La oblea de los ascensores está de fiesta: su valor subió un 75%

[BPN-14/02/20] A partir de este año la renovación de las obleas de los ascensores pasará a costar 1.575 pesos por máquina. Es un aumento de un 75% con respecto a enero del año anterior y 21,2 puntos porcentuales por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que mide el INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) ^[1].

Sin embargo, si quisiéramos hacer la cuenta de cuánto les costará este año a los contribuyentes porteños exhibir en sus ascensores el código QR que le permite saber el estado de su ascensor tendríamos un problema. Mientras que FACARA el 6 de enero anunciaba en su página de Facebook que había 120 mil ascensores en esta ciudad ^[2], Andrés Pozzo, vocero de esa misma entidad y miembro de la CECAF (Cámara Empresaria de Conservadores de Ascensores y Afines) informaba un mes antes que la cantidad de ascensores registrados era de un 68% de esa cifra. Para Pozzo hay 81 mil máquinas que representa una diferencia de casi 39 mil ascensores ^[3].

Por su parte el Gobierno de la CABA en mayo de 2019 informaba que se había renovado la oblea de 72.780 ascensores mientras que para Pozzo en ese mismo comunicado fechado en enero de este año fueron 76.128 máquinas, una diferencia de 3.348 unidades en 8 meses.

Si tomamos las 120 mil máquinas el GCABA recaudará durante este año en concepto de obleas de ascensores 189 millones de pesos (u$s 3.125.517).

Si la oblea hubiera subido según la inflación del INDEC su valor estaría situado en los 1.384 pesos y la recaudación total por este concepto hubiera llegado a los 166.104.000 pesos (u$s 2.746.883).

Los 21 puntos porcentuales por encima de la inflación le reportó al Gobierno de Rodríguez Larreta una "ganancia" de casi 23 millones de pesos o 378.634 dólares. La mayor parte de esta diferencia recaerá en los bolsillos de los consorcistas porteños.

Por último, como no existen estadísticas oficiales sobre siniestros con ascensores, sus causas y sus consecuencias, no se puede saber si esta importante erogación anual que realiza el contribuyente porteño es de utilidad o simplemente recaudatoria.

Este año las obleas de las calderas y las instalaciones fijas contra incendios sufrieron un aumento del 39,81%, de los 1.080 pesos que costaban en 2019 pasaron a costar 1.510 pesos. Un aumento de 430 pesos por sistema.

Tomando los datos de FACARA de su informe del 6 de enero pasado, la cantidad total de ascensores registrados existentes a esa fecha es de 81.478 mientras que los ascensores que cuentan con empresa conservadora declarada son sólo 76.128. Eso significa que a pesar de las grandes cantidades que el Gobierno local recauda para controlar los ascensores hay 5.350 ascensores de los cuales la ciudad tiene datos –porque reconocen que están registrados- pero no cuentan con empresa conservadora.

Por otra parte, este año los administradores de consorcios para registrar los ascensores, calderas e instalaciones fijas de sus edificios deberán presentar el acta protocolizada de cada uno de los consorcios que administra. Por este trámite los escribanos cobran entre 2.500 y 5.000 pesos.

Este año la renovación de esas obleas se realiza mediante un programa que se habilitó en el sitio de la AGIP (Administración Gubernamental de Ingresos Públicos) y no por intermedio del sistema que usó hasta ahora la Agencia Gubernamental de Control (AGC). El nuevo módulo del TAD importó de forma automática los consorcios y sus ascensores, instalaciones fijas e instalaciones térmicas registrados con su identificación pero para validar la identidad del administrador exige –entre otras cosas- el acta protocolizada de su designación como administrador de cada uno de sus consorcios.

Es de destacar que algunos administradores revelaron a la redacción de Pequeñas Noticias que si se carga el acta de designación no protocolizada el sistema emite el comprobante que permite pagar el impuesto por ascensor y se puede finalizar el trámite.

Lo que todavía no se sabe es si con posterioridad la AGC podrá observar el trámite, pedir una rectificación o aplicar una multa 

Habría habido un acuerdo para incrementar los adicionales

[BPN-14/02/20] El pasado 28 de enero, el AIERH (Asociación Inmobiliaria Edificios Renta y Horizontal) envió a sus asociados una circular en la que determinaba que los adicionales de enero y febrero debían ser incrementados en el mismo porcentaje que surge del "aumento solidario" de 3 mil pesos para el primer mes del año que se incrementa a 4 mil para el segundo.

Es de recordar que el inciso b) del artículo 2º del Decreto 14/20 estableció: "No deberá ser tenido en cuenta para el cálculo de ningún adicional salarial previsto en el convenio colectivo o en el contrato individual de trabajo, en tanto no sea pactado específicamente para este incremento, un criterio distinto mediante negociación colectiva".

Teniendo en cuenta que el AIERH es uno de las tres entidades de administradores que representan en paritarias al sector empleador y –según diversas fuentes- una entidad muy cercana al SUTERH (Sindicato Único Trabajadores Edificios Renta y Horizontal) es de suponer que la entidad posee datos que la comunidad consorcial desconoce y que en un futuro no lejano se develen novedades sobre este tema.

La circular del AIERH textualmente explicaba a sus socios: "La aplicación del Decreto 14/2020, con respecto a los adicionales de convenio, se deberán realizar de la siguiente manera: Sobre la escala salarial de noviembre de 2019 se deberá aplicar 9,59% para los adicionales de convenio con los haberes del mes de enero de 2020 y 3,20% para los adicionales de convenio con los haberes del mes de febrero de 2020".

Si bien varias fuentes señalaron que a un acuerdo de ese tipo se habría arribado en enero, se destaca que al momento de redactar esta nota no existía ningún comunicado oficial sobre una negociación colectiva que hubiera tratado este punto tal cual lo exige el decreto.

El primero de estos porcentajes surge exactamente de sumarle 3 mil pesos al básico de convenio que percibe un encargado permanente con vivienda de cuarta categoría:

1.- En enero el básico de convenio es de 31.292, si a esa cifra se le suman 3 mil pesos se llega a los 34.292 pesos que es justo un incremento del 9,59% sobre el básico.

Por primera vez una mujer trans es electa Secretaria Laboral

[BPN-14/02/20] Por primera vez en el país, una mujer trans fue nombrada Secretaria Laboral en un sindicato. Se trata de Alejandra González quien accedió a ese cargo durante las elecciones del pasado 15 de enero del Sindicato Empleados de Administradoras de la República Argentina (SEARA). Sería la encargada de negociar las paritarias del sector.

El presidente de la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias (CAPHyAI), Adm. Miguel Ángel Summa, aclaró que la entidad que representa no tiene inconveniente alguno en discutir paritarias con la única condición de que el sindicato o gremio tenga el status paritario que otorga la autoridad competente.

Diversos medios nacionales difundieron como certezas que González "negociará una paritaria nacional", y que "este año la historia sindical argentina escribirá una nueva página [porque] Alejandra González [...] será la primera mujer trans en pelear oficialmente por los salarios del rubro".

Sin embargo hasta ahora ninguna de las entidades de administradores del sector de la propiedad horizontal –en su carácter de empleadores- informó que fueron notificados o convocados por el Ministerio de Trabajo para negociar paritarias diferenciadas para los empleados de las administradoras.

Es de recordar que los empleados de las administradoras de consorcios están representados por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS)" una entidad gremial de segundo grado que agrupa según su sitio web más de un millón de afiliados en todo el país y una poderosa obra social.

Por otra parte, ni en su sitio web institucional, ni en su página de Facebook, las autoridades de SEARA explicaron a sus posibles afiliados cuáles son los ejes de su lucha gremial. En otras palabras, qué poder de fuerza puede ofrecer y qué beneficios propone a los posibles afiliados que mejore lo que ya ofrece la FAECyS. Generalmente las luchas de los gremios giran alrededor de aumentos salariales u otros beneficios con cargo al empleador.

Miguel Ángel Summa: Desde la primera reunión celebrada con Gabriela Saldivia expresé -siendo en ese momento vicepresidente 1º de la CAPHyAI, hace dos años aproximadamente- mi satisfacción por la creación y otorgamiento de personería jurídica a la institución gremial SEARA. Lo expresé con profunda convicción y -tal como lo manifesté en ese momento- nuestra institución no tenía inconveniente alguno en discutir paritarias y así lo seguimos sosteniendo. La única condición era y es que la institución, sindicato o agremiación tenga el status paritario que otorga la autoridad competente. Negociaremos ya sea con la Sra. Alejandra González o con quien le toque representar a SEARA.

PN: Si no es así, ¿por qué?

MAS: La condición básica es que se realice con representación de la autoridad competente y status paritario.

PN: En otro párrafo a Alejandra González se le preguntó "Vas a encarar la discusión paritaria, ¿cómo te imaginás esa 'pelea'?", a lo que contestó: "Con mucha expectativa. Este es un rubro manejado en su mayoría por hombres. Las cámaras con las que tenemos que negociar están conducidas por hombres e históricamente las mujeres nunca tuvieron mucha relevancia". De su experiencia, ¿Ud. piensa que por el hecho de ser mujer existen impedimentos para acceder a cargos directivos en vuestra entidad?

MAS: La conformación de nuestra Cámara desde hace mucho tiempo tiene dentro de su Consejo Directivo más del 30% de integración femenina o sea que nos importa y mucho la participación de la mujer. Estamos convencidos de la diversidad de género si tenemos mundialmente mujeres presidentas, ministras, secretarias de estado, es hora de que se entienda el rol importantísimo de la mujer en las decisiones trascendentes.

PN: ¿Qué gremio representa actualmente a los empleados de las administradoras de consorcios?

MAS: Actualmente los empleados de administraciones de consorcios están afiliados en su mayoría al Sindicato de Empleados de Comercio

PN: De su experiencia en la CAPHyAI, ¿hay reclamos por parte de los trabajadores de las administradoras para cambiar de gremio?

MAS: De mi experiencia de más de 30 años como administrador de consorcios los reclamos que oportunamente se presentaron se direccionaron hacia en Sindicato de Empleados de Comercio, hasta hoy único representante de dichos trabajadores. Deseo reiterar que es muy bueno y hace a la buena gestión que quienes representen a los empleados de administraciones, sean mujeres u hombres, que conozcan la problemática del sector.

De la composición de la nueva comisión directiva votada a mediados de enero sólo trascendió el nombre de su secretaria general, Gabriela Pilar Saldivia y de González. Ni en su sitio web ni en su Facebook institucional publicaron los nombres de su Secretario Adjunto; su Secretario de Finanzas; su Secretario de Acción Social; su Secretario de la Mujer y la Familia; su Secretario de Capacitación, Cultura y Difusión; y de los dos vocales.

Todos estos cargos para conducir el sindicato fueron impuestos por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social mediante la Resolución 974/15.

Es de recordar que SEARA está conducida por Gabriela Pilar Saldivia quien, luego de muchos años de ejercer como administradora, el 5 de diciembre de 2008 presentó formalmente los avales de su lista Renovación y Cambio en la Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias (CAPHyAI) para poder participar de las elecciones del 9 de diciembre de ese año ^[1].

Finalmente la lista Renovación & Cambio decidió impugnar las elecciones de la CAPHyAI porque denunció irregularidades previas a los comicios y durante la asamblea general ordinaria. Sin embargo, pese a la impugnación de la lista opositora, el consejo directivo continuó con la asamblea y ganó la lista de Horacio Bielli ^[2].

El 1 de septiembre de 2009 se reunió el directorio de IL Onetto en la sede social y Saldivia les manifestó que por haber sido designada coordinadora del RPA renunciaba a su cargo como presidenta y directora, al que había sido designada el 25 de abril de 2008 por el término de dos años ^[3].

El 8 de septiembre de 2009 mediante el Decreto 883, Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta la designan coordinadora del Registro Público de Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal dependiente de la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor.

El 8 de octubre de 2009 Macri y Rodríguez Larreta designan a Juan Manuel Gallo como director general de Defensa y Protección del Consumidor (Decreto 883/09 – BO: 14/10/09).

El 30 de marzo de 2015 se constituye SEARA como entidad de primer grado, que agrupará a los trabajadores que presten servicios en relación dependiente con personas físicas o jurídicas que administren edificios de renta y propiedad horizontal, conjuntos inmobiliarios, tiempos compartidos y cementerios privados (Resolución MTEySS 974/15 – BORA 24/11/15).

En los considerandos de la resolución constitutiva de la entidad gremial se destacó que "el reconocimiento de la vocación de representar de la entidad cuya inscripción se solicita, no implica adelantar juicio sobre la capacidad de representación la cual, de solicitarse la personería gremial, será evaluada de acuerdo a los artículos 25 y 28 de la Ley N° 23.551".

El 3 de diciembre de 2015 se aprobó en la Legislatura porteña la Ley Muñoz (Nº 5.464) que le transfirió a SEARA y otras seis entidades afines al SUTERH el control del RPA porteño ^[4]. Luego de una dura lucha que unió a la comunidad consorcial se consiguió derogar el 9 de agosto de 2016 ^[5].

En junio de 2016 se confirmó que Saldivia es la secretaria general de SEARA. Si bien su titularidad de ese sindicato era un secreto a voces, la Red Sindical de Escuelas de Formación Profesional (RESEFOP) la confirmó cuando incorporó a SEARA a esa entidad ^[6].

El 16 de febrero de 2017 Saldivia presentó su renuncia al cargo de coordinadora del Registro Público de Administradores (RPA) de la CABA ^[7]

La AFIP incluyó a los consorcios en la moratoria impositiva

[BPN-14/02/20] El pasado 30 de enero, la AFIP (Agencia Federal de Ingresos Públicos) incluyó a los consorcios de propietarios en la moratoria que fue establecida por el inciso c) del artículo 1º de la Ley de Solidaridad y Reactivación Económica Nº 27.541. Así lo dispuso mediante la Resolución General 4667/2020 publicada en el Boletín Oficial del 21 de enero.

En la moratoria se incluyeron "las obligaciones tributarias vencidas al día 30 de noviembre de 2019, inclusive, los intereses no condonados, así como las multas y demás sanciones firmes relacionadas con dichas obligaciones".

La AFIP destacó que habrá condonación de multas y parcial de intereses, que los planes de pago se pueden extender hasta las 120 cuotas (10 años), habrá una quita del 15% en caso de pago al contado y se podrán compensar con saldos a favor.

En el caso de los consorcios estas pueden ser –a modo de ejemplo- deudas causadas por la falta de pago de los aportes y contribuciones de la seguridad social y, en caso de alquilar la terraza o las medianeras, el IVA.

No están incluídas en estas facilidades de pago: "las cuotas con destino a las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART)" (inciso a, del artículo 3º), "los aportes y contribuciones con destino al Sistema Nacional de Obras Sociales" (inciso d, del artículo 3º) y las cuotas correspondientes al Seguro de Vida Obligatorio" (inciso h, del artículo 3º).

Los planes de pagos se podrán confeccionar a partir del 17 de febrero y hasta el 30 de abril. Se deberán utilizar la aplicación "Mis Facilidades" ingresando el CUIT y Clave Fiscal. Habrá mayores beneficios de la deuda que se regularice y de la condición en la que se encuentre el consorcio o el administrador.

Habrá un plazo de gracia para ingresar el primer pago del plan, venciendo la primera cuota el 16 de julio de 2020, para aquellos que se adhieran hasta el mes de marzo de 2020, y para aquellos que se adhieran durante el mes de abril, la primera cuota vencerá en el mes de mayo de 2020.

Por último, para poder acogerse a los planes de facilidades de pago se deberán tener las declaraciones juradas presentadas antes de la fecha de adhesión, poseer domicilio fiscal electrónico y tener declarada la CBU de la cuenta corriente o caja de ahorro de la que se debitarán los importes correspondientes para la cancelación de las cuotas.

Es de recordar que la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias (CAPHyAI) había pedido a las autoridades de la AFIP que se consideren a los consorcios como Pequeñas y Medianas Empresas (PyME) y puedan gozar de los beneficios que otorga el artículo 8º de la Ley 27541 (Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública) ^[1].

En este caso, aunque la AFIP no equiparó a los consorcios con las PyMEs pero los incluyó en la categoría de "entidades civiles sin fines de lucro" bajo el código 167.

Desde la entidad de administradores consideraron que este es un buen punto de partida para extender esta equiparación a otros beneficios como por ejemplo el que dispone el artículo 3º del decreto 14/20 que otorgó un aumento salarial general de 3 mil pesos para enero y mil más para febrero.

Este artículo ordenó: "Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas [...] que cuenten con Certificado MiPyME vigente, quedarán eximidas del pago de las contribuciones patronales con destino al Sistema Integrado Previsional Argentino creado mediante Ley N° 24.241 y sus modificatorias, con relación al incremento salarial resultante del artículo 1°, por el término de tres meses o el menor plazo en que tal incremento sea absorbido por las futuras negociaciones paritarias"

El Estado sigue picoteando de forma incesante a los consorcios

[BPN-14/02/20] El pasado 20 de enero, la Cámara Argentina de Sistemas Informáticos de Propiedad Horizontal (CASIPH) consideró que el incremento en un 100% para las extracciones de dinero en efectivo en concepto de impuesto a los créditos y débitos bancarios que impuso la "Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva" ignora o soslaya a los consorcios "que siguen siendo picoteados de manera incesante por los distintos niveles y organismos del Estado".

Agregaron que "se ignora la naturaleza de consumidores finales de los consorcios. No tienen fines de lucro y deben su existencia a la mera necesidad que tienen los vecinos de un mismo edificio de organizarse y convivir".

Reconocieron la tendencia y suscribieron las ventajas de la bancarización pero consideraron que el aumento de la presión impositiva y las regulaciones excesivas la desalientan y afirmaron: "La bancarización compulsiva tiene un impacto directo en los costos de las expensas que no baja del 3% y puede alcanzar el 6% y eso empuja a muchos pequeños edificios a manejarse en forma completa en la informalidad".

Explicaron que los consorcios utilizan efectivo con la misma lógica que lo utilizan los particulares: cuando por cualquier motivo les resulta conveniente o necesario y recordaron que según el artículo 124º de la Ley de Contrato de Trabajo el personal en relación de dependencia puede exigir el pago de su sueldo en efectivo.

Por otra parte reiteraron: "No dejamos de sorprendernos de la pasividad de los funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires que se treparon al mástil de la bandera de la "baja en las expensas" y de todos aquellos que aplaudieron la sanción de las modificaciones a la Ley 941 que son la puerta de entrada a más saqueo a los consorcios".

Sobre este último punto –la modificación a la Ley 941- las autoridades de CASIPH apuntaron directamente a la ley que habilitó al Ejecutivo porteño a obligar a los administradores a liquidar en las expensas de sus consorcios en una aplicación web llamada "Consorcio Participativo" que de esta forma concentraría en sus servidores los datos económicos, laborales y privados de los consorcios, los copropietarios y los inquilinos de la CABA ^[1].

CASIPH en su comunicado alertó que esta medida también atentará no sólo contra el derecho a la privacidad de los porteños sino también contra el valor de las expensas. "Consorcio Participativo es una trampa. Seguimos alertando de esto y oponiéndonos en defensa de los derechos a la privacidad, a la igualdad frente a la ley y a la protección de nuestras garantías", advirtieron las autoridades de la entidad y agregaron: "La gratuidad en economía no existe: las medidas que se van tomando aumentan las expensas en forma irrefutable y por eso seguimos diciendo #NoAConsorcioParticipativo"

Sobre la duplicación del vulgarmente llamado "impuesto al cheque", a modo de ejemplo, CASIPH señaló que "para comprar en efectivo la lavandina quien vive en consorcio paga 1,8% más sólo por el impuesto bancario".

Es de destacar que el impuesto a los créditos y débitos bancarios es de 0,6% tanto cuando se deposita como cuando se extrae dinero, con lo cual normalmente el Estado recauda un 1,2% del total de dinero que circula por la cuenta bancaria.

Al duplicar la tasa cuando se realiza una extracción en efectivo esa tasa del 0,6% sube al 1,2% que se suma al 0,6% que se aplicó cuando se realizó el deposito, esto finalmente suma un 1,8% al que hace referencia las autoridades de CASIPH.

La duplicación de este gravamen fue impuesto por el artículo 45º de la mencionada Ley 27.541 que -incorporando un segundo párrafo al artículo 1° de la ley 25.413/2001 (Ley de Competitividad)- estableció: "Cuando se lleven a cabo extracciones en efectivo, bajo cualquier forma, los débitos efectuados en las cuentas mencionadas en dicho inciso, estarán sujetos al doble de la tasa vigente para cada caso, sobre el monto de los mismos", y agregó: "Lo dispuesto en este párrafo no resultará de aplicación a las cuentas cuyos titulares sean personas humanas o personas jurídicas que revistan y acrediten la condición de Micro y Pequeñas Empresas".

Lamentablemente los consorcios son personas jurídicas pero no cumplen con los requisitos necesarios para ser considerados una PyME por la AFIP en los términos del artículo 2° de la Ley 24.467

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Denuncias, disposiciones y publicaciones

[BPN-14/02/20] El pasado 10 de febrero, Pequeñas Noticias solicitó a la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor (DGDyPC) porteño que explique por qué razón en el 2018 hubo una diferencia tan marcada entre la cantidad de disposiciones sancionatorias contra los administradores y su correspondiente publicación en el Boletín Oficial. La solicitud de información pública (Ley 104) fue aceptada al día siguiente y se le informó que la respuesta se producirá en 15 días hábiles.

Textualmente el medio preguntó: "Informe (de acuerdo a los datos provistos por Uds.) cuáles son las razones por las cuales del total de disposiciones sancionatorias realizadas contra administradores por infracciones a la Ley 941 en 2018 sólo una pequeña cantidad se publicó en el Boletín Oficial".

Es de recordar que en 2018 se realizaron 1.314 denuncias contra administradores por infracción a la Ley 941, se firmaron–según datos oficiales- 478 disposiciones sancionatorias pero sólo se publicaron en el Boletín Oficial 95 al día de hoy ^[1].

Se destaca que cada disposición, en su artículo de forma ordena: "Para su notificación y demás efectos, pasen los actuados a la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos, Judiciales e Institucionales. Oportunamente, publíquese en el Boletín Oficial".

En porcentajes sólo el 36,38% de las denuncias que se realizaron durante el 2018 prosperaron en una sanción pero de este último total sólo el 19,87% se formalizó con su publicación en el Boletín Oficial. En resumidas cuentas, sólo el 7,23% de cada denuncia se concretó en una multa correctamente formalizada.

Por último en 2014, bajo la gestión de Edgardo Aoun entre la firma de una disposición y hasta su publicación en el Boletín Oficial transcurría en promedio 4 meses y 6 días. En 2019 ese número subió a un año, 4 meses y 22 días.

En el seno de la comunidad consorcial se especuló que las sanciones son recurridas masivamente a la justicia, que la demora era administrativa y los expedientes no se enviaban al Boletín Oficial para su publicación, que el Boletín Oficial recibía las disposiciones pero se demoraba en su publicación, entre otras muchas.

Es de esperar que en 15 días las respuestas de Defensa y Protección del Consumidor porteño hagan luz sobre un tema que hasta ahora nunca tuvo las explicaciones claras que los consorcistas se merecen

Este mes el incremento interanual superó al IPC en casi 10 puntos

[BPN-14/02/20] Si bien en febrero el incremento mensual de las escalas salariales de los encargados de edificios ^[1] fue de 0,55 puntos por debajo del IPC (Índice de Precios al Consumidor) que mide el INDEC, el acumulado anual favoreció en más de cinco puntos los ingresos de los trabajadores (5,19) y el incremento interanual en casi 10 (9,98).

Tal cual habíamos adelantado, los haberes mínimos de los jubilados –luego del bono de cinco mil pesos de diciembre y enero- volvió a los valores de diciembre del año pasado. En febrero sus ingresos se redujeron en un 53,71% mientras que el incremento interanual de sus haberes descendió al 51,12%.

Al momento de la redacción de esta nota, el INDEC estableció la inflación de enero en un 2,3% mientras que el Banco Central de la República Argentina estimó la inflación de febrero en un 3%.

En febrero el acumulado anual será de 5,37% y el aumento de precios interanual descenderá a 51,90%.

Los jubilados que cobran el haber mínimo y pagan expensas, en febrero volverán a cobrar los 14.067,93 pesos que fue el monto que cobraron en diciembre ante de los bonos de 5 mil pesos de diciembre y enero.

De esta forma, el incremento interanual descendió de 104,83% en enero a un exiguo 51,12% en febrero y el incremento acumulado anual fue negativo: -53,71%.

De la mano del incremento salarial de mil pesos que otorgó el Decreto 14/2020 durante febrero, el aumento mensual de las escalas salariales de los encargados de edificios fue de 2,45%.

Teniendo en cuenta que la inflación de febrero sería de un 3% las escalas salariales se depreciaron 0,55 puntos porcentuales.

Mientras que en enero el promedio de las escalas salariales fue de 40.866 pesos mensuales en febrero fue de 41.866 pesos.

En lo que va del año, las escalas salariales del sector sufrieron un aumento de 10,56%.

En diciembre de 2019 el promedio de las escalas salariales fue de 37.866 pesos mensuales mientras que en febrero de este año fue de 41.866 pesos.

Desde febrero de 2019 hasta febrero de 2020 las escalas salariales crecieron un 61,83%.

En febrero del año pasado el promedio de las escalas salariales fue de 25.870 pesos mensuales mientras que en febrero de este año fue de 41.866 pesos

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[1] Para comparar escalas salariales del sector se promediaron las funciones de encargado permanente con y sin vivienda en sus cuatro categorías de cada mes. En octubre y noviembre se sumó los 2.500 pesos otorgados por el Decreto 665/19. No se tomaron en cuenta la financiación en agosto y septiembre de dos mil pesos de los aportes de los trabajadores cuyo bruto haya sido inferior a los 60 mil pesos que otorgó el Gobierno nacional mediante el Decreto 561/2019. Se sumó el incremento salarial que otorgó el Poder Ejecutivo mediante el Decreto 14/2020 de tres mil pesos para enero y mil pesos más para febrero.

La basura se sacará de 19 a 21 hs. ¿todos los días?

[BPN-14/02/20] El pasado 31 de enero la ministra de Espacio Público e Higiene Urbana (EPeHU) porteña dispuso que la disposición de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) húmedos -o sea la basura común- se debe disponer para su recolección de 19 a 21 hs.

Como la disposición no menciona días se supone que se podrán disponer todos los días de la semana. Es de recordar que la derogada ley 662 establecía días y horarios para la disposición de los residuos pero la resolución del Ejecutivo sólo menciona horarios.

Era común que los consorcios paguen horas extras a los encargados de edificios para que pudieran disponer los residuos del consorcio en el horario de 20 a 21 hs. como se venía haciendo. Al ampliarse en una hora y poder disponerlos a partir de las 19 hs. es de presumir que harán falta menos horas extras para esa tarea.

Los nuevos horarios fueron dispuestos por la ministra de EPeHU, Clara Muzzio, mediante la Resolución 91 y que fue publicada en el Boletín Oficial el 4 de febrero.

El artículo 21º de la Ley 1.854 es más conciso: "Se entiende por residuos sólidos urbanos húmedos a todo aquel material que no sea derivado a los centros de selección, básicamente orgánicos biodegradables". El Gobierno de la CABA amplía: "Los residuos húmedos, también conocidos como basura, son todos aquellos que no entren en las siguientes categorías: secos, voluminosos, áridos, restos de poda y aquellos sujetos a tratamiento especial.

El 6 de noviembre Mercedes de las Casas (Vamos Juntos) ingresó en la Legislatura porteña un proyecto que en primer lugar derogó la Ley 662 (Servicio de recolección domiciliaria) de 2001 y en segundo término puso en cabeza del Poder Ejecutivo porteño el reglamentar las modalidades frecuencias y horarios de la disposición inicial de los residuos hogareños.

El 5 de diciembre, la Legislatura porteña la aprobó ^[1].

El 9 de enero, el Poder Ejecutivo local la promulgó ^[2]

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[1] BPN Nº 670 del 15/12/19: "Se ampliaría a dos horas el horario para sacar la basura".

Santa María prohibió mencionar a Juan Sasturain

[BPN-14/02/20] El pasado 16 de enero, la asamblea de trabajadores de Página/12 repudió en forma unánime la orden recibida de no informar sobre la designación de Juan Sasturain como director de la Biblioteca Nacional y de no publicar su nombre en posteriores noticias sobre esa entidad. En esa misma oportunidad se decidió ese repudio por medio de una carta formal al dueño del diario, Víctor Santa María, titular del PJ Capital y el Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (SUTERH) y al equipo de dirección del medio.

Así lo informaron ese día mediante su cuenta en Facebook ^[2] y su blog Trabajadores de Página/12 [3]. Ese mismo día se hizo eco del reclamo de los trabajadores de Página/12, SiPreBA (Sindicato de Prensa de Buenos Aires) ^[4].

Según Tiempo Argentino las causas políticas de esta decisión es desconocida aún para los trabajadores del medio ^[1]. La redacción de Pequeñas Noticias preguntó a los delegados de Página/12 sobre el tema y especularon que se trata de un conflicto personal de vieja data que no justificaría una medida de tal envergadura.

Este conflicto se suma a los ya recurrentes que viene sosteniendo el Grupo Octubre con sus empleados y colaboradores de su matutino: En el terreno gremial, los trabajadores del medio terminarán de cobrar los aumentos salariales de 2018 y 2019 en febrero y mayo de este año con la consecuente pérdida de su valor adquisitivo. La mitad del personal que cobra los salarios más bajos recibirá sus aumentos en seis cuotas mientras que el resto en ocho ^[5].

Ya el 30 de junio del año pasado los trabajadores habían denunciado que el 51,13% de los trabajadores de Página/12 "no tienen garantías de estabilidad ni derechos básicos", el 96,24% está poco satisfecho o nada satisfecho con su retribución económica, el 68,4% de los encuestados tiene otro trabajo además de su jornada en el diario y para el 83,5% la llegada del Grupo Octubre a la conducción del diario no implicó ascender ni cambiar de puesto ^[6].

Es de recordar el 7 de octubre del año pasado el periodista Horacio Verbitsky desmintió que debió retirarse de Página/12 por cualquier otra razón que no fuera la censura que le impuso Víctor Santa María por notas que produjo relacionadas con el blanqueo a familiares del por entonces presidente Mauricio Macri ^[7].

En ese momento, también develó una censura anterior a su propio caso. Según relató en 2017 se habría producido contra Cristina Fernández de Kirchner. En sus palabras: "El director de Página/12, Ernesto Tiffenberg, me dijo que Santa María estaba muy asustado por una causa que tenía el doctor Glock (de esta forma se refiere el periodista a Claudio Bonadio) y que había un acuerdo por el cual podían publicar noticias sobre él, pero sin títulos ni fotos. Revisen la colección del diario en 2017 y van a comprobar la veracidad de lo que estoy diciendo", y agregó: "Por entonces, tampoco publicaban fotos de Cristina Kirchner, salvo muy pequeñas, en algunas ocasiones excepcionales, como la visita de Dilma Rousseff, que les interesaba a ellos"

Por otra parte en septiembre de 2019, Pequeñas Noticias preguntó a algunos de los delegados de la Comisión Interna si existía censura en el medio como denunció Horacio Verbitsky el pasado 16 de junio explicando los motivos de su renuncia. Si bien respondieron que "es lo usual en empresas de comunicación de este tipo" cuando se les observó puntualmente que no se publicaban notas serias de investigación sobre corrupción en la CABA respondieron que en la redacción corría el rumor que había un pacto entre el jefe de Gobierno porteño y el titular del sindicato de los encargados pero que no podían aportar pruebas [8].

En el marco de la producción de la nota actual, Pequeñas Noticias volvió a preguntar sobre la sensación que existe de que Horacio Rodríguez Larreta cuenta con cierto blindaje mediático dentro de Página/12 y se le respondió que ni más ni menos que en el resto de los medios nacionales. Es de suponer que esta política de comunicación que pondría a Página/12 en pie de igualdad con Clarín y La Nación debe decepcionar al histórico lector progresista del medio

Vilma Bouza fue refrendada en su cargo

[BPN-14/02/20] El pasado 17 de enero, Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno porteño y Felipe Miguel, jefe de Gabinete de Ministros del GCABA, refrendaron la designación de Vilma Cecilia Bouza como directora general de la Dirección General Defensa y Protección al Consumidor (DGDyPC). Así los ordenaron mediante el Decreto 57/2020 publicado en el Boletín Oficial del 21 de enero. La DGDyPC depende de la Subsecretaría Servicio al Ciudadano, de la Secretaría Atención Ciudadana y Gestión Comunal, cuyo titular es Facundo Carrillo.

Bouza entró así en el quinto año al frente de esa repartición. Había sido nombrada en ese cargo por primera vez mediante el Decreto 83 (BO: 21/01/2016). Ella reemplazó en el cargo al comisario general Edgardo Aoun quien a fines de 2015 había sido nombrado en principio director de "Crimen Organizado" de la Agencia Federal de Investigaciones (exSIDE) ^[1] aunque durante el segundo semestre de ese año fue trasladado a otra sección: "Avanzada Presidencial" ^[2].

Durante el período auditado, la coordinadora del Registro Público de Administradores era Gabriela Pilar Saldivia, exadministradora, excandidata a la presidencia de la CAPHyAI (Cámara Argentina de Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias) y hoy secretaria general del Sindicato de Empleados de Administradoras de la RA (SEARA). Saldivia había sido nombrada en ese puesto el 8 de septiembre de 2009 mediante el Decreto 801/09 firmado por Mauricio Macri y renunció el 16 de febrero de 2017.

En 2016 la Auditoría General de la CABA (AGCBA) realizó una auditoría a la DGDyPC y durante el 13 de marzo de 2019 emitió un informe en el que señaló que resolvió sólo el 10% de las denuncias que ingresaron ese año, observó inconsistencias en el registro de cantidad de denuncias y su clasificación por subrubros y advirtió que tiene escasez de personal en dos áreas claves: faltan abogados e inspectores ^[3].

Es de resaltar que en 2016 Bouza sancionó -y se publicaron en el Boletín Oficial- sólo a 30 administradores, en 2017 ese número subió a 161, en 2018 bajó a 95 y en 2019 fueron 71 mandatarios multados. Estos son números exiguos si se tiene en cuenta que Defensa del Consumidor informa año tras año miles de denuncias contra administradores y cientos de disposiciones sancionatorias. Desde que asumió Bouza sólo se publicaron en el Boletín Oficial sanciones contra 357 administradores aunque durante sus primeros cuatro año recibió 5.570 denuncias.

A modo de ejemplo es de recordar que, a lo largo de diferentes pedidos de información pública, la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor informó que durante el 2016 se habían sancionado 62 administradores y que se encontraban en trámite otros 370 expedientes con imputaciones ya notificadas. Poco después aclaró que de esas 62 sanciones sólo 21 quedaron firmes. Sin embargo, a mediados de julio de ese año sólo 11 se concretaron mediante su publicación en el Boletín Oficial ^[4].

Más cercano en el tiempo, durante el año 2018, los consorcistas porteños presentaron 1.314 denuncias contra administradores de consorcios ante la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor de la CABA. Prosperaron sólo el 36% de esas denuncias, o sea que de esas denuncias se firmaron 478 disposiciones sancionatorias. Sin embargo -ya a mediados de 2019- de esas sanciones firmadas sólo se publicaron 15 (3,14%) en el Boletín Oficial. En resumen, de cada 1.000 denuncias sólo se sancionan 11,4 administradores ^[5]

Estimado director de Pequeñas Noticias:

¡¡¡Otra vez aumentan las expensas!!! ¡¡¡¿Por qué Larreta promocionó el plan de "Bajar las expensas" si finalmente me las sube un 75%?!!! Se habrá dado cuenta usted que no estoy contento con lo que pasa en los consorcios pero le explicaré lo inexplicable.

Los edificios de la CABA que tienen ascensor pagan anualmente un impuesto (tasa) municipal por sus equipos. ¿Cuál es el valor vigente? 1.575 pesos por ascensor. ¿Cuánto era el año pasado? 900 pesos. Es decir, aumentó un 75 por ciento.

El monto de ése impuesto se origina en la Ley Tarifaria que fue votada por los diputados porteños a fin del año pasado, a propuesta del Ejecutivo.

El impuesto se genera cuando el administrador registra el elevador en la sección Ascensores Registrados del sitio web del Gobierno de la CABA y esos datos son validados por el conservador del ascensor. Luego del pago, se habilita la impresión de la tarjeta con el código QR por cada máquina. ¿Para qué sirve el QR? Con un celular, y bajando la aplicación (app) lectora, se podrá saber quién es el conservador y en qué estado se encuentra el ascensor. Cualquier otro detalle de conservación del equipo se tendrá que recurrir al libro manual o al digital.

Pero no termina aquí. ¡¡¡¿Por qué sigue aumentando el impuesto -y encima más que la inflación- para mantener una plataforma digital que está recontra amortizada...?!!!

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