[BPN-15/10/25] El 9 de septiembre, las tres entidades administradoras que representan a los consorcios en negociaciones paritarias [1] y la Federación Argentina de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (FATERyH) firmaron un acuerdo salarial. Este establece un aumento para los trabajadores del sector del 1,8% en septiembre, 1,7% en octubre y 1,6% en noviembre.

El acuerdo también establece:

Recién a fines de septiembre se supo de un nuevo acuerdo

[BPN-15/10/25] El 9 de septiembre, las tres entidades administradoras que representan a los consorcios en negociaciones paritarias [1] y la Federación Argentina de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (FATERyH) firmaron un acuerdo salarial. Este establece un aumento para los trabajadores del sector del 1,8% en septiembre, 1,7% en octubre y 1,6% en noviembre.

El acuerdo también establece:

1.- La continuidad de un bono remunerativo de 50 mil pesos durante septiembre, octubre y noviembre.

2.- La incorporación de dicho monto a las escalas salariales a partir de diciembre.

3.- Un viático (con algunas excepciones) para el personal sin vivienda, equivalente al 7% del salario básico de un trabajador permanente sin vivienda de cuarta categoría. En septiembre será de 58.852,2 pesos, en octubre de 59.852,7 pesos y en noviembre de 60.810,3 pesos mensuales.

Al cierre de esta edición (14 de octubre de 2025), el acuerdo aún no ha sido ratificado por las partes ni homologado por la Secretaría de Trabajo.

Los incrementos se aplicarán sobre la escala salarial del mes anterior. Es decir, el 1,8% de septiembre se calculará sobre la escala de agosto; el 1,7% de octubre, sobre la de septiembre; y el 1,6% de noviembre, sobre la de octubre.

Cabe señalar, sin embargo, que la escala base para esta cadena de cálculos – la de agosto – aún no ha sido homologada.

El bono remunerativo de 50 mil pesos para septiembre, octubre y noviembre no figura en el cuerpo del acuerdo salarial, sino que fue incorporado como un adicional remunerativo en las escalas presentadas para su homologación.

La redacción relativa a la integración de este bono a las escalas salariales en diciembre resultó ambigua, al hacer alusión a acuerdos anteriores. El texto expresa literalmente:

Sin embargo, el segundo párrafo del acuerdo del 25 de febrero al que se hace referencia fue modificado el 9 de mayo, por indicación de la Secretaría de Trabajo, y establece:

Los viáticos se incorporaron al CCT 589/10 mediante el inciso 8 del artículo 15, que estipula:

Martes 9 de septiembre (12:00): Se firma el acuerdo salarial para encargados de edificios.

Martes 9 de septiembre (16:00): Víctor Santa María, titular de FATERyH, anuncia la firma de un acuerdo con cifras superiores a las pactadas por la mañana: 1,9% para septiembre, 1,8% para octubre y 1,7% para noviembre. Además, manifestó desconocer el monto del viático acordado previamente.

Viernes 12 de septiembre: Consorcios 360 anuncia la primicia en su programa.

Lunes 15 de septiembre: Pequeñas Noticias anuncia la novedad en su boletín.

Lunes 22 de septiembre: Pequeñas Noticias destaca el silencio de las entidades administradoras [1] respecto al anuncio de Santa María, ocurrido 13 días antes. En un contexto de rumores contradictorios sobre el monto del viático para los encargados sin vivienda, el medio señaló que la situación afianza la inseguridad jurídica laboral en la propiedad horizontal.

Martes 23 de septiembre: El SUTERH publica una copia de la escala salarial de septiembre, acompañada de una breve nota explicativa limitada a lo pactado para ese mes. No se presentó el acuerdo completo ni se brindó información sobre los aumentos de octubre y noviembre, mencionando únicamente el bono de $50.000 y el viático.

Miércoles 24 de septiembre (09:20): La CAPHyAI publica la Circular 30, confirmando la firma de un acuerdo 15 días antes. La circular contenía dos errores técnicos.

Miércoles 24 de septiembre (11:00): Mediante la Circular 31, se corrige uno de los dos errores: la forma de liquidar el 7% de viáticos. No obstante, se mantuvo el segundo error, que informaba un aumento de 1,8% para noviembre en lugar del 1,6% firmado

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Se busca reabrir el debate sobre los libros contables obligatorios

De izq. A der.: Jorge Scampini, Daniel Rioque Vítolo, Viviana Paula Julis y Jaime Korenblum [Foto: argentina.gob.ar]

[BPN-15/10/25] El pasado 2 de octubre la Inspección General de Justicia (IGJ) se reunió con la Comisión de Propiedad Horizontal del Consejo Profesional de Ciencias Económicas (CPCE) para discutir las complejidades y el alcance real de la obligación de llevar contabilidad y presentar estados contables para los consorcios, en el marco del Código Civil y Comercial de la Nación (CCyCN).

La reunión pone de manifiesto la tensión entre la letra del CCyCN, que considera a los consorcios personas jurídicas privadas con obligación contable, y la postura reciente de la IGJ, que ya había aclarado que los balances no son obligatorios, buscando evitar un impacto económico millonario para los copropietarios [1].

La reunión, encabezada por el Inspector General, abordó las inquietudes planteadas por los profesionales en Ciencias Económicas en relación con el artículo 326º del CCyCN. Dicho artículo exige que las personas jurídicas, incluidos los consorcios, deban confeccionar al cierre de cada ejercicio un estado de situación patrimonial y un estado de resultados, los cuales deben asentarse en el registro de inventarios y balances.

Jorge Scampini, administrador, contador y presidente de la Comisión de Propiedad Horizontal del CPCE dejó clara su posición en su cuenta de Facebook al expresar: "Este encuentro ratifica que la contabilidad consorcial constituye una obligación legal, y que los administradores deben coordinar con profesionales en Ciencias Económicas para asegurar su cumplimiento, evitando sanciones y fortaleciendo la transparencia en la gestión".

Los miembros de la Comisión de Estudios sobre Propiedad Horizontal del CPCE -entre ellos Scampini, Viviana Paula Julis y Jaime Korenblum- señalaron y advirtieron sobre las posibilidades de cumplimiento de estas exigencias. Asimismo se evaluó las situaciones particulares que pueden presentarse en consorcios de poca envergadura y el rol que cabe a los profesionales en Ciencias Económicas en este nuevo escenario.

Este debate surge tras la sanción del CCyCN que, al clasificar a los consorcios como personas jurídicas privadas, automáticamente los somete a las normas contables generales, una situación que, según diversos sectores de la propiedad horizontal, no se ajusta a la naturaleza funcional y económica de un condominio.

Es crucial destacar que esta mesa de diálogo se produce días después de que la propia IGJ, a través de su titular, Dr. Daniel Rioque Vítolo, clarificara categóricamente, en una reunión previa con la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias (CAPHyAI), que "en ningún caso" resultará obligatoria para los consorcios la confección de balances ni la registración de libros distintos a los ya exigidos por la legislación.

En aquel encuentro, el Vítolo había precisado que los únicos libros obligatorios que deben registrarse y rubricarse ante la IGJ son el Libro de Actas y el Libro de Administración, conforme a las normas vigentes.

La preocupación de los administradores y copropietarios se originó a partir del Decreto 487/2025 del Poder Ejecutivo Nacional, que instó a las provincias a reglamentar el registro contable. Distintos sectores alertaron que la implementación estricta del artículo 326º implicaría la necesidad de llevar doble contabilidad y presentar balances anuales, generando una nueva y considerable erogación para los consorcistas.

Según estimaciones del sector, de haberse impuesto esta obligación en la Ciudad de Buenos Aires (sobre una base de 70 mil consorcios), el costo anual por la rúbrica profesional ante el Consejo podría ascender a unos 3.500 millones de pesos. A esto se sumarían los costos mensuales de los honorarios profesionales, que se proyectaban en torno a los 10.500 millones de pesos por mes para la totalidad de los consorcios. La aclaración del Inspector General busca, por ahora, poner un freno a este potencial aumento de costos.

La IGJ recordó que, en cumplimiento de los artículos 320 y siguientes del CCyCN, su Resolución General Nº 15/2024 dispuso que los Consorcios de Propiedad Horizontal de CABA puedan solicitar voluntariamente su inscripción en el Registro Público al solo efecto de la habilitación o rúbrica de sus registros o libros.

Los asistentes a la reunión con el CPCE acordaron mantener el contacto y continuar analizando estas situaciones, con la intención de consultar también a las organizaciones representativas del régimen de propiedad horizontal.

Este diálogo continuo sugiere que, si bien la IGJ ha fijado una postura de no obligatoriedad de balances, el debate continúa y todavía queda abierta una solución regulatoria definitiva para la contabilidad de los consorcios

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Nueva entidad de administradores de consorcios en Santa Fe

[BPN-15/10/25] El próximo domingo 20 de octubre se presentará oficialmente una nueva entidad de administradores: la Cámara de Administradores de Edificios en Propiedad Horizontal, Fideicomisos Constructivos, Conjuntos Inmobiliarios y Desarrollos Urbanos de la Provincia de Santa Fe 1ª Circunscripción (CAPH Santa Fe).

Ya en septiembre se habían presentado en la Municipalidad de Santa Fe y en su cuenta de Instagram comunicaron: "Encontramos una gran recepción y el compromiso de trabajar en conjunto por una ciudad más organizada y un sector consorcial fortalecido".

Según su sitio web oficial, la nueva entidad se creó con el objetivo de representar, profesionalizar y respaldar la labor de quienes gestionan y administran edificios y consorcios. Sus voceros explicaron que la Cámara surgió como una respuesta concreta a las necesidades del rubro: capacitación continua, respaldo técnico-legal, representación institucional y la generación de redes de colaboración entre colegas.

Durante el encuentro se expondrán los objetivos y la misión de la Cámara, los beneficios de la asociación y las actividades proyectadas para el primer año. Además, se generará un espacio de intercambio entre administradores.

La asociación civil CAPH Santa Fe recibió la autorización para operar de la Inspección General de Personas Jurídicas de la provincia de Santa Fe, mediante la Resolución 905 del 26 de junio de este año.

Los cargos de la comisión directiva tienen una duración de tres años. La primera comisión está compuesta por:

Cabe recordar que en la provincia de Santa Fe funciona desde hace 37 años la Cámara de la Propiedad Horizontal de la Provincia de Santa Fe 2ª Circunscripción, con sede en Rosario.

Según su sitio web institucional, esta entidad se constituyó el 26 de febrero de 1988 a partir de una asamblea de administradores de edificios autoconvocados. Su fin era reemplazar a la Delegación Rosario de la Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal (que operaba desde noviembre de 1965) y continuar su labor a través de una nueva entidad regional.

El objeto principal de la cámara rosarina es la agrupación con fines de bien común y la defensa del derecho constitucional de propiedad y los legítimos intereses de las personas y empresas dedicadas a la administración de inmuebles bajo el sistema de propiedad horizontal, así como los de los consorcios de propietarios constituidos bajo dicho régimen.

Se estaría evaluando un proyecto similar a Consorcio Participativo

[BPN-15/10/25] Durante la última semana de septiembre, trascendió un documento según el cual el Instituto de Propiedad Horizontal del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF) estaría estudiando un anteproyecto de dictamen técnico/jurídico. Este anteproyecto abarcaría a todos los consorcios de propietarios, aunque no se especifica si solo a los de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) o a nivel nacional.

Según el material al que tuvo acceso la redacción de Pequeñas Noticias, el objetivo de este anteproyecto es analizar y proponer la implementación de un modelo integral de digitalización en el ámbito de la propiedad horizontal. Argumentan que se haría con el fin es dotar de validez jurídica plena a las interacciones entre administradores, propietarios y proveedores.

Del análisis del documento, se trataría de una aplicación o programa informático que concentraría las comunicaciones entre estos actores y al que la Justicia podría recurrir en ciertos casos. Sin embargo, el texto no aclara bajo qué circunstancias se justificaría ese acceso, quiénes tendrían esa potestad ni el procedimiento para acceder.

Más adelante, el documento lo expresa en otros términos:

La expresión "ecosistema consorcial digital" parece ser un eufemismo para referirse a un programa informático que concentraría información privada de los consorcios. Como ya se dijo, si bien la información estaría disponible para la Justicia, se desconocen los términos y las condiciones de ese acceso.

El proyecto insiste en la idea de que los consorcios deben concentrar sus datos privados, comerciales y laborales en un sistema, aunque tampoco se detalla quién lo gestionaría ni dónde se almacenarían esos datos.

El documento argumenta la necesidad de la digitalización:

A continuación, el texto avanza en su idea con lo que parece ser una formulación cautelosa y gradual, y argumenta:

Nuevamente, no se especifica quién gestionará ese "ecosistema digital", dónde se almacenarán los datos, ni quién financiará un programa que concentraría todas las comunicaciones y documentación de —solo en CABA— unos 120 mil consorcios.

Las funciones que se enumeran para el programa son:

Recién en la página 3 el documento explicita claramente que se trata de un sistema informático:

A continuación, también se transparenta que se trata de un proyecto de gran envergadura (ya sea privado o estatal) porque los servicios que brindará incluyen prestaciones que por su volumen solo pueden ser provistas por grandes organizaciones:

La redacción de Pequeñas Noticias evaluó que una de las posibilidades es que la idea primigenia del proyecto pudiera haber surgido de una empresa informática ya instalada, un grupo político o uno gremial. Esto surgió porque en el caso del proyecto Consorcio Participativo en 2017/18, hubo acusaciones reiteradas de que alguno o una combinación de estos tres grupos había estado detrás de la iniciativa.

El proyecto avanza significativamente sobre la concentración de datos personalísimos mediante herramientas:

Los pasos iniciales sugeridos para avanzar con la iniciativa fueron:

En 2017 el oficialismo porteño impulsó una intensa campaña para la sanción de la Aplicación Oficial Consorcio Participativo hasta que finalmente en 2018 la impuso como parte de la Ley 5.983 [1].

Esta plataforma obligatoria –aún no reglamentada– busca concentrar la totalidad de los datos privados, comerciales y laborales de consorcios, propietarios e inquilinos. Esta invasión a la privacidad y la concentración de datos sensibles de los vecinos en manos del Estado motivó diversas causas judiciales y numerosos rechazos que persisten hasta hoy, tanto de entidades de consorcistas como de administradores.

El autor de esta iniciativa fue Facundo Carrillo, secretario de Atención y Gestión Ciudadana, y fue presentada en la Legislatura por Horacio Rodríguez Larreta.

En su momento, la mayor parte de las entidades de consorcistas se manifestaron, en mayor o menor medida, en contra de que el Gobierno porteño concentre todos los datos privados de los consorcios, consorcistas, inquilinos y encargados necesarios para la correcta liquidación de expensas, objetivo principal de la plataforma web.

Al rechazo se sumaron también los consejos consultivos y/o las comisiones de consorcios de las comunas 3, 6, 12 y 14. En el mismo tenor se expresaron las objeciones planteadas por las entidades de administradores y los miembros de CASIPH (Cámara Argentina de Sistemas Informáticos para la Propiedad Horizontal). Asimismo, el Dr. Eduardo Awad, quien fuera presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, se expidió en repetidas ocasiones en forma negativa sobre el apartado de "Consorcio participativo" tanto en el programa en que participa en Radio Mitre como en otros medios.

Solo tres entidades de consorcistas apoyaron sin reservas la iniciativa: APH (Asociación Civil de Propietarios de Inmuebles de Renta y Horizontal), conocida por ser la última entidad en incorporarse a la mesa paritaria del sector; la Liga del Consorcista, y un abogado que se presentaba como coordinador de ReDeCo (Red de Consorcistas Damnificados)

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Tributo a la memoria del soldado Marcelo Gustavo Planes

Claudio García de Rivas, Ana María Huertas (presidenta), Graciela Daletto (tesorera), Mirta Caucabani (secretaria) y Juliana Fernández (socia). Al frente el Sr. Federico Planes [Foto Pequeñas Noticias]

[BPN-15/10/25] El pasado lunes 29 de septiembre, Claudio García de Rivas, en representación del programa periodístico Consorcios 360, entregó un reconocimiento al señor Federico Planes como custodio de la memoria de su hijo, el soldado Marcelo Gustavo Planes, caído en 1982 durante la Guerra de Malvinas.

El homenaje consistió en dos de las gorras con la inscripción "Las Malvinas son Argentinas" que el programa sorteó entre sus oyentes a lo largo del año.

El señor Planes es también el esposo de la señora Ana María Huertas, presidenta de la Asociación de Consorcistas de Mar del Plata (ACoPH). Durante el modesto homenaje, estuvo presente parte de la comisión directiva de la entidad.

Tras el emotivo momento, García de Rivas y los miembros de ACoPH conversaron sobre diversos temas relacionados con la comunidad consorcial.

El soldado Marcelo Gustavo Planes habría cumplido años el pasado 6 de agosto. Nació en 1963 y falleció el 14 de junio de 1982, horas antes del cese del fuego en Malvinas, con tan solo 18 años.

Su padre relata que, durante la formación, los suboficiales no lo designaron entre los soldados que serían destacados a las islas. Ante esa situación, Planes pidió hablar con su superior e insistió en ser incluido en la lista junto a todos sus compañeros.

La Fundación Héroes de la Patria lo recuerda con estas palabras: "Pidió ir a la guerra. No por gloria, sino por deber. Y hasta el último instante fue ejemplo de humanidad, consolando a un soldado enemigo herido. Murió como un valiente, pensando en los demás".

En Gral. Pueyrredón ya hay 385 administradores registrados

[BPN-15/10/25] A fines de agosto, el Registro Público de Administradores (RPAC) bonaerense registraba con 385 administradores inscriptos del Partido de General Pueyrredón.

De ese total, la distribución por año de inscripción es la siguiente: el 60,3% (232) se inscribió en 2023, el 27,5% (106) en 2024 y el 12,2% (47) lo hizo en lo que va de 2025 (enero-agosto).

En cuanto al estado de la matrícula, el 80,3% (309) de los inscriptos la tiene vigente, el 15,8% (61) no vigente y el 3,9% (15) se encuentra en trámite. Este último grupo corresponde a aquellos administradores que aún no cuentan con un número de matrícula definitivo.

A diferencia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde la distribución por género es más equitativa, en General Pueyrredón los administradores de género masculino representan el 52,7% (203) del padrón, el género femenino el 41,0% (158) y las empresas el 5,2% (20).

Cabe recordar que el pasado 10 de septiembre, el Lic. Carlos Capasso, director del organismo, informó en una entrevista con un medio del sector que el RPAC ya registraba unos 2.300 administradores en toda la provincia. Esto implica que los inscriptos de General Pueyrredón representan el 16,7% de ese padrón total de registrados.

Esta es una de las preguntas más difíciles de responder con los datos disponibles. En una provincia con una superficie de 307.571 km², hay vastas zonas con una densidad demográfica muy baja y muchas ciudades donde la construcción de edificios, sobre todo en la zona céntrica, fue necesaria.

Sin embargo, a partir de los datos de General Pueyrredón, se puede intentar obtener una cifra indicativa que servirá de referencia, sujeta a futuras modificaciones.

Según esta aproximación, la provincia de Buenos Aires debería contar con unos 10 mil administradores registrados, cifra que ya había sido estimada por algunos referentes consorciales. Este número se irá ajustando a medida que los administradores se inscriban, tal como lo exige la ley.

Mar del Plata es la ciudad cabecera y más populosa del partido de General Pueyrredón. Según el Censo 2022, el área aglomerada marplatense (incluyendo Batán, Estación Chapadmalal y El Casal) cuenta con 667 mil habitantes. De este total, 304 mil (47%) son hombres y 339 mil (53%) son mujeres.

Eliminan requisitos clave para inscribirse en el RPA posadeño

El Consejo Deliberante de Posadas (Misiones), mediante la Ordenanza 331 (BO: 3/10/25) sancionada el 22 de agosto, eliminó para la inscripción requisitos considerados básicos para los consorcistas. Entre ellos, se encontraban: la presentación de un Certificado de Antecedentes expedido por la Policía de la Provincia, un informe del Registro de Juicios Universales que acreditara la ausencia de concurso de acreedores o quiebra, y un Certificado de Libre Inhibición de Bienes emitido por el Registro de la Propiedad Inmueble.

El nivel de desregulación tomó por sorpresa a la comunidad consorcial, a pesar de que ya se había anunciado que el intendente, Leonardo 'Lalo' Stelatto, promovía condiciones más flexibles para la inscripción en el Registro de Administradores posadeño. Según informaron concejales oficialistas, el objetivo de esta medida es que más consorcios cuenten con un administrador [1].

La nueva Ordenanza 331 introduce las siguientes modificaciones:

Artículo 2º: Se elimina como objetivo del Registro "efectivizar el control" de los matriculados.

Artículo 5º: Se suprimen las definiciones de administración "onerosa" y "gratuita" para quienes deben inscribirse. También se borra la obligación de los matriculados de cumplir con los recaudos exigidos por la "Ley de Propiedad Horizontal" y el "reglamento de copropiedad y administración" que rige en cada consorcio.

Artículo 6º: Se eliminan los siguientes requisitos para la inscripción:

1.- La constancia de inscripción en ingresos brutos y la certificación de las obligaciones fiscales actualizadas.

2.- El certificado de antecedentes expedido por la Policía de la Provincia. La ordenanza derogada obligaba a quienes ejercían la representación y administración de una persona jurídica a presentarlas anualmente.

3.- La constancia de cumplimiento de las obligaciones previsionales e impositivas en el último trimestre y/o recibo de sueldo.

4.- El informe del Registro de Juicios Universales que acredite la ausencia de concurso de acreedores o quiebra.

5.- El Certificado de Libre Inhibición de Bienes expedido por el Registro de la Propiedad Inmueble.

6.- Para los administradores voluntarios, se elimina la exigencia de especificar la unidad funcional de la cual son propietarios, su número de matrícula del Registro de la Propiedad Inmueble o una declaración jurada del total de los copropietarios.

Certificado de acreditación: Ya no constarán las sanciones recibidas y no deberá ser renovado anualmente.

Artículo 7º (Anulación): Se anuló este artículo de la ordenanza anterior que especificaba quiénes estaban impedidos de inscribirse o mantener su condición de activos en el Registro de Administradores (4 incisos).

Capacitación: Se eximió a la autoridad de aplicación (la municipalidad) de la obligación de dictar cursos de capacitación en administración de consorcios de propiedad horizontal.

Obligaciones del administrador: Se eliminaron todas las obligaciones establecidas por la Ordenanza 37: presentar anualmente el certificado de acreditación, los requisitos para contratar y la declaración jurada anual (artículos 11º, 12º y 13º).

Régimen sancionatorio: Se eliminó el régimen de infracciones y de sanciones (artículos 14º y 15º)

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Los trámites serán con miBA o no serán nada

Germán Krivocapich, titular de la AGIP [Foto redes sociales]

[BPN-15/10/25] A partir del 31 de diciembre de 2025, todos los trámites que se realicen ante la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) deberán realizarse con la Clave miBA. Desde esa fecha, los contribuyentes porteños solo podrán validar su identidad para acceder a los servicios y documentos emitidos por el Gobierno de la Ciudad a través de un perfil digital único.

Aunque la desactivación de la Clave Ciudad estaba prevista inicialmente para el 27 de octubre de 2025, una nueva normativa de la AGIP establece que el acceso a los aplicativos, servicios y trámites disponibles en su sitio web podrá realizarse, indistintamente, mediante la Clave miBA y la Clave Ciudad hasta el 31 de diciembre de 2025.

De esta forma, se eliminará la duplicación y la confusión generadas por contar con dos accesos diferentes para realizar gestiones ante el Gobierno de la Ciudad.

1.- Según el Gobierno porteño, la cuenta miBA incorpora validación de identidad con tecnología de cadena de bloques (blockchain). Esto es fundamental para los trámites tributarios que requieren acreditar titularidad y resguardar datos personales y fiscales.

2.- Se facultó a la Dirección General de Rentas para establecer el nivel de seguridad requerido de la Clave miBA para el acceso a aplicativos, trámites y servicios de baja o mediana complejidad (artículo 4º de la Resolución 442/AGIP).

3.- Se estableció que el acceso a los aplicativos, servicios y trámites disponibles en el sitio web de la AGIP podrá realizarse, indistintamente, mediante la Clave miBA y la Clave Ciudad hasta el 31 de diciembre de 2025.

4.- Se determinó que la Resolución 442/AGIP regirá a partir del 27 de octubre de 2025.

Si ya se dispone de una cuenta miBA nivel 3, la transición será automática y no se requiere ninguna acción adicional.

Los puestos de trabajo descienden por 4º semestre consecutivo

[BPN-15/10/25] El sector de trabajadores de edificios ha registrado una disminución de puestos de trabajo por cuarto semestre consecutivo.

Durante el primer semestre de 2025, la cantidad de puestos se redujo un -2,18% respecto al mismo período del año anterior, lo que equivale a la pérdida de -1.202 puestos de trabajo en promedio.

Esta cifra se suma a la caída total de -4.785 puestos en los últimos cuatro semestres, representando una disminución del -8,14% del padrón. El promedio de puestos de trabajo en el primer semestre de 2025 fue de -54.008.

Al desglosar por género, los varones perdieron -963 puestos de trabajo (-2,42%), mientras que las mujeres perdieron -239 puestos (-1,55%) durante este primer semestre.

A pesar de esto, la relación porcentual de puestos de trabajo entre varones y mujeres se mantuvo con leves variaciones.

En contraste con el descenso en el empleo, el promedio de los ingresos mensuales aumentó levemente con respecto al promedio de las escalas salariales.

El ingreso promedio de los encargados de edificios, según el Ministerio de Trabajo, aumentó un 58,36% interanual. Esto significa que subió de 660.618 pesos mensuales a 1.046.146 pesos en el primer semestre de 2025 en comparación con el mismo período de 2024.

Por otra parte, el promedio de las escalas salariales del sector, que incluye bonos, aumentó un 53,65% interanual, pasando de 561.766 a 863.133 pesos mensuales. Este incremento es inferior al promedio de ingresos mensuales por trabajador informado por el Ministerio de Trabajo.

La diferencia de -4,71 puntos porcentuales entre el aumento del promedio de ingresos (58,36%) y el de las escalas salariales (53,65%) es significativa, aunque representa un retroceso con respecto al máximo histórico de -9,28 puntos porcentuales alcanzado el año pasado.

Una posible explicación de esta brecha es que parte de los consorcios podría estar pagando los aumentos salariales antes de la homologación oficial, o que las horas de trabajo aumentaron.

Durante el primer semestre de 2025, el ingreso promedio bruto de un varón fue de 1.303.164 pesos mensuales, mientras que el de una mujer fue de 789.129 pesos. El ingreso promedio de una trabajadora alcanzó el 60,55% del de un trabajador varón.

El incremento promedio en la remuneración de los varones con respecto al primer semestre del año pasado fue de 476.726 pesos mensuales (57,68%).

El incremento promedio para las mujeres fue de 294.331 pesos (59,49%).

Dado que las escalas salariales del sector no discriminan por género, garantizando igual remuneración a igual función y categoría, la causa de estas diferencias de ingresos queda pendiente de investigación.

La información para este informe proviene del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (OEDE), dependiente de la Dirección General de Estudios y Estadísticas Laborales (DGEyEL) de la Secretaría de Trabajo de la Nación.

Nueva plataforma digital para realizar denuncias laborales

[BPN-15/10/25] El pasado 29 de septiembre, el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires anunció la puesta en marcha de una nueva plataforma digital para que los trabajadores puedan realizar denuncias por incumplimiento de las normas laborales vigentes.

La principal novedad es que las denuncias pueden realizarse tanto de forma anónima como personal. Esta herramienta se suma a las opciones ya existentes: la sede central del Ministerio de Trabajo en La Plata, cualquiera de las 46 delegaciones del organismo, o la línea gratuita 0800-666-2187, disponible de lunes a viernes de 8:00 a 18:00 horas.

Walter Correa, ministro de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, señaló que la iniciativa busca "un compromiso conjunto en pos de disminuir los índices de informalidad laboral". Agregó que "es una medida que beneficia a los trabajadores que tienen dificultades para efectuar una denuncia laboral por cuestiones de tiempo, distancia o por cualquier otra razón. Con este sistema, en simples pasos, pueden denunciar un incumplimiento de la normativa laboral que los esté perjudicando", concluyó.

Es de recordar que el trabajo "en negro" en Argentina superó el 42% en el primer trimestre de 2025, según datos recientes del INDEC. Esta cifra significa que casi cuatro de cada diez trabajadores asalariados no están registrados y carecen de derechos laborales básicos. El aumento de la informalidad en los últimos años afecta especialmente a jóvenes y mujeres. Los datos fueron informados en junio por EDIL (Empleo, Distribución e Instituciones Laborales), un grupo de investigación que depende del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA-CONICET.

La nueva modalidad de denuncias laborales permitirá optimizar su trazabilidad y resultados, ya que toda la información se volcará a una base de datos. Desde la cartera laboral explicaron que esto facilitará el acceso a la información y asegurará que las denuncias que lo ameriten activen de inmediato los procedimientos oficiales para resolver las irregularidades.

Otro objetivo de la propuesta es obtener estadísticas fiables. Estas servirán para medir la evolución de los problemas denunciados y como herramienta para georreferenciar y catalogar las faltas según la rama de actividad donde predomine el incumplimiento de la ley laboral, añadieron las fuentes.

1.- Hacer clic en "Quiero hacer una denuncia".

2.- Optar por una denuncia "personal" o "anónima".

3.- En la opción anónima, se deben completar los siguientes datos de la empresa (se indican entre paréntesis los obligatorios):

* Razón Social, CUIT.

* Municipio (obligatorio), Localidad (obligatorio).

* Calle (obligatorio), Número (obligatorio), Piso y Departamento.

* Entre Calles y Otros (para consignar datos relevantes).

* Días y horarios, y Cantidad de personal.

4.- En la página siguiente, se debe consignar el tipo de denuncia. Salvo en el campo de Observaciones, las respuestas se contestan por sí o por no:

a. Denuncia Laboral

* Trabajo no registrado.

* Falta de pago de salario u horas extras.

* Jornada excesiva o fuera de convenio.

* Fui/soy trabajador/a.

* No trabajo allí, denuncio en nombre de otra persona.

* Observaciones.

b. Seguridad e Higiene

* Ausencia de elementos de protección personal (EPP).

* Instalaciones eléctricas peligrosas.

* Riesgo de caída desde altura.

* Falta de agua potable o baños.

* Manipulación de sustancias tóxicas sin control.

* Condiciones edilicias críticas.

* ¿Hubo accidentes laborales en el último año?

* ¿Hay trabajadores expuestos directamente al riesgo?

* Observaciones.

c. Trabajo Infantil

* Denuncia niño/a trabajando (hasta 15 años).

* Trabaja en alguna de estas actividades (cosecha, venta ambulante, ladrillera, etc.). Detalle en observaciones.

* Están acompañados por un adulto. Detalle en observaciones por quién.

* ¿Sabe usted si concurren a la escuela?

* Observaciones.

d. Trata de personas y/o explotación laboral

* Hay personas adultas o menores trabajando en el lugar.

* Las personas pueden entrar y salir libremente del establecimiento.

* ¿Tienen retenidos sus documentos o pertenencias?

* ¿Son sometidas a amenazas, endeudamiento o vigilancia constante?

* ¿El trabajo ofrecido es el mismo que están realizando?

* ¿Alguna persona fue traída desde otro lugar, provincia o país?

* ¿El horario y los días laborables están definidos?

* Desea agregar información adicional sobre el caso.

* Observaciones.

Chacabuco entrego al SUTERH terrenos para sus afiliados

[BPN-15/10/25] El intendente de Chacabuco, Darío Golía, y la delegada regional del Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (SUTERH), María de los Ángeles Rodríguez, firmaron en el despacho municipal el pasado 18 de septiembre un convenio marco para destinar once terrenos a los afiliados del sindicato, en el marco del plan "Chacabuco para Todos II".

Durante el acto, Golía destacó: "Hoy concretamos la firma del convenio marco para destinar once terrenos al sorteo entre trabajadores afiliados de la entidad. Es una alegría poder trabajar con ustedes, como con distintas entidades gremiales y sus trabajadores, con el objetivo del acceso a derechos básicos, como en este caso el acceso a la tierra".

Por su parte, Rodríguez, en nombre del gremio, expresó: "Como SUTERH estamos agradecidos, ya que muchas veces el sueño de la casa propia, del terreno propio, es inalcanzable para el trabajador, y más aún en la situación actual del país. Agradecemos al intendente Darío Golía por esta gestión, y por ayudarnos a comenzar a cumplir el sueño que cada uno de nosotros tiene".

Tras las declaraciones, el intendente y la dirigente sindical procedieron a la rúbrica del convenio.

Víctor Santa María ya está enfrentado a cinco gremios

El jueves 25 de septiembre los alrededores de IP Noticias y Canal 9 amanecieron inundados de carteles colocados por los trabajadores del Grupo Octubre.

[BPN-15/10/25] El pasado 23 de septiembre, trabajadores del Grupo Octubre presentaron una carta abierta al Consejo Directivo Nacional de la Confederación General del Trabajo (CGT) para exigir la renuncia de Víctor Santa María por "malas prácticas empresariales".

Santa María, titular del Grupo Octubre, también ocupa la Secretaría de Estadísticas y Registros de la CGT junto a la legisladora Noemí Geminiani en representación del Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (SUTERH).

Los trabajadores fundamentan su exigencia al denunciar "persecución sindical, desconocimiento de aumentos por paritarias, incumplimiento de convenios colectivos de trabajo, atraso en el pago de haberes y aguinaldo, contrataciones bajo fraude laboral, vaciamiento de áreas, tercerizaciones, retiros voluntarios y despidos".

Los trabajadores de televisión y prensa del Grupo Octubre, quienes calificaron su situación como "alarmante", pertenecen a las empresas de medios IP Noticias, Canal 9, Página/12, AM 750, Radio Continental y las FM del Grupo Octubre (Blackie, Los 40, Aspen).

En su escrito, agregaron que "lo grave de este conflicto que nos afecta no es que el empresariado actúe persiguiendo sus intereses [...], sino que quien lo lleva adelante es parte de la conducción de nuestra Confederación General del Trabajo".

La carta abierta fue impulsada por cinco gremios relacionados con medios de comunicación: Sindicato de Prensa de BA (SiPreBA), Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público (SUTEP), Sindicato Argentino de Locutores y Comunicadores (SALCo), Sindicato Argentino de Televisión, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (SATSAID) y Asociación Argentina de Trabajadores de las Comunicaciones (AATraC).

Página/12, AM 750, Radio Continental y Los 40: Sobre estos medios, explicaron: "Lo mismo sucede en Página 12, dividiendo la planta de trabajadores en distintas razones sociales como método para incumplir derechos o en la AM 750, donde no se respetan los convenios de actividad. En Radio Continental y Los 40, último medio que adquirió, sostiene el pago de salarios fragmentado y deudas con los trabajadores".

Conexión con negocios inmobiliarios: Para los trabajadores, existe una conexión entre el denunciado vaciamiento de "elnueve" con negocios inmobiliarios: "Es bastante sospechoso que el vaciamiento y reducción a su mínima expresión de uno de los cuatro canales de televisión abierta más importantes del país, como es elnueve, no responda a la intención de un negocio inmobiliario con los terrenos exclusivos donde se encuentra emplazado".

Por otra parte, denunciaron: "El común denominador es que, en todos estos medios del Grupo, se incumple la paritaria, atacando el modelo de negociación colectiva, en línea con la reforma laboral que promueve el gobierno. Nos ponemos a disposición, los trabajadores y las trabajadoras de la comunicación, para que puedan constatar de primera mano la situación que estamos atravesando, que nos llevó a este necesario llamado de atención".

El viernes 10 de octubre fue feriado nacional

El desembarco de la tripulación de Cristóbal Colón en América según Gant Dióscoro Puebla (1831-1901) Colección, Museo del Prado.

El Gobierno fundamentó su decisión explicando textualmente: "Se estima conveniente trasladar el feriado [...] como una oportunidad para estimular la demanda turística interna y favorecer a sectores estratégicos como la gastronomía, el transporte y el comercio regional".

Paralelamente, el Ejecutivo Nacional comenzó a referirse extraoficialmente al feriado en sitios oficiales como el "Día de la Raza", en lugar de la denominación vigente, establecida en 2010 mediante el Decreto 1584/10.

En los considerandos de la norma dictada durante la gestión de Cristina Kirchner se explicó que "se modifica la denominación del feriado del día 12 de octubre, dotando a dicha fecha de un significado acorde al valor que asigna nuestra Constitución Nacional y diversos tratados y declaraciones de derechos humanos a la diversidad étnica y cultural de todos los pueblos".

El retorno a la denominación "Día de la Raza" representa un cambio en la política cultural del país. Desde fines del siglo XX, diversos movimientos han criticado esta festividad por considerar que conmemora el sometimiento de las comunidades indígenas.

Aunque se espera una comunicación oficial de la Casa Rosada, los indicios apuntan a que la eliminación de la denominación "Día del Respeto a la Diversidad Cultural" es un hecho inminente.

Cabe destacar que, si bien el Gobierno Nacional trasladó la fecha del 12 de octubre al 10, no modificó su cualidad de "feriado nacional". Por lo tanto, el descanso fue obligatorio y la remuneración fue doble para quienes prestaron servicios.

El artículo 166º de la Ley 20.744 (Ley de Contrato de Trabajo) establece:

El caso de los días no laborables es diferente. Estos días son optativos para los empleadores y no generan una carga salarial extra en caso de ser trabajados.

Sus alcances están establecidos en el artículo 167º de la Ley 20.744 (Ley de Contrato de Trabajo), que establece:

Faltan tres homologaciones y la inflación mensual no cede

[BPN-15/10/25] Si no hay novedades salariales durante la segunda quincena de octubre de 2025, el promedio de las escalas salariales de los encargados de edificios perderá:

Para comparar las escalas salariales del sector, se promediaron las funciones de encargado permanente con y sin vivienda en sus cuatro categorías de cada mes. En los casos que correspondió, se sumaron los bonos acordados en paritarias o por el Poder Ejecutivo nacional, incluyendo los bonos no remunerativo del 20% que se pagan en junio y diciembre.

Ya son tres las homologaciones faltantes. Los cálculos de este mes se realizaron tomando en cuenta los siguientes acuerdos aún no homologados:

1.- Acuerdo del 20 de mayo: Otorgó un aumento del 1,1% para junio más un bono de 50 mil pesos. Aún no fue homologado por la Secretaría de Trabajo. Este acuerdo fue ratificado por los miembros paritarios el 1º de julio, remitiéndose al día siguiente a la Asesoría Técnico Legal. Tomando esta última fecha, y de no haber observaciones, podría considerarse homologado tácitamente el 14 de agosto (30 días hábiles).

2.- Acuerdo del 22 de julio: Otorgó un aumento del 1,5% en julio, un 1,4% en agosto, y un bono remunerativo de 50 mil pesos para esos dos meses. Este acuerdo aún no habría sido ni ratificado ni homologado, por lo que no se puede considerar para calcular la fecha estimada de su homologación tácita. Último movimiento 1º de agosto.

3.- Acuerdo del 9 de septiembre: Otorgó un aumento del 1,8% para septiembre, 1,7% para octubre, y 1,6% para noviembre, más un bono de 50 mil pesos para esos meses y viáticos para las funciones sin vivienda (con excepciones). Tampoco habría sido ni ratificado ni homologado, por lo que no se puede considerar para calcular la fecha estimada de su homologación tácita. Último movimiento de 7 de octubre.

Estos cálculos no incluyen ni el acuerdo del 22 de julio para los meses de julio y agosto, ni el acuerdo del 9 de septiembre para septiembre, octubre y noviembre, dado que todavía no pueden considerarse homologados tácitamente.

En octubre, el promedio de las escalas salariales será igual al del mes pasado: 867.118 pesos mensuales.

En octubre, el promedio de las escalas salariales se mantendrá en un -6,66% menor con respecto a diciembre del año pasado. Esto se debe a que, como todos los años, en diciembre se pagó un bono del 20% que no se cobró en enero, lo que provocó una baja brusca en los promedios de las escalas salariales del primer mes del año. Durante el último mes del año pasado, el promedio era de 938.645 pesos mensuales.

El incremento interanual de las escalas salariales desde octubre del año pasado hasta el mismo mes de este año será del 19,53%. El promedio de las escalas salariales de octubre de 2024 fue de $755.753.

Según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC, la inflación de septiembre fue del 2,1% y para el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del Banco Central de la República Argentina (BCRA), la inflación de octubre será del 2%.

Con base en estos números, la inflación interanual de este mes será del 30,84%.

El haber mínimo de un jubilado que paga expensas en septiembre será de 396.298,38 pesos brutos, a los que se les debe descontar la "Obra social s/haberes PAMI".

Este monto se debe a tres razones:

1.- Se estableció en marzo del año pasado que el haber mínimo a partir de julio se actualizaría todos los meses según la inflación del IPC del INDEC (Decreto 274 del 22/03/24). Como la inflación de agosto fue del 1,9%, las jubilaciones de octubre aumentarán un 1,88% (Resolución 317 del 22 de septiembre).

2.- Se volvió a otorgar un "Bono Extraordinario Previsional" de hasta 70 mil pesos mediante el Decreto 700 del 30 de septiembre.

3.- Se mantiene el veto que el 1º de agosto decretó el aumento jubilatorio de haberes del 7,2% y el incremento del bono (que pasaba de 70 mil pesos a 110 mil pesos y que además iba a empezar a actualizarse por inflación) (Decreto 534 / BO: 4/08/25). Este aumento había sido sancionado por el Congreso de la Nación el pasado 10 de julio.

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