pensiones no Contributivas que perciban ingresos mensuales brutos no superiores a 2 veces el Salario Mínimo Vital y Móvil.

d) Titulares de programas sociales nacionales o municipales.

e) Se encuentren inscriptos en el Régimen de Monotributo Social.

f) Se encuentren incorporados en el Régimen Especial de Seguridad Social para Empleados del Servicio Doméstico (26.844).

g) Se encuentren percibiendo seguro de desempleo.

h) Titulares de Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.

i) Usuarios que cuenten con certificado de discapacidad expedido por autoridad competente.

j) Propietarios o inquilinos de unidades funcionales de los complejos habitacionales que se encuentren bajo la órbita del IVC.

En este momento el costo de un aparato de este tipo es de 1.500 pesos en adelante ^[1], sin embargo según la iniciativa el proveedor de estos aparatos será la empresa distribuidora de gas que en el caso de la CABA se trata de METROGAS.

En este sentido el texto del artículo 3º de la iniciativa ordena: "la autoridad de aplicación articulará la entrega y un sistema de financiación con la empresa distribuidora, estableciendo un sistema de pago en cuotas contra factura".

Según datos de la empresa en 2017 tenía 2,4 millones de usuarios de los cuales el 61% pertenecían a la CABA ^[2]. De las ventas a ese 1.464.000 de clientes el 22,8% correspondió a consumidores residenciales lo que permite estimar que 333.792 clientes deberán comprar a METROGAS un detector de monóxido de carbono. Si la empresa lo vende a precio de mercado sería una erogación para los consorcistas porteños de más de 500 millones de pesos.

Sin embargo es de suponer que al tener el monopolio exclusivo de la venta de estos aparatos su precio no será fijado por el mercado con lo cual se hace imposible calcular el impacto económico que tendrá para los consorcios.

Por otra parte se infiere que el Gobierno de la CABA se hará cargo del costo de los aparatos que se entreguen en forma gratuita y que el proveedor será la misma empresa distribuidora, en este caso METROGAS.

Santoro argumentó que "la medida propuesta tiene su basamento en la asistencia y protección, que como Estado, debemos proveer a la ciudadanía en su conjunto, sobre cuestiones de salud pública y prevención del bienestar de nuestros habitantes".

Sin embargo no brindó ningún tipo de estadística, datos o números sobre la cantidad de siniestros y sus consecuencias en vidas humanas que se producen año tras año por esta causa más allá de tres casos puntuales sobre los que informó la prensa nacional: uno en el barrio de Palermo, otro en la provincia de Formosa y otro en La Pampa.

Es de suponer que si estos números no existen, en un futuro -y de ser aprobado su proyecto- tampoco se podrá saber a ciencia cierta si la medida que propone da el resultado esperado.

Por último el legislador del Frente de Todos recordó que la Legislatura porteña el año pasado declaró el 21 de junio como "El Día de la concientización y prevención contra el monóxido de carbono"

Sigue el descenso del índice mensual, el acumulado y el interanual

[BPN-15/06/21] Este mes el promedio de las escalas salariales de los encargados de edificios ^[1] perderá contra la inflación 3,1 puntos porcentuales con respecto al mes pasado. En el acumulado anual y en el interanual también los números serán negativos: -13,33 y -24,75 puntos porcentuales respectivamente.

En junio el promedio de las escalas salariales no varió con respecto al mes pasado y se mantuvo en 56.439 pesos mensuales.

El incremento acumulado anual de las escalas salariales desde enero de este año hasta junio se mantuvo en un 12,22%. No se modificó con respecto al mes pasado.

El promedio de las escalas salariales de diciembre del 2020 fue de 50.294 pesos.

Desde junio de 2020 hasta el mismo mes de este año las escalas salariales se incrementaron en un 25,73%, exactamente igual que el mes pasado.

En junio del año pasado el promedio de las escalas salariales fue de 44.889 pesos mensuales.

El promedio anual de los primeros seis meses de este año contra los seis primeros del año pasado arrojó un aumento del 23,95%. Una diferencia de 0,37 puntos con respecto al mes pasado.

Según estos números, la inflación acumulada hasta este mes del 2021 será del 25,55% mientras que la interanual de junio a junio está estimada en un 50,48%.

El 22 de mayo pasado la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) determinó mediante la Resolución 108 que a partir de junio el haber mínimo de un jubilado será de 23.064,70 pesos mensuales. Un incremento de 2.493,26 pesos mensuales, un 12,12% con respecto a marzo de este año.

Sin embargo, el 25 de marzo el presidente de la Nación –mediante el Decreto 2018/2021- había otorgado un bono de 3.000 pesos que se sumó durante abril y mayo (1.500 pesos cada mes) a los 20.571 pesos mensuales del haber mínimo de marzo.

Teniendo en cuenta estos dos hechos, el haber mínimo de un jubilado que paga expensas en junio habrá aumentado en realidad 993,26 pesos mensuales, un 4,5% con respecto al mes pasado.

En dólares, este haber mínimo representa 237 dólares al precio oficial, 139 dólares a cotización turista o 149 dólares según el mercado blue.

En junio del año pasado ese haber estuvo en 16.864,59 pesos y en diciembre fue de 19.035,45 pesos por lo que este mes el acumulado anual será del 21,17% y el interanual de un 36,76%

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¡¡¡Estimado Roberto es un gusto saber que seguimos en contacto!!! Te respondo a tus dudas:

a) Son correctos los descuentos que le tendrás que hacer. Suman 15.75% siempre y cuando siga siendo afiliado al sindicato.

b) La antigüedad es el 2% y recordá que esto no depende de si es nuevo o jubilado sino de la función. 

Si es el encargado permanente, o sea de 8 hs. por día, corresponde el 2%, hoy $1.096,40 por año según la escala vigente de abril 2021. 

Si fuera de media jornada, suplente o jornalizado sería el 1%, hoy $548.20 por año de antigüedad.

c) En el formulario 931 solo tendrás que modificar su situación y poner que es jubilado para que el aplicativo calcule los aportes y contribuciones que correspondan en forma automática.

¡¡¡Espero haberte ayudado con tus dudas y te mando un enorme saludo!!!

Estimado Marcelo:

Por el momento no tenemos una bolsa de trabajo de proveedores de bienes y servicios para la propiedad horizontal.

Sin embargo, le recuerdo que en nuestro grupo de Facebook Comunidad Consorcial los proveedores de la propiedad horizontal publican libremente sus publicidades ofreciendo sus servicios. De ahí Ud. podría obtener los datos de aquello que le interesa.

Un saludo cordial

Hola Viviana:

Una administradora amiga me informó hace algún tiempo atrás, ya en tiempo de pandemia, que deberás enviar constancia de CUIT a la siguiente dirección de mail: ruiz.m@suterh.org.ar.

También me informó que quien recibe esta información responde muy rápido y es muy amable.

¡Un saludo grandote!

¡¡Hola Gimena!! 

Tu consulta es muy amplia pero acá van los datos más importantes: el convenio que rige la actividad es el 589/2010, la escala salarial vigente es la de abril 2021 que cambiará en el mes de julio y para liquidar los sueldos también tenés que tener en cuenta la Ley de Contrato de Trabajo 20744 y el Estatuto del Encargado.

Como todas las actividades tiene sus particularidades pero sería un tanto difícil exponerlas en este mail.

De todas formas, tenés para comenzar con esta información.

¡Un saludo grandote!

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